Juan Carlos Benjumea
Vicerrector de Profesorado
La Universidad debe ser una institución ejemplar, que siempre velará por los derechos de los colectivos que la integran y a la vez tiene que buscar la excelencia en todas sus funciones. Esto no debe significar que renuncie a garantizar la igualdad de oportunidades en función del mérito y capacidad de los candidatos, sean estudiantes que aspiran a acceder a los estudios ofertados o profesores candidatos a obtener o estabilizar sus plazas.
Dicho esto, debe ir por delante, que la Universidad ha sido una de las instituciones más afectadas por las leyes tomadas en 2012 a nivel estatal para garantizar la estabilidad presupuestaria y para la racionalización del gasto público, así como para el reequilibrio económico-financiero de la Junta de Andalucía en el ámbito educativo. Y es de justicia reconocer que este panorama legislativo afectó especialmente a los ayudantes doctores, convirtiéndose de facto en el primer peldaño de la carrera docente universitaria, que vio cercenada su capacidad de promoción por la vía definida hasta la fecha en un contexto además de incremento de la docencia, lo que a su vez dificultó su currículum investigador.
Este panorama legislativo imposibilitaba que cuando un profesor ayudante doctor conseguía la acreditación para su promoción a la de contratado doctor, categoría ésta ya de carácter indefinido, la Universidad pudiera proceder a la convocatoria pública de dicha plaza. Ante esta situación no cabían más que dos opciones por la falta de respuesta a las medidas solicitadas: el despido ante la extinción del contrato anterior o la creación de la plaza de rango superior, pero ocupándola interinamente, a la espera de que se nos habilitara para su convocatoria. Se optó por esta segunda opción, en el convencimiento de que era la medida más justa para las personas y en tanto pasaba una situación de crisis coyuntural que desgraciadamente se ha prolongado en el tiempo más de lo deseado.
Ahora las universidades pueden volver a convocar plazas e iniciar medidas de promoción para su personal docente. La US entiende que esto debe hacerse con la máxima sensibilidad y garantías de estabilidad para los profesores afectados, pero no se puede aprovechar esta circunstancia para cambiar el modelo de carrera académica sin la necesaria reflexión, lo que supondría una malversación del sistema alterando los criterios de acceso y libre competencia. Y mucho menos, una acción contraria a la legislación que obliga a todas las universidades públicas andaluzas.
En este sentido, se ha mantenido un diálogo constante y constructivo con los representantes de los profesores ayudantes doctores y contratados doctores interinos que han convocado la huelga para las dos últimas semanas de clase y el periodo de exámenes, para informarles de que es nuestra intención defender sus derechos y apoyarles y acompañarles en su promoción. Que así lo haremos en la Mesa General de Negociación de las Universidades Públicas Andaluzas, donde se acordarán importantes medidas para revertir las consecuencias que los recortes han tenido en el profesorado universitario. Es intención de la Universidad velar por los intereses de sus profesores más jóvenes que deben ser los docentes e investigadores de referencia del futuro. Es mi intención trabajar duro y defender sus derechos y los de toda la comunidad Universitaria para construir una universidad fuerte y con un futuro prometedor.