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Sacyr, la empresa que gestiona la Setas, instaló las videocámaras antes de su inauguración. / J.M. Espino
La plaza de la Encarnación tiene cámaras instaladas en las Setas con las que se pretendía controlar y vigilar todo lo que aconteciera en esta plaza del centro de Sevilla. Sin embargo, nunca han funcionado. Por esto el Ayuntamiento ha iniciado los trámites para activar siete y, con ellas, tener un elemento más de vigilancia y seguridad en una zona en la que se concentran muchas personas. Y no sólo en Semana Santa.
La semana pasada técnicos del Ayuntamiento, de la Subdelegación del Gobierno en Sevilla y de Sacyr se reunieron para dar el primer paso y abrir el procedimiento administrativo para legalizar el uso de estas cámaras de videovigilancia. El proceso no es fácil, pero fuentes municipales aseguraron a este periódico que la legalización y activación de estos dispositivos podría tardar «un par de meses».
En primer lugar, la empresa Sacyr, que explota las Setas de Sevilla, tiene que ceder al Ayuntamiento su uso para que la Policía Local pueda disponer de ellas. Después, la Subdelegación del Gobierno en Sevilla debe dar su visto bueno y, con el proyecto municipal en mano, tramitarlo ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es quien debe dar el sí definitivo al proyecto. Así se legalizaría su utilización y tanto la Policía Local como la Nacional podrían hacer uso de estas siete cámaras de videovigilancia.
En teoría, una vez que se solicita la colocación a la Subdelegación del Gobierno en la provincia –en este caso ya están instaladas desde 2011–, este organismo debe remitir a la comisión de garantías de videovigilancia del TSJA –que preside el presidente del Alto Tribunal– la solicitud para que, en el plazo máximo de un mes, emita un informe sobre la petición.
Según las fuentes municipales consultadas, la propuesta de Sacyr llegó al Ayuntamiento antes de los últimos atentados yihadistas en Cataluña, si bien tras estos sucesos se aceleraron los trámites y los contactos entre las partes implicadas.
El Gobierno de Juan Espadas justifica esta media en el hecho de que esta plaza, la de las Setas de la Encarnación, es un punto de concentración de mucho público, tanto de turistas como de residentes, y con estas cámaras se contaría «con un recurso técnico» para asegurar la seguridad en la zona.
Eso sí, para que esto ocurra, el Ayuntamiento debe lograr la legalización de esta videovigilancia. Hay que recordar que el artículo 4 de la ley 4/1997 regula la utilización de videocámaras en lugares públicos y para autorizar la instalación «se tendrán en cuenta, conforme al principio de proporcionalidad, los siguientes criterios: asegurar la protección de los edificios e instalaciones públicas y de sus accesos; salvaguardar las instalaciones útiles para la defensa nacional; constatar infracciones a la seguridad ciudadana, y prevenir la causación de daños a las personas y bienes».
Por ahora, en la ciudad de Sevilla sólo existe una zona controlada por cámaras, la que se localiza alrededor del propio Ayuntamiento. Un área que está señalizada, como marca la normativa, para que los ciudadanos sepan que están siendo grabados por cámaras. Eso mismo sucederá en la Encarnación, donde el Consistorio tendrá que avisar a los ciudadanos de la presencia de estos dispositivos de grabación.
Esta medida se enmarca dentro de la batería de iniciativas que el Consistorio está poniendo en marcha para reforzar la seguridad en el centro.
SE INSTALARON SIN PERMISO E IU FRENÓ SU UTILIZACIÓN
La empresa Sacyr instaló las cámaras de videovigilancia en el entonces Metropol Parasol de la Encarnación en 2011, antes de su inauguración, pero lo hizo sin solicitar la autorización y el preceptivo informe que debe realizar la comisión de garantías de viodeovigilancia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), pese a que estas cámaras grababan tanto el espacio público como varias calles próximas.
Las videocámaras fueron instaladas en la semana previa a la Semana Santa y se giraron hacia dentro del complejo el 15 de abril, el mismo día en el que el entonces candidato de IU a la Alcaldía, Antonio Rodrigo Torrijos, exigió la retirada de estos dispositivos porque entendía que el proyecto podría vulnerar la legalidad, puesto que ni siquiera se había señalizado la presencia de las cámaras de videovigilancia, como exige la ley.
El entonces alcaldable de IU cuestionó quién o quiénes serían las empresas o personas encargadas de custodiar estas imágenes y qué usos pensaban darle a esos datos. Además, las grabaciones iban a ser controladas por el jefe de mantenimiento del Metropol y una empresa de seguridad privada, cuando la normativa exige que las imágenes de la vía pública deben estar en manos de las Fuerzas de Seguridad del Estado.
Lo cierto es que ni siquiera se pudieron poner en marcha cuando el movimiento del 15M tomó la plaza de la Encarnación como cuartel general, a pesar de que la propuesta de Sacyr contó con el beneplácito de comerciantes y vecinos.