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Actualizado: 28 may 2016 / 13:03 h.
  • El portal 40 de la avenida de El Greco, donde presuntamente hay un prostíbulo. / Manuel Gómez
    El portal 40 de la avenida de El Greco, donde presuntamente hay un prostíbulo. / Manuel Gómez

La Policía Nacional anunció ayer la desarticulación de un grupo criminal formado por cuatro personas, tres extranjeros y un español, que obligaban a mujeres a ejercer la prostitución en un piso de la ciudad de Sevilla y, que además, les suministraban drogas para que pudieran trabajar las 24 horas sin descanso. La investigación, desarrollada por agentes de la Ucrif de la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras, finalizó con la detención de estas cuatro personas y la liberación de cinco mujeres. A pesar de las actuaciones de las autoridades, el prostíbulo «sigue abierto», afirman los vecinos, que esperan una pronta solución tras más de seis años en un «sinvivir».

«El prostíbulo sigue funcionando y nos siguen molestando. Me parece extraño que la Policía diga que se ha desarticulado una red criminal porque este viernes un cliente se confundió de puerta y llamó a mi casa», explica a este medio una de las vecinas que sufren las consecuencias de convivir con un prostíbulo en el mismo edificio. «Preservativos, orina, heces, robos, amenazas» y otras más cosas con las que lidian los inquilinos del portal 40 de la avenida de El Greco, todo motivado por el piso donde hay «un prostíbulo», afirman los vecinos. Llevan más de seis años aguantando todo tipo de «espectáculos» y de «barbaries» que son «un sinvivir noche y día». «¿Han denunciado?», les preguntamos. «Sí, unas siete veces, pero la Policía nos dice que hay un vacío legal y que no sirve de nada. La solución la tiene el dueño del piso, pero no pone remedio. A saber lo que le pagarán por estar ahí metidas».

El edificio consta de siete viviendas y los desperfectos se ven a simple vista. La puerta del portal dañada, los cristales rotos, robos de aires acondicionados y «todo motivado porque la puerta principal está abierta de par en par». Relatan los vecinos, que los primeros dos años había un prostíbulo de mujeres asiáticas y ahora hay todo tipo de nacionalidades. «Hay unas siete u ocho mujeres, más o menos. Este jueves la madame echaba a una mujer y a su hija menor de edad porque saben que si pillan a los menores se pueden meter en un lío más grande. Lo tienen todo controlado, son una mafia», aseveran.

Otro de los problemas con la que viven los vecinos es que los inquilinos del prostíbulo se las apañan para mantener toda la noche abierta la puerta del portal para que los clientes no tengan problemas a la hora de entrar. De hecho, en una de las web en la que se anuncian se publicitan afirmando que no tendrán problema en entrar porque «la puerta se mantiene abierta».

Gritos, peleas, amenazas y pocas soluciones para una buena convivencia, destacan los inquilinos, a la vez que resaltan que la única que ha escuchado sus súplicas es la delegada del Distrito San Pablo-Santa Justa, Inmaculada Acevedo. Tras la noticia que desveló ayer la Policía, los vecinos afirman que «nos resulta raro que la Policía hable de una desarticulación ya que siguen aquí, pero esperamos que de una vez por todas se tomen medidas porque aquí viven personas, no animales».

GRUPO CRIMINAL

Una investigación que comenzó cuando los agentes localizaron un piso en la avenida de El Greco donde varias mujeres estaban «siendo obligadas a prostituirse». Según la Policía Nacional, tras realizar las primeras pesquisas, se averiguó que este grupo, formado por dos mujeres y dos hombres, actuaba «bajo una férrea jerarquía y con una clara división de tareas». Al frente del grupo se encontraba una mujer de origen boliviano, con varios antecedentes y detenciones, que se encargaba de captar a las víctimas y obligarlas a ejercer la prostitución en el domicilio que ella misma regentaba. Además, también se ocupaba de dictaminar las medidas de control que se ejercían sobre las mismas «para evitar que escapasen o no rindieran físicamente». Un escalón por debajo se encontraba el controlador, un hombre español cuyo cometido era, según la Policía, prestar seguridad en el domicilio donde se ejercía la prostitución y controlar los movimientos de las mujeres.

Igualmente, en la «base» de este presunto grupo criminal se encontraba otra mujer ecuatoriana que «cumplía las funciones de madame y se encargaba de gestionar a la clientela. Por último, un varón de origen marroquí, también con antecedentes, se encargaba de abastecer de sustancias estupefacientes al prostíbulo para mantener a las chicas activas las 24 horas del día.