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36.5 millones ha ordenado el juzgado que se pague a Sacyr por incumplimientos con las Setas. / El Correo
Pregunta para un aspirante a alcalde, de los veinte que hay ahora mismo en Sevilla: ¿qué trae más cuenta, gastar a troche y moche y el que venga detrás que arree o, al contrario, ser una hormiguita sacrificada a la austeridad para que al final lleguen los juzgados con una riada de millones a deber y le arruinen a uno el presupuesto? No es ninguna broma. Tras la bofetada judicial de esta semana al Ayuntamiento, condenado a pagarle 36,5 millones de euros a Sacyr, la concesionaria de las Setas de la Encarnación, por incumplimiento de contrato (se entiende que el gobierno local va a recurrir), conviene recordar que todavía hay en el aire otro posible mordisco a las arcas municipales si el juez da la razón a Detea (la empresa que compró las sedes policiales de la Cartuja en desuso y las recibió tarde y hechas una ruina) y resulta que hay que indemnizarla con 22 millones de euros.
Estas cantidades, para el Ayuntamiento de Sevilla, son absolutamente astronómicas por dos razones: la primera se deduce de lo que ha sido el leitmotiv del gobierno del popular Juan Ignacio Zoido durante estos cuatro años: esa austeridad de hormiguita que ha permitido al consistorio hispalense levantar cabeza tras los años de gestión del socialista Sánchez Monteseirín, que la derecha siempre ha considerado, más que dispendiosos, directamente ruinosos, y así lo ha proclamado siempre que ha tenido ocasión (en especial, durante la presentación de sus presupuestos anuales). La segunda razón por la que estas cantidades suponen un auténtico trauma para las cuentas locales estriba en la cuantía de las mismas: el dinero destinado este año a inversiones reales alcanza la cifra de 19,9 millones de euros, poco más de la mitad de lo que hay que pagarle a Sacyr. Habrá que buscar partidas para componer la cuantía total y aprobar la pertinente modificación presupuestaria en un pleno extraordinario que será, sin la menor duda, calentito.
Ante esto, las palabras más veces pronunciadas por el equipo de gobierno de Zoido (saneamiento, ahorro, racionalización, ajuste, control) saltan hechas añicos. Y no termina ahí la relación de posibles gastos por pleitos: el caso de la protesta vecinal contra las cocheras del tranvía todavía está por ver cómo acaba, pero como los tribunales digan que hay que llevárselas de su ubicación actual junto a Diego de Riaño y ponerlas en otro sitio, el desembolso resultante, aún sin cuantificar, sería muy serio. Ya es curioso que en febrero pasado, cuando este tema de las cocheras volvió a salir a la palestra por la decisión municipal de dar carpetazo al asunto vía sesión plenaria, el alcalde Zoido comentara que «son coletazos que quedan de una etapa, consecuencia del pasado». Visto lo visto, los coletazos parecen de Godzilla.
En estado ruinoso
En el caso de los edificios de la Cartuja que habían sido sede de la Policía Local, la empresa Detea los compró en un lote sacado a concurso en 2006 por la cantidad de 23,6 millones, y el acuerdo contemplaba que el Ayuntamiento seguiría haciendo uso de los tres inmuebles durante un máximo de dos años más, tras los cuales los entregaría a su nueva dueña. En caso de haber retraso, el contrato preveía una indemnización mensual de entre 10.000 y 13.300 euros por edificio. El problema es que estos se entregaron dos años y medio después de lo establecido, aparte de desvalijados por los vándalos.
En cuanto a las Setas de la Encarnación, esta semana se ha dado buena cuenta del caso en estas páginas: la empresa Sacyr considera que los incumplimientos del Ayuntamiento en el contrato de concesión de la gestión le han causado serios perjuicios económicos, y el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 5 le ha dado la razón, fijando la reparación en 36,5 millones de euros.