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Protesta de los funcionarios por los recortes. / Europa Press
El titular del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 10, Luis Alfredo de Diego Díez, se planta. El magistrado ha dictado una providencia en la que advierte de que su juzgado «ralentizará» el ritmo de resolución de las demandas solicitando la extensión de sentencia que reconoció la devolución íntegra de la paga extra de 2012 a un funcionario de Justicia de Sevilla. Ante la «avalancha», 1.600 en concreto, de solicitudes recibidas y los recursos presentados por la Junta contra cada uno de ellos, el juez anuncia este parón una semana después de que la Consejería de Justicia le haya negado los refuerzos de plantilla que solicitó.
«Hasta la fecha se han formulado alrededor de 600 recursos de reposición contra los autos de extensión de efectos de sentencia recaída en las presentes actuaciones dictados en sus correspondientes piezas», comienza la providencia del juez, a la que tuvo acceso este periódico. «Están aún pendientes de resolver cerca de otras 1.000 solicitudes de extensión de efectos», por lo que «teniendo en cuenta la sobrecarga de trabajo que pesa sobre los funcionarios de la oficina judicial que están atendiendo la tramitación de estos asuntos con el inevitable retraso de otras causas, y toda vez que la Junta de Andalucía ha denegado hasta la fecha el refuerzo pedido para paliar tal sobrecarga, no es posible resolver en plazo la avalancha de recursos de reposición presentados por la Junta de Andalucía contra las extensiones de efectos».
Por ello, continúa el magistrado, «en consecuencia, para poder regular racionalmente el flujo de trabajo de la oficina judicial, es necesario adecuar la dación de cuenta de tales recursos de forma que su resolución y notificación incida lo menos posible en el retraso del resto de asuntos». Es decir, el juez ha decidido que «momentáneamente, se ralentizará el dictado de los autos acordando la extensión de efectos hasta que puedan resolverse los recursos de reposición contra los autos ya dictados». Es decir, hasta que puedan resolver los recursos presentados por la Junta contra las extensiones ya otorgadas.
La decisión del magistrado se produce justo una semana después de que la Junta le comunicara al juzgado que no les otorgaba los refuerzos que habían solicitado porque «no está contemplada la asignación de personal de refuerzo a ningún juzgado de lo Contencioso-Administrativo» en el plan de refuerzo extraordinario del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) diseñado hasta junio de 2017.
Tres meses para las bajas
La petición de este juzgado no solo se basaba en la «situación de sobreesfuerzo» de la plantilla por el citado asunto, sino que además una funcionaria que está embarazada se encuentra de baja por enfermedad, sin que por el momento se haya nombrado un sustituto.
De hecho, la respuesta de la Consejería de Justicia a esta petición fue reconocer que las bajas por incapacidad temporal por enfermedad no se cubren hasta pasados tres meses y que, «con objeto de optimizar los recursos existentes, el objetivo es proceder a una cobertura inmediata de las sustituciones en los casos de maternidad, lactancia, coexistencia de varias bajas simultáneas –del mismo cuerpo en el órgano judicial, o en aquellos casos en los que existe un único funcionario del cuerpo–». Si no se da ninguna de estas circunstancias, «la regla general es la demora de la cobertura hasta un periodo máximo de tres meses».