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El alcalde de Sevilla, Juan Espadas, durante el pleno que aprobó las ordenanzas fiscales del año 2016. / José Luis Montero
Salvo pequeñas modificaciones, las ordenanzas fiscales para 2017 serán idénticas a las actuales. El Ayuntamiento ha presentado un documento en el que apuesta por el continuismo de su política impositiva y en el que anuncia también la congelación para el próximo año de todos los impuestos y tasas municipales.
El objetivo que persigue el Consistorio es que las pequeñas empresas y los hogares no vean incrementadas su presión fiscal. De modo que seguirán pagando la misma cantidad que en 2015 y 2016. Una idea que concuerda con la apuesta por un modelo de políticas sociales, sostenida en el pago progresivo de tasas y el fomento del empleo, exigidas por IU y Participa dentro del pacto de investidura.
Pero la decisión es, fundamentalmente, una cuestión de números. El Ayuntamiento presume de que las actuales ordenanzas han servido para garantizar una suficiencia financiera de 64,5 millones de euros, lo que ha evitado tener que recurrir en los últimos dos años a la fórmula del endeudamiento. A todo ello se suma que en lo que va de 2016, y según los datos del propio gobierno municipal, se ha garantizado la ejecución de un 85 por ciento del presupuesto de ingresos.
Lo que sí ha condicionado la política fiscal del próximo año ha sido «la incertidumbre e inestabilidad» en el Gobierno central. La falta de un ejecutivo nacional hace que se desconozca el importe de la Participación en los Ingresos del Estado (PIE) o cuál será su liquidación correspondiente al año 2015 que, en caso de ser negativa, condicionaría el nivel de gastos del presupuesto del próximo año. También se desconoce la norma de techo de gasto y los resultados del proceso de regularización catastral iniciado en enero. Aspectos claves para configurar la política fiscal de cualquier Ayuntamiento y que paraliza para este año, entre otros, la rebaja del IBI pactada con Ciudadanos, con quien sí se mantiene el compromiso de bajarlo un 10 por ciento antes de que acabe el mandato.
Para el Consistorio, todos estos condicionantes recomiendan no modificar la previsión de ingresos de impuestos y tasas. Una postura que aseguran que es la misma que se está siguiendo en el resto de grandes ciudades españolas, especialmente en el caso del pago del IBI, ante la ausencia de datos concretos sobre la PIE y el futuro techo de gasto.
Pero la política fiscal sí incorporará algunas variaciones «leves». Se modificarán las ordenanzas de la zona azul, la del cementerio y la de medidas sociales y fomento del empleo. Habrá también ajustes en la de Urbanismo, en el IMD y en el precio del billete sencillo de Tussam. Propuestas que se someterán a la aprobación del pleno y en las que se incluirá, con el visto bueno del patronato, la revisión de precios de acceso al Alcázar.
Asimismo, las ordenanzas incorporan el cumplimiento de otros acuerdos como la reducción del impuesto de plusvalías o medidas para el fomento de la construcción de vivienda pública.