El debate sobre la conveniencia o no de aplicar una tasa turística en la capital hispalense es un tema recurrente en la agenda local desde que el delegado de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo, Antonio Muñoz, afirmó a comienzos del mandato socialista que era partidario de su implantación.
En este tiempo las posturas poco han variado. El gobierno local promueve este gravamen para que los visitantes «compensen» el gasto de los servicios públicos que hacen en la ciudad. En principio, el alcalde, Juan Espadas, defendía que la regulación de esta tasa debía partir de la administración autonómica. Sin embargo, hace un año aproximadamente, la Junta de Andalucía dejó a las claras que, aunque ve con buenos ojos que los ayuntamientos que así lo consideren la apliquen, no haría cambio alguno de la normativa. Esto solo dejaba una vía al regidor hispalense: la modificación de la ley de haciendas locales, y se encontraba con un problema llamado Montoro, y un punto a favor: la Federación de Municipios y Provincias a nivel estatal, que abogaba en un informe por la modificación de la legislación para que se abriera la puerta a los Consistorios a implantar la tasa turística. Es por eso por lo que el alcalde ayer defendió en la presentación de unas jornadas sobre el tema, impulsadas por CCOO en Marqués de Contadero, que lo pertinente es aplicar un «impuesto» (que regularía la ley estatal) y no una tasa (que lo haría posible una norma autonómica). Espadas, que ha mantenido contactos informales con la nueva ministra de Hacienda, argumentó que el cambio autonómico implicaría que fuera de obligado cobro en toda la comunidad, algo que, de hecho, no sucede en otras autonomías, como la catalana, donde ya se grava la tasa.
Más allá de que sea tasa o impuesto, el alcalde insistió en la necesidad de que Sevilla cuente con más recursos para la promoción, rehabilitación de patrimonio o la mejora de servicios municipales que podrían llegar con ese gravamen para paliar el «impacto» que los visitantes tienen en la capital hispalense. En concreto, Espadas calculó que el beneficio sería de entre 5 y 7 millones de euros a la luz de las cifras de pernoctaciones del pasado año y teniendo en mente que la propuesta del gobierno socialista local es la de implantar un euro por día a cada turista, como hace Lisboa.
Tanto el regidor local como Muñoz destacaron que la aplicación de esta tasa (o impuesto) en otras ciudades europeas se viene haciendo desde hace años con éxito y que su cobro no ha detraído visitantes a ninguna de ellas.
Además, el delegado de Turismo, consciente de las reticencias del sector hotelero, abrió la puerta a aplicar este impuesto (o tasa) no solo a quienes pasan noche en la ciudad, y que por lo tanto no sean únicamente los alojamientos los que tengan que cobrarla, sino también a quienes visitan Sevilla en cruceros o en excursiones de un día. «Soy consciente de la dificultad pues Sevilla no es una isla y se puede acceder por muchas vías, pero nuestro deseo es implantar un sistema fiable que grave al visitante». Es más, retomó la idea de poder financiar, con los beneficios que generase la posible tasa, al sector reglado, «que es el que hará el mayor esfuerzo», el cambio de sus sistemas o la actualización de sus webs.
Igualmente, Muñoz planteó la necesidad de modular el cobro de forma que se tenga en cuenta, por ejemplo, el número de pernoctaciones –hay ciudades que a partir de la tercera noche no cobran tasa–, el objeto del viaje y la aplicación de bonificaciones. Incluso puso sobre la mesa la idea de establecer una comisión mixta entre empresarios del sector y la administración para que exista «total transparencia» sobre el destino final de los beneficios que se generen.
Aliados y detractores
Del mismo lado que el gobierno municipal se encuentran, además IU, Participa Sevilla y Ciudadanos –cada uno con sus condicionantes–; los consumidores y los sindicatos, como CCOO, cuyo secretario general en Sevilla, Alfonso Vidán, recordó que el crecimiento exponencial del sector –53 por ciento en 10 años– no ha ido acompañado de una mejora en el empleo, por lo que consideró «imprescindible» crear una figura impositiva que repercuta en los turistas.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, insistió en que la regulación debe venir de la Junta de Andalucía y reclamó que se garantice que la recaudación se destina al patrimonio y no suceda como con los beneficios de las entradas del Alcázar, «que están por invertir». En el caso de Participa Sevilla, Susana Serrano, lamentó que no se hayan adoptado otras medidas para regular el turismo. Defiendió la implantación de la tasa y criticó que el alcalde ahora «ponga la pelota sobre el tejado del Gobierno Central». En este sentido, el portavoz de IU, Daniel González Rojas, apostó por «que se aplique, sea tasa o impuesto». Abogó por la progresividad, «para que pague más quien más tiene», y por que los beneficios sean para mejorar el empleo del sector.
En el lado opuesto se sitúan los hoteleros y el PP. El popular Rafael Belmonte consideró que puede ser «una carga» para los agentes del sector turístico, como es el caso de los hoteleros, pues «el impacto de un solo euro» pesa en «las contrataciones conjuntas o los paquetes vacacionales».