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Santiago Romero Granados, en una imagen de archivo. / El Correo
El juez de lo Penal número 2 de Sevilla reprocha al catedrático de la Universidad de Sevilla y exdecano de la Facultad de Ciencias de la Educación Santiago Romero Granados la huella «difícil de borrar» que ha dejado en las dos profesoras y una becaria de investigación víctimas de abusos sexuales y lesiones entre los años 2006 y 2010, hechos por los que ha sido condenado a siete años y nueve meses de cárcel y que cometió en su propio despacho, en los pasillos de la Facultad y hasta en un pub.
Así, el juez le condena a dos años y tres meses de prisión por cada uno de los tres delitos continuados de abusos sexuales que le atribuye y a un año de cárcel por un delito de lesiones psicológicas, con la atenuante de dilaciones indebidas, aunque establece como máximo de cumplimiento el de seis años y nueve meses de prisión, mientras que también le impone el pago de una indemnización de 110.000 euros, declarando a la Universidad de Sevilla responsable civil subsidiario.
El juez, en una sentencia consultada por Europa Press, tiene en cuenta a la hora de imponer la pena el «fuerte impacto» que las conductas realizadas por el profesor han tenido en las víctimas, ya que a una de ellas le ha provocado «importantes problemas de salud», a otra le «ha limitado de cierto modo el desarrollo de la carrera profesional» y ha ocasionado que la tercera de las víctimas «haya pasado de ser una alumna con un futuro prometedor en la docencia a su abandono».
«Evidentemente, no solo por el respeto a las víctimas, sino por la gravedad de una conducta que no se ha limitado a unos meros tocamientos sin especiales consecuencias se considera que la pena no debe de imponerse en la mínima extensión prevista por el tipo de abusos sexuales», asevera el juez, que considera procedente imponerle una pena de prisión por cuanto «una conducta con esa extensión en el tiempo y con la gravedad de los efectos producidos no puede considerarse suficientemente penada con una multa por extensa e importante que la misma pueda ser».
«DESCALIFICACION» Y «REPRESALIA»
Además, considera que «debe de tenerse en consideración la situación» del acusado en el momento de los hechos, ya que como decano, primero, y como director y «máxima autoridad académica» del departamento de Educación Física, posteriormente, «no sólo tenía la obligación de respetar las normas, los derechos y las libertades de las persona que de algún modo se encontraban subordinadas a él o, mejor dicho, a la función o funciones que él desempeñaba, sino incluso que tenía el deber de convertirse en garante de esos derechos y libertades».
A su juicio, «cuando la violación de la norma se realiza por aquel responsable de protegerla o siquiera de velar por los mecanismos a su alcance para que se respete, la conducta reviste una mayor gravedad».
De igual modo, el juez asevera que «procede un reproche superior al mínimo legal en atención a la conducta posterior a los hechos» del catedrático, quien, «lejos de sentir alguna clase de arrepentimiento, remordimiento o desazón por la conducta mantenida, cuando de algún modo asume que las denunciantes ni van a aceptar sus requerimientos sexuales ni se someten a sus dictados en el ámbito docente, opta por emplear la descalificación e incluso la represalia como mecanismo para intentar quitarse de en medio a las mismas».
Y ello «lo consigue parcialmente», pues dos de las profesoras víctimas de los abusos «han tenido que leer sus tesis doctorales fuera del ámbito de la Universidad de Sevilla» y la tercera de las víctimas ha abandonado el mundo docente.
«OSTENTACION DE SU PODER ACADEMICO»
El juez considera probado que el acusado fue decano de la Facultad de Ciencias de la Educación entre 1997 y 2009 y, al menos desde 2006 y en relación a las denunciantes, «vino realizando ostentación de su poder académico desde un primer momento, dejando claro a las mismas que él era quien mandaba» en el Departamento de Educación Física y que «podían tener problemas para mantener sus plazas» si no accedían a sus pretensiones.
De este modo, añade que, desde 2006 y hasta mediados de 2010, el profesor, «con ánimo libidinoso, realizó diversos tocamientos inconsentidos» a las tres profesoras. Así, a finales de 2006 una de ellas acudió al despacho del catedrático para presentarse como nueva profesora, momento en el que el acusado se sentó a su lado, «le puso la mano en el hombro y a continuación le tocó en un pecho, ante lo que ella se apartó».
EN LOS PASILLOS DE LA FACULTAD
En ese momento, el imputado «le colocó un documento sobre las piernas y con dicha excusa le tocó la pierna por el interior de los muslos, diciéndole» a la profesora «lo buena que estaba», mientras que, en otra ocasión, y estando la misma en el despacho, el acusado «le pidió que se sentara en el sofá, cerró la puerta que daba al pasillo con llave y comenzó a hablarle de las plazas docentes al tiempo que le colocaba los genitales muy cerca de su rostro, a unos diez centímetros, sentándose a continuación a su lado y colocándole la mano en el muslo hasta llegar a sus genitales», ante lo cual ella «se levantó y se marchó del lugar».
El juez relata que, tras lo ocurrido, esta profesora «intentaba acudir al despacho» del catedrático, no obstante lo cual, cuando ambos se encontraban, el acusado «se mostraba insinuante hacia ella en cuanto la agarraba por la cintura, le hablaba aproximando mucho su cara a la de ella o le tocaba», todo lo cual lo hacía en los pasillos de la Facultad.
Asimismo, describe otros abusos, como una ocasión en febrero de 2007 en la que el acusado se aproximó por detrás a la profesora, «la cogió por la cintura y pegó sus genitales a los glúteos» de la víctima, mientras que también ese mismo mes ambos se encontraron en una escalera, él le dio alcance y le preguntó qué le pasaba, «se puso delante y le dijo que le ha salido un bulto, separó las piernas y le dijo ‘aquí en los huevos, tócalo, tócalo’, rechazando ella hacerlo».
El juez destaca que la profesora, tras incorporarse de una baja en febrero de 2008, fue a saludar al acusado, lo que hizo «llevando un abrigo grande, un pantalón de chándal y una carpeta sobre el pecho para impedir que se repitieran incidentes» como los anteriores, no obstante lo cual el catedrático «la cogió por la cintura, la puso contra la mesa del despacho, intentó darle dos besos en la boca y comenzó a frotar sus manos por el abdomen hasta llegar a tocarle el pecho», cuando ella «le apartó con la carpeta».
Como consecuencia de todo lo anterior, esta profesora sufre un trastorno adaptativo ansioso depresivo grave para el que necesita de terapia psicológica de larga duración.
LE TOCO LOS PECHOS
La segunda de las víctimas accedió a la Facultad como profesora en 2005, de manera que en la primavera de 2007 acudió al despacho del catedrático para preguntar sobre cómo se dirigía una actividad de investigación, comenzando a llorar, momento en el que el acusado «se sentó a su lado y le puso una mano en la espalda como para consolarla y la otra mano en el muslo», tras lo que «subió la mano hasta ponerle tres dedos en la entrepierna».
Después de este incidente, y «en la mayor parte de las ocasiones» en que ambos se encontraban en los pasillos, el acusado «la abrazaba e intentaba, consiguiéndolo en ocasiones, tocarle los pechos», a lo que se suma que le decía a veces que «tenía que follar más, que estaba muy flaca».
Por último, y en relación a la tercera de las víctimas, el juez precisa que, estando ambos en su despacho, «la abrazó de manera efusiva para, a continuación, bajar las manos hasta tocarle los glúteos, mirándola de manera lasciva», mientras que, en noviembre de 2008 y en un pub de la capital, el catedrático cogió la mano de la profesora y «la colocó sobre sus genitales».