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Flores y Castro durante la presentación del balance de la oficina de vivienda. / El Correo
Nueve meses después de su apertura, el Ayuntamiento de Sevilla hizo ayer balance de la labor realizada por la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna (OMDV) en este tiempo. Su creación, a finales de mayo del pasado año, se debió a la moción de IU y Participa Sevilla en el pleno extraordinario sobre vivienda de noviembre de 2015.
Las cifras de estos primeros meses de actividad demuestran su utilidad para los usuarios. Desde su puesta en marcha, son ya 11.986 los sevillanos inscritos en el registro de demandantes de vivienda pública, un 112 por ciento más que en 2014. De ellos, la mitad tiene menos de un año de antigüedad. Algo que el delegado de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores, se debe a que los ciudadanos han recuperado la confianza en la política de vivienda pública».
El Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda ha atendido entre julio y diciembre a 5.505 ciudadanos, la mayoría interesados por inscribirse como demandantes de vivienda protegida. De este conjunto, el perfil de la persona que se encuentra en búsqueda de vivienda es la de un menor de 35 años que gana menos de mil euros brutos al mes (es decir, que no alcanzan 1,5 veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples –Iprem–). «El gran reto es darles soluciones para que puedan desarrollar sus proyectos personales y es ahí donde trabajamos», dijo Flores durante la presentación del balance de la Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna en el que señaló, además que los distritos donde más problema de vivienda existen son el Norte, Cerro-Amate y Este-Alcosa-Torreblanca.
En concreto, de todos los demandantes de vivienda, el 53 son jóvenes (6.407 personas) y el 13,72 por ciento (1.644 sevillanos) son mientras que las familias monoparentales con hijos. Los mayores de 65 años ascienden a 501, 427 son familias numerosas, 222 son víctimas de violencia de género y un centenar de personas en situación de dependencia.
La mayoría de las personas inscritas (un 41 por ciento) mostraron su preferencia por el alquiler con opción a compra, mientras que el 34 por ciento lo hizo por el alquiler y el 25 por ciento, por la compra.
Desahucios paralizados
La Oficina Municipal por el Derecho a una Vivienda Digna tenía como origen ser el centro donde acudir en caso de un posible desahucio. En este sentido, en el segundo semestre de 2016 se abrieron 367 expedientes relacionados con familias en riesgo de perder su vivienda de los que ninguno ha acabado en la pérdida del inmueble, explicó el gerente de Emvisesa, Felipe Castro. Del total, se han resuelto el 44 por ciento, quedando el 56 por ciento en negociación.
Las zonas donde más casos se han registrado han sido Cerro-Amate (85 expedientes); Norte, 68; Este-Alcosa-Torreblanca, 58, y 56 en Macarena, entre otros. En un 62 por ciento de los casos, los expedientes suponían un «riesgo inminente de desahucio que ha podido ser frenado», siendo en el 96 por ciento de los casos una entidad financiera la dueña.
Además, Castro recordó que los Servicios Sociales municipales han gestionado en 2016 más de 6.000 expedientes de ayudas directas a las familias por dos millones para ayudas al alquiler, pago de suministros básicos o cuotas de la comunidad. De este modo, una de cada cuatro viviendas de Emvisesa es objeto de aplicación de políticas sociales.
Paralelamente, detalló que, desde la aprobación del protocolo de convivencia en las viviendas de Emvisesa el 31 de mayo de 2016 y hasta diciembre, se han abierto 89 expedientes, de los que 25 han quedado cerrados al final del año pasado.