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El magistrado Francisco Serrano en una imagen de archivo. EFE
El Tribunal Supremo ha rehabilitado como juez al magistrado Francisco Serrano, que había sido expulsado de la carrera por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la base de su condena a dos años de inhabilitación a manos del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía.
El caso del juez Francisco de Asís Serrano reúne numerosas vicisitudes procesales, de lo que da idea el hecho de que hayan intervenido en su proceso el Supremo (en varias ocasiones) y el Constitucional, además del propio CGPJ y del citado tribunal andaluz.
Todo tiene origen en la prevaricación que el propio magistrado cometió y por la que fue condenado en 2011.
Los hechos
Serrano era juez de Primera Instancia de Sevilla y, como tal, prolongó durante dos días el periodo de estancia de vacaciones de un menor con su padre, con el fin de que el niño pudiera salir en la madrugada del Viernes Santo como paje de una Cofradía.
La decisión fue adoptada sin dar audiencia a la madre, al aceptar el juez la medida cautelar solicitada por el abuelo del menor y tras expresar el niño su deseo de participar en la procesión.
Como consecuencia de la querella presentada por la madre del niño, el juez Serrano fue condenado a 2 años de inhabilitación como autor de un delito de prevaricación culposa, pues se entendió que había actuado sin competencia y obviando las medidas familiares fijadas por un Juzgado de Violencia de Género.
El Supremo revisó aquella primera condena y endureció la pena. Pero el Constitucional, más tarde, amparó al exjuez de familia de Sevilla y anuló la condena del Supremo. Sin embargo, hizo firme la sentencia del tribunal andaluz, también condenatoria pero menos dura.
Sobre la base de esa condena del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, y por más que la pena más dura impuesta por el Supremo hubiera resultado anulada, la Comisión Permanente del CGPJ entendió que Serrano había perdido su condición de magistrado.
Sin embargo, ahora la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Supremo ha acordado su rehabilitación como magistrado, anulando, por no ser conforme a derecho, el acuerdo de la Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 2 de marzo de 2017 que rechazó la petición de rehabilitación a la carrera judicial formulada por Serrano.
Pero por otro lado, el tribunal ha rechazado la petición del magistrado para que se le reconozcan todos sus derechos económicos y administrativos.
En su sentencia, el tribunal recuerda que el delito de prevaricación es uno de los más graves que pueda cometer un miembro de la Carrera Judicial.