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La nueva ordenanza de transparencia recibirá el visto bueno en el pleno de este martes. / El Correo
La definitiva ordenanza de transparencia del Ayuntamiento de Sevilla recibirá presumiblemente el visto bueno en el pleno ordinario del próximo martes 31 de mayo. Eso es, al menos, lo que pretende el gobierno municipal, que ultima el que será el texto definitivo tras la incorporación de buena parte de las alegaciones presentadas por los diferentes grupos políticos y el resto de entidades implicadas en el proceso de debate.
El primer borrador, aprobado en el pleno ordinario de 27 de noviembre, ha sido sometido durante estos meses a un proceso de revisión, a través de una serie de reuniones en las que han participado los portavoces de los cinco grupos políticos con representación. A sus alegaciones, se han sumado otras presentadas desde las empresas municipales –Emvisesa, Emasesa, Tussam y Lipasam– así como por algunos particulares y plataformas ciudadanas como Openkratio, que fue invitada por el gobierno a la última reunión mantenida por la comisión y que ha puesto el ejemplo de Sevilla como el de una de las ciudades que más ha apostado por la transparencia.
Sus propuestas –compartidas en su mayoría por los grupos de IU y Participa Sevilla– han acabado por sumarse al que será el texto definitivo. Entre ellas destacan que la ciudadanía pueda hacer un seguimiento de las partidas presupuestarias «que más les afectan o interesan». También que se ponga fin a los contratos públicos adjudicados «a dedazo», que los datos municipales sean «reutilizables, accesibles e interoperables» para que resulte «sencillo» poder «echar cuentas», y que, en el caso de las solicitudes de información, se tenga constancia de qué tipo de información se solicita y de cuál es la respuesta del Ayuntamiento ante estas cuestiones.
Con el documento sobre la mesa, y a falta de que algunos partidos conozcan la postura definitiva del gobierno sobre alguna de sus alegaciones, todo hace indicar que la nueva ordenanza recibirá el apoyo suficiente para que sea aprobada en el pleno de este martes. Entre otras cosas, porque es difícil justificar ante la ciudadanía la oposición a un documento cuyo objetivo en poner las bases en aras de las buenas prácticas en el día a día del Ayuntamiento. Pero además, porque el gobierno ha trabajado desde hace meses en la búsqueda de un consenso que se ha traducido en su predisposición por aceptar buena parte de las alegaciones del resto de partidos.
El mayor número fue presentado por el grupo municipal de Participa Sevilla, que ha sido capaz de incorporar más de 70 de sus propuestas al documento definitivo. Aún así, aseguran que siguen echando en falta algunos términos que ahondarían más en la claridad de la gestión, como la incorporación del «registro de lobbies» o que se haga pública «la agenda de los concejales». Dos iniciativas que, por el momento, no cuentan con el respaldo necesario.
También se encuentra negociando con el gobierno el grupo municipal de Ciudadanos, que condicionará su voto a la inclusión del desarrollo de la normativa en cuanto a la reutilización de información y su procedimiento sancionador. Al margen, la formación naranja presentó en registro una serie de alegaciones al documento aprobado por el pleno al considerar que carece de «una exposición de motivos», reproduce «literalmente» los preceptos estatales y autonómicos, incorpora «conceptos amplios y carentes de precisión», además de «imposibilitar» su aplicación inmediata.
El Partido Popular, cuya postura definitiva aún es una incógnita, también ha puesto sobre la mesa varias «reclamaciones» y «sugerencias» al texto, con especial hincapié en el contexto de la reutilización de la información.