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El impuesto de circulación subirá en 2018 para adaptarse a los precios de otras grandes capitales españolas. / Fotos: Manuel Gómez
El Consejo Económico y Social de Sevilla (CESS) considera que la rebaja del 3 por ciento en el IBI prevista en el borrador de las Ordenanzas Fiscales para el próximo año se produce «por razones políticas sin ninguna justificación jurídica ni económica» y va a ser «casi imperceptible» para los contribuyentes. Así lo asegura el dictamen de este consejo asesor que se presenta hoy y al que tuvo acceso este periódico.
El informe afirma que la medida –que solo implicará en la mayoría de los bolsillos de los sevillanos (75 por ciento) una reducción del recibo anual de entre 5 y 10 euros– «hará que el Ayuntamiento deje de percibir unos 3.600.000 euros». Un dato, que a juicio del CESS, «no es menor» y conlleva dos consecuencias «importantes». Por una parte «supondrá la reducción del límite de gasto» para el próximo año; y por otra avisa de que el Consistorio «pretende compensar en parte» esta bajada «con la subida de otros tributos» municipales, algo que, a juicio del CESS, es «injustificable». Y es que, según explica, en el caso del IBI se aplica en función de los metros cuadrados del inmueble, existen bonificaciones... y «hay progresividad»; mientras que las tasas son constantes e iguales para todos. Es decir, esto se va a traducir en «una mayor presión fiscal generalizada que no respeta los principios constitucionales».
El dictamen apunta que el IBI «es el principal recurso de la Hacienda local, responsable de casi la mitad de los recursos propios del Ayuntamiento». Por lo que cualquier alteración «lineal en el mismo tiene una incidencia general en el presupuesto municipal y en la totalidad de los contribuyentes».
Esta medida responde al acuerdo alcanzado entre el alcalde de Sevilla, Juan Espadas, con el grupo municipal Ciudadanos. Una modificación con la que el gobierno local se garantizaría en parte el respaldo de la formación naranja en los próximos presupuestos, como también recoge la CESS en su informe.
Además, recuerda que el IBI residencial en Sevilla en la actualidad resulta un 4’75 por ciento más barato que el del año 2011, y se sitúa «por debajo de la media de las grandes capitales de provincia».
En este contexto, el Consejo Económico y Social de Sevilla, insiste en que la rebaja, «casi imperceptible para los contribuyentes», supondrá un «deterioro de los ingresos». Una situación que provocará una «menor capacidad económica de gestión de los servicios públicos», razón por lo que no comparten esta bajada del IBI, «máxime cuando se hace a costa de subir otros tributos municipales».
Negativa subida del sellito
El dictamen del CESS tampoco ve respaldada la subida del impuesto de circulación, popularmente conocido como el sellito del coche. Un incremento generalizado que el dictamen estima que va del 1’8 por ciento al 8 por ciento, según la clasificación de los vehículos y cilindrada, algo que valoran como «negativo por no estar justificada», máxime si tenemos en cuenta que afectará a vehículos «que son herramientas de trabajo para muchos ciudadanos».
El CESS reitera que este es otro «importante recurso de la hacienda municipal, que desde 2012 a 2017 ha disminuido su recaudación en 2.886.211 euros» debido a la bajada de habitantes en el padrón municipal, y a la crisis económica, elementos que se han traducido en una reducción del parque móvil.
Respecto a las plusvalías, el CESS valora positivamente la adecuación de la ordenanza a lo que marca el Tribunal Constitucional y solicita que se realice un estudio sobre el impacto de la aplicación de oficio de la sentencia «para conocer qué consecuencias ecosnómicas podría tener para el Ayuntamiento».
«Respeto» municipal
El portavoz del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, aseguró que el gobierno municipal «respetará las valoraciones que el Consejo Economómico y Social pueda hacer y analizará las aportaciones» dentro del mismo «espíritu de consenso y diálogo que ha dirigido la propuesta.
Muñoz recordó que el borrador de Ordenanzas Fiscales están marcadas por la previsión de caída de más de 13 millones de los ingresos por el impuesto de plusvalías, a raíz de las últimas sentencias, la reducción de la recaudación por el IBI tras finalizar el proceso de regularización de 2017 y el previsible descenso de las transferencias del Estado. Por ello, entiende que es una propuesta «coherente, responsable, progresiva y que defienda los servicios públicos y el interés general».
Por su parte, el PP alertó del «duro varapalo» que supone el informe de la CESS y aseguró que «las irregularidades denunciadas» ya habían sido advertidas por este partido. En este contexto, Muñoz retó al PP a «que presente su ficticia propuesta de ordenanzas al CESS, que tendría que retirar inmediatamente después».