Locales con licencia de comercio menor que actúan como bares al caer la noche, peluquerías que ofrecen sus servicios de cortar y marcar sin disponer de toma de agua o panaderías en las que además se venden productos de droguería... Es la radiografía de una cuarta parte de los comercios que pueblan El Cerezo, un barrio del Distrito Macarena que es uno de los más comerciales de Sevilla al contar, según un censo realizado por los propios vecinos, con 162 establecimientos, de los que 42 son regentados por población extranjera.
Hasta la fecha, once comercios han sido denunciados por distintas irregularidades, como «falta de licencia, desarrollo de una actividad diferente a la autorizada, temas de salubridad, incumplimiento de horarios de cierre y de veladores...». Algunos requerimientos han sido presentados a la Delegación municipal de Medio Ambiente hace «dos, tres, cuatro y hasta siete años». La asociación de vecinos del Cerezo explica que «casi el 99 por ciento» son de propietarios extranjeros, lo que, al ocasionar estos locales problemas de ruidos o suciedad, está menoscabando una de las singularidades de la barriada: «la convivencia intercultural que siempre hemos tenido», especialmente desde que hace siete años fueron llegando residentes inmigrantes a la zona en busca de un futuro mejor. «Hemos llegado a tener 800, aunque actualmente son muchos menos, no llegan a 450 porque la crisis les ha obligado a marcharse a sus países», indica el presidente vecinal, Andrés Aranda, quien aclara que el problema no es cultural «sino de cumplir la ley» como el resto de negocios. Y es que la situación, agravada en los últimos cuatro años con el nuevo formato de declaración responsable y la falta de revisiones después de la apertura, está pasando factura al resto de comercios del barrio. «Hay una competencia desleal. Es una economía sumergida, pues al eludir las obligaciones de la ley, ponen unos precios que están hundiendo a muchos autónomos», añaden los vecinos, que recuerdan que «en los cuatro años del PP no se ha precintado ni un solo local. Bueno sí –matizan–, uno que duró 21 días y que le quitaron el precinto hasta en dos ocasiones».
Es por ello que desde la entidad vecinal se pide al nuevo gobierno mano dura contra estas irregularidades que han pasado ya a ser «un problema de convivencia». Aranda señaló que hace unas semanas insistió a la nueva delegada del distrito, Clara Macías, en buscar una solución. «Nos dijo que nos iba a facilitar una entrevista con la Delegación de Hábitat Urbano, donde ahora está Medio Ambiente; y que iban a ver cómo meterle mano a las inspecciones... pero, lo cierto, es que la situación está generando un montón de problemas y hay que actuar lo antes posible».
Los vecinos plantean que se refuercen las inspecciones y los controles, especialmente en los once establecimientos denunciados; así como actuar en los «pisos ocupados» por grupos de extranjeros que, pese a ser ya menos, son «otro foco» de conflicto en los bloques de pisos