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Interinos durante una de sus protestas. / El Correo
La Consejería de Educación ha aceptado de manera cautelar las alegaciones que presentaron un numeroso colectivo de aspirantes e interinos del Cuerpo de Maestros y Profesores de Música y Artes Escénicas que quedaron fuera del proceso de las oposiciones que comenzará el 24 de junio. Se trata de un grupo de personas, más de 300 según la portavoz de los afectados, Abigail Gutiérrez, que no aparecen ni en las listas de admitidos ni en las de excluidos. Todas cumplimentaron su solicitud a través de @ries, el sistema que la Consejería dedica a la teletramitación, y pagaron las tasas. La Consejería les comunicó, sin embargo, que no habían finalizado el proceso de matriculación, de ahí su ausencia de las listas. Ahora, la decisión de la administración les permitirá acudir al acto de presentación y realizar al primer examen el 25 de junio. A partir de ahí, vuelven las dudas.
Por un lado, la propia Junta puntualiza, según ha comunicado a los sindicatos del sector, que «en tanto en cuanto la Consejería resuelva individualmente su definitiva admisión o exclusión del proceso, basándose en los informes técnicos correspondientes, este personal figurará cautelarmente en un listado que se publicará próximamente, pudiendo presentarse a la primera prueba de la oposición», en palabras de Anpe Andalucía. Es decir, que examinará las solicitudes una por una, lo que no despeja la incertidumbre de este grupo, algunos interinos con más de 20 años de tiempo de servicios que, si resultan excluidos, desaparecerán de las listas de interinos y no trabajarán el curso próximo.
Por otro lado, su inclusión abre la puerta a una posible impugnación por parte del resto de opositores.
Abigail Gutiérrez, representante del colectivo, explica que la decisión de la Junta supone para ellos que «la agonía se alarga: vas a presentarte a un examen sin saber qué va a pasar. Es muy sesgado, porque vamos a ir al proceso con más presión que el resto y señalados». Insiste sobre esta cuestión al cuestionarse si irán «marcados con una cruz». En consecuencia, opina que se trata de «una medida para callar bocas y alertar al resto de opositores. No sé hasta qué punto nos favorece».
Acaba la portavoz de los afectados con un lamento, porque, si hasta ahora tenían como fecha tope para conocer la resolución definitiva el 12 de junio, «ahora a lo mejor lo sabemos en julio. Es una forma muy burda de hacer las cosas, sin mirar las personas. Es alargar la agonía», reitera.
El colectivo manifestó en su alegación que «la plataforma nos generó una serie de problemas que no ha permitido la teletramitación adecuadamente». Y detalló: «Hemos realizado la tramitación de la solicitud acogiéndonos al Decreto 183/2003, de 24 de junio, por el que se regula la información y atención al ciudadano y la tramitación de procedimientos administrativos por medios electrónicos. Seguimos el procedimiento electrónico con certificado digital o D.I.P.A, que nos permitía cumplimentar el proceso, incluido el pago electrónico, siguiendo los pasos que la plataforma nos indicaba, tal como se especifica en las instrucciones».
Estaban «plenamente confiados en que el proceso se había realizado correctamente, puesto que el sistema nos llevó a la plataforma de pago electrónico generándonos dos impresos modelo 046, Anexo I y III en versión pdf y con el mismo número de registro, sin solicitarnos en ningún caso ejecutar otra acción». «Si no se realizó el procedimiento de forma adecuada, es un error técnico o de falta de claridad del sistema», afirman.