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El alcalde, Juan Espadas, y el resto de miembros de la bancada socialista, minutos antes de que diera comienzo el último pleno del curso. / Fotos: Pepo Herrera
Una aprobación con matices. O más bien un sí condicionado al futuro plan de movilidad de la zona. El pleno municipal dio ayer su visto bueno al proyecto del nuevo centro comercial de Palmas Altas –según sus promotores, el más grande de la ciudad–, aprobando el estudio de detalle del edificio. PSOE y PP hicieron valer su mayoría de 23 concejales para lograr sacar adelante un asunto que, aunque a priori parecía irrelevante, acabó por enfrascarse en un intenso debate sobre el modelo productivo por el que debería apostar la ciudad y, lo más importante, la ausencia de una planificación frente al aumento de la intensidad de tráfico que provocará la apertura de esta nueva superficie.
Pero el problema que generó este cruce de declaraciones fue más de fondo que de forma. Los munícipes aprovecharon que el futuro de Palmas Altas estaba sobre la mesa para apelar a una serie de temas genéricos que obviaban el motivo real de la votación: refrendar el estudio de detalle presentado por los promotores en el que se recogían las características del edificio. Nada más. Eso fue lo que intentó aclarar al resto el portavoz del grupo socialista, Antonio Muñoz. «No me arreglen ustedes el mundo que estamos hablando de la parcela hacia adentro», explicó. Aunque el resto de los portavoces, haciendo oídos sordos, seguían a lo suyo. «Tristemente seguimos instalados en un modelo de ciudad de escaparate, de parque de atracciones», advirtió Daniel González Rojas (IU). La de Participa, Susana Serrano, tampoco se quedó atrás. «Podríamos tener un caso como el del Algarrobico en Palmas Altas».
Al margen de estas valoraciones, lo cierto es que el pleno acabó sacando adelante este punto que no hacía más que refrendar el modificado del estudio de detalle correspondiente a la parcela ZE N1 del SUNP-GU 1, Palmas Altas, promovido por la empresa Lar España Shopping Centres VIII para su proyecto de construcción del centro comercial en 2018. Una parcela de 123.400 metros cuadrados con una edificabilidad de 60.000, que tendrá una altura máxima de 6 plantas (28 metros), y que estará destinada a actividades productivas y comerciales y de ocio familiar. «Una inversión de 180 millones de euros para la ciudad», indicó Muñoz.
En ello insistieron también desde el PP. «Hoy concretamos la forma del edificio no el proyecto. Eso ya se aprobó en el PGOU de 2006», dijo su concejal Curro Pérez. Pero a pesar de lo que era «obvio» para socialistas y populares, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, volvió a poner en la primera línea de debate el asunto de la movilidad. «Aquí hay falta de información. Hay un informe del Ministerio de Fomento que dice que falta un estudio de tráfico y capacidad y otro de la Autoridad Portuaria que pone reparos porque puede influir en la capacidad efectiva y en la operatividad del Puerto». Algo que el gobierno no negó aunque insistiendo que no era el momento de tratarlo. «Sabemos que hay alegaciones de los vecinos y del Puerto, pero eso no es lo que toca ahora».
Será, como señaló el propio Muñoz, un asunto que deberá dirimirse en la propia Gerencia de Urbanismo que, con esta aprobación del pleno, tiene la potestad de conceder la licencia de obra a la promotora para que pueda comenzar a edificar el centro comercial. Un documento que «no será inminente» y que quedará a expensas, como señaló el también delegado de Hábitat Urbano, de que todos los informes concluyan la idioneidad del proyecto.
La Bachillera en 2017
A propuesta del grupo socialista, el pleno también refrendó la moción para aprobar de manera definitiva el Plan Especial de Reforma Interior AGI-02 La Bachillera. Un paso definitivo para iniciar la tramitación de la regularización de los suelos y las viviendas de las 350 familias de esta barriada del distrito Norte cuyos vecinos llevan varios años reclamando la normalización de su situación. Tal como confirmó el portavoz del PSOE, Antonio Muñoz, los presupuestos de 2017 ya incluirán algunas partidas para atajar el «déficit histórico» de este proyecto que incluye también la redacción de un plan de rehabilitación de inmuebles y el realojo de las familias.
Aunque el resto de grupos dieron su apoyo a la moción, por parte del PP se recordó que es un proyecto varado desde hace años cuando los vecinos presentaron 341 alegaciones al plan presentado por el gobierno de Monteseirín. Por su parte, los grupos de Participa e IU pidieron una radiografía concreta de la situación de cada vecino para que el proyecto se ajuste a las necesidades reales.
La concejal comunista, Eva Oliva, aprovechó también para criticar el «postureo» de Zoido que mantuvo «el engaño a los vecinos durante cuatro años». Ahora toca que el actual gobierno concrete una intervención que, de momento, carece de concrección en cuanto a plazos y presupuestos.