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Aparcamiento para residentes ubicado en la calle Sinaí. / El Correo
Será un juez quien, finalmente, desatasque el conflicto que mantienen desde hace años la propietaria del aparcamiento de la calle Sinaí (Polígono de San Pablo) y los residentes que accedieron a una de sus plazas para aparcar sus vehículos. No hubo, por tanto, acuerdo entre las partes en la vista previa que se celebró ayer y en la que los vecinos se llevaron la sorpresa de que la empresa que consideraban responsable del parking (Matahacas S.L.) ya no era la propietaria del mismo, que había sido embargado por el Banco Popular ante el incumplimiento de los pagos de un préstamo hipotecario.
La fecha definitiva para el juicio será el 1 de marzo de 2017. Una vista en la que se determinará si la empresa propietaria –en este caso el Banco Popular, que no había comunicado a los residentes que había pasado a tener la titularidad del aparcamiento– debe informar a los vecinos del uso al que se está destinando el dinero que aportan mensualmente –algo que llevan años reclamando– y que, sospechan, estaba sirviendo para engrosar las partidas que corresponden a la planta rotatoria del aparcamiento –la primera de las cuatro que tiene– y que permanece cerrada desde hace varios meses a consecuencia de este embargo. Una demanda en la que por el momento no pueden especificar la cuantía que reclaman, ya que desconocen las cantidades globales que se han manejado estos años.
Según la letrada Rosa María Carreño, del Estudio Jurídico Carpe Abogados –que representa a más de 70 cesionarios del parking de Sinaí–, uno de los principales logros que se persiguen es que los contratos de las plazas de estacionamiento se eleven a público. Un hecho que permitirá, entre otras cosas, que los vecinos puedan constituirse como una asociación y, por tanto, elaboren los propios presupuestos de este aparcamiento, dando respuesta así a «una de sus reclamaciones históricas».