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Muñoz (Satse), Carrasco (SMA) y Marín (USAE), de izquierda a derecha, explican su visión del tema. / El Correo
El sector sanitario se siente «discriminado» y exige «la retirada» del documento titulado Sistema de seguimiento del cumplimiento de la jornada de trabajo del personal empleado público de la Junta de Andalucía, en el que se plasman las distintas fórmulas que se ofrecen a los funcionarios para cumplimentar las 37,5 horas de trabajo semanales, ya que en el mismo no se les da las mismas opciones que a la administración general y al sector instrumental. Así lo expusieron ayer los principales sindicatos profesionales de sanidad: el Sindicato Médico Andaluz (SMA), el Sindicato de Enfermería de Sevilla (Satse) y el Sindicato de Auxiliares de Enfermería (USAE).
«El documento es altamente discriminatorio, algunas cuestiones son incomprensibles, como por ejemplo que no esté reflejado el trabajo de investigación o la formación continuada, que es una obligación», expuso de entrada Francisco Muñoz, secretario general de Satse Andalucía, para el que «llevamos aguantando una serie de afrentas, una tras otra desde el año 2012».
Araceli Marín, coordinadora de organización de USAE Andalucía, explicó que cuando se impusieron las 37,5 horas «al resto de funcionarios les permitieron hacer media hora cada jornada para llegar a las 37,5 y a nosotros nunca nos lo permitieron sino que se acumulaban para sustituir la falta de personal, lo que derivó en jornadas maratonianas, días adicionales...».
«La indignación de las organizaciones sindicales no nace de este documento, sino que éste viene a colmar el vaso de la paciencia tras los recortes con motivo de la crisis, que se ensañaron especialmente con el colectivo sanitario», recalcó por su parte Rafael Carrasco, presidente del Sindicato Médico Andaluz, que añadió: «Afortunadamente parte de esos recortes se han ido recuperando, pero el documento viene a hurgar en la herida».
Los sindicatos revelaron que este mismo lunes entregaron en el registro general de la Junta de Andalucía un escrito solicitando a la consejera de Salud, Marina Álvarez; a la de Hacienda, María Jesús Montero; y a la propia presidenta de la Junta, Susana Díaz, la retirada del documento, ya que supone a su juicio «una discriminación flagrante», y su sustitución por otro «que sea igualitario para todos los funcionarios».
17 CURSOS PARA 90 HORAS
El sector sanitario se queja en concreto de que en el citado documento, para computar las horas no presenciales, sólo se les brinda una oferta de 17 cursos que en total suman 90 horas, «a pesar de que se deben computar 105 horas al año». Además, han agregado que estos estudios complementarios «no son interesantes» para el sector, que no pueden computar estudios de Grado o Máster como el resto de funcionarios; así como tampoco les computa las tareas de investigación. Los sindicatos entienden que «la Administración obliga a un sistema de acreditación que se rige por gestión de competencias».
«No estamos dispuestos a consentir este atropello», resumió Carrasco, que añadió que «la idea general es que hay sectores que van a seguir igual y otros que tienen un abanico amplio de fórmulas para justificar esas horas y a nosotros nos ciñen a lo que el SAS quiere para justificar la actividad de sus estructuras». Muñoz abundó por su parte en que «queremos que se contemple lo que es nuestro día a día en formación continua o en investigación, no queremos una dádiva».
El secretario general de Satse Andalucía advirtió que «una cuestión que nos ha dejado atónitos es que este documento se ha fraguado en la mesa de empleados públicos. No entendemos que los sindicatos presentes no hayan exigido que se debata en la mesa sectorial de sanidad. Por eso este documento tiene tantas incongruencias en el tratamiento que se le da al sector», dijo Muñoz antes de aventurar que «si no se justifican las 105 horas habrá que realizarlas como jornada presencial, con lo que se evitarían contrataciones. Los profesionales estarían enviando al paro a compañeros de forma indirecta». En este sentido, en 2012 se perdieron más de 7.000 puestos de trabajo en el sector sanitario en Andalucía, casi el 10 por ciento del total, más de 80.000.
RECOGIDA DE FIRMAS
Los sindicatos del sector sanitario quieren obrar con cautela y «no hacer locuras, vamos a esperar un tiempo prudencial», dijo Carrasco. De manera que por el momento han procedido a presentar el escrito en el registro y a explicar la situación a los medios, además de «trasladar el escrito a nuestras asesorías jurídicas para que lo estudien, aunque es difícil impugnar el documento», admiten. En todo caso, confían en que se pueda llevar el debate a la mesa sectorial. «Si no, haremos una recogida de firmas masiva para presentarlas ante el Parlamento Andaluz», advierten.
Y, si nada de eso funciona, «entonces plantearíamos otro tipo de medidas a las que no nos gustaría llegar porque entre otras cosas son más perjudiciales que beneficiosas», esgrimen.