El Ayuntamiento llevará a Protección de Datos el caso de las cámaras ilegales en la Policía Local

El caso de la colocación ilegal de cámaras de vigilancia en la jefatura de La Ranilla en la que se grabaron a conductores realizando controles de alcoholemia va a acabar en manos de la Agencia de Protección de Datos. Esta es la recomendación que realizan los servicios jurídicos municipales que descartan que estos hechos puedan ser considerados delictivos y, por tanto, trasladados a la Fiscalía o a los juzgados.

Las conclusiones de dicho informe, a las que tuvo acceso este periódico, señala que «los hechos descritos no resultan encuadrables en ninguno de los tipos previstos en el Código Penal y las responsabilidades de los recurrentes son de naturaleza estrictamente administrativa».

Por tanto, la recomendación de los letrados es que «procede elevar todo lo actuado a la Agencia Española de Protección de Datos y formular consulta» sobre si en este caso es de aplicación las leyes al respecto. En este caso, el Ayuntamiento solicita a este organismo que «se incoe el correspondiente procedimiento para depurar las responsabilidades a que hubiera lugar».

Según el informe, en la jefatura «se instalaron cámaras de grabación sin conocimiento de los responsables de la Corporación municipal ni autorización alguna en las dependencias de la Policía Local donde se practican las pruebas de alcoholemia, las cuales efectivamente grabaron las pruebas efectuadas desde el 14 de diciembre de 2015 hasta el día 26 de enero, día en que se desmantela el sistema y se precintan los discos duros».