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El juzgado de las cláusulas suelo recibe de media 40 demandas al día

En cuatro meses tiene sobre su mesa 4.822 asuntos, la mitad para reclamar los gastos de hipoteca

12 oct 2017 / 21:50 h - Actualizado: 12 oct 2017 / 21:52 h.
  • Los funcionarios, jueces y el resto del sector judicial se mostró contrario a que un solo juzgado asuma estos asuntos. / Jesús Barrera
    Los funcionarios, jueces y el resto del sector judicial se mostró contrario a que un solo juzgado asuma estos asuntos. / Jesús Barrera

Era lo previsible. Las reclamaciones de los gastos generados a la formalización de las hipotecas suponen ya la mitad de los asuntos que tiene sobre su mesa el Juzgado de Primera Instancia 10 Bis, especializado en las demandas por las cláusulas abusivas de estos créditos. Los jueces han otorgado parcialmente la razón al consumidor, ya que establecen solo la devolución de una parte de estos siempre y cuando en la imposición de estos gastos haya intervenido la entidad financiera. En cuanto a las cláusulas suelo, los magistrados están condenando a los bancos a su reintegro íntegro desde el inicio cuando su inclusión no se hizo con transparencia.

El 1 de junio de este año se creaba por orden del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el Juzgado de Primera Instancia 10 Bis y en este tiempo, ni siquiera medio año, ha recibido 4.822 demandas contra las citadas cláusulas, según los datos ofrecidos por el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. Una cifra en constante aumento y que supone una media diaria de 40 demandas. Lo curioso es que la mitad de estas demandas son ya por reclamaciones de gastos de formalización de hipotecas, lo que supone que el juzgado recibe prácticamente el mismo número de demandas por cláusulas suelo que por este otro asunto.

El juzgado ya ha dictado más de una decena de sentencias y ha establecido por ahora como criterio que la devolución parcial al comprador de los gastos iniciales del crédito hipotecario y no de forma íntegra como reclama la mayoría de los usuarios afectados. Así, según consta en una de las resoluciones consultadas por este periódico, el juez condena a la entidad bancaria a abonar el «concepto de arancel notarial» y los «aranceles del Registro de la Propiedad». En cambio, entiende que el comprador debe hacerse cargo del pago del impuesto de Actos Jurídicos Documentados y los generados por la tasación.

Según explica uno de los magistrados en su resolución explica que las cláusulas demandadas, entre ellas las de los gastos hipotecarios, no consta «que hayan sido negociadas individualmente, más allá del limitado tracto negocial que puede suponer la realización por la entidad bancaria de una oferta determinada, preconfigurada e irrevocable, y su aceptación por parte del consumidor, que debe escoger entre asumir la estipulación o acudir a otros operadores bancarias que efectúan ofertas similares». Por ello, asegura que este «iter negocial no puede considerarse una negociación libre e individualizada».

Así señala que la «entidad financiera como prestamista es la obligada al pago y, en consecuencia, deberá restituir las cantidades satisfechas por el consumidor con motivo de la intervención notarial». Eso sí, también hay resoluciones en las que no se ha estimado, pues considera que se pactaron entre consumidor y comprador al amparo del artículo 1455 del Código Civil que establece: Los gastos de otorgamiento de escrituras serán de cuenta del vendedor, y los de la primera copia y los demás posteriores a la venta serán de cuenta del comprador, salvo pacto en contrario».

En cuanto a los gastos de Registro de Propiedad, indica que es «claro que la hipoteca se constituye e inscribe a favor de la entidad bancaria» y a que este respecto «la cláusula controvertida impone al consumidor unos gastos que la ley impone al predisponiente y por ello, se considera que en efecto es abusiva». La sentencia añade que el comprador «no ostenta interés en la inscripción de la hipoteca de modo que la cláusula discutida le impone el pago de un arancel que no le corresponde satisfacer», por lo que establece que este gasto «ha de reputarse en su totalidad indebida». Igualmente, el juez anula otras cláusulas como la de vencimiento anticipado o la de intereses moratorios.

Un segundo magistrado de refuerzo contra el atasco

El Juzgado de Primera Instancia 10 Bis de Sevilla cuenta ya con un segundo magistrado de refuerzo, que se ha unido al que ya fue designado por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) el pasado 1 de junio. La sentencia del Tribunal Europeo de 21 de diciembre de 2016 en relación con las cláusulas suelo, y su carácter retroactivo desde el inicio del crédito, hizo que ante el aluvión de demandas que se esperaba se diseñara un plan de choque diseñado por el Poder Judicial. Para ello en todas la provincias se dispuso crear un juzgado Bis del órgano de Primera Instancia que menos pendencia tuviera. En el caso de Sevilla fue el número 10. Un plan que los jueces tacharon desde el principio como «descabellado» porque colapsaría a un órgano, con el retraso que ello supondría de los casos.

Desde entonces estos juzgados conocen, de manera exclusiva y no excluyente, de todos litigios relacionados con las demandas sobre condiciones generales incluidas en contratos hipotecarios cuyo prestatario sea una persona física. Es decir, estas demandas se centran aspectos considerados abusivos de estos contratos como las cláusulas suelo, el vencimiento anticipado, los intereses moratorios, hipotecas multidivisa o gastos de formalización de hipoteca. La puesta en marcha de estos juzgados supuso también que la Consejería de Justicia nombrara a siete funcionarios interinos de refuerzo que se incorporaron de forma gradual.

Ahora Oficina del Defensor del Pueblo Andaluz reclama una dotación adecuada de nuevos órganos judiciales para hacer frente al «colapso» detectado en los juzgados encargados de los casos de las cláusulas suelo en Andalucía.


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