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Una funcionaria trabaja entre montones de expedientes y papeles en su mesa. / El Correo -
En los juzgados de lo Social están citando los juicios para 2020. /El Correo -
Expedientes en el suelo en los juzgados de lo Penal. / El Correo -
En los Penales ya no hay espacio. / El Correo
Más allá de los problemas de infraestructuras, la Justicia adolece de otros problemas que hacen que los calificativos atasco y lentitud vaya íntimamente ligados con ellas. Para empezar, la Justicia depende de tres administraciones distintas entre las que muchas veces se lanzan las responsabilidades para que al final se quede la casa sin barrer. La falta de medios, la escasez de jueces y órganos judiciales, la escasa digitalización y la crisis económica han hecho de esta administración una de las más criticadas por los usuarios y con los tiempos de resolución más largos.
En concreto, la creación de nuevos órganos judiciales compete al Ministerio de Justicia, mientras que la Junta de Andalucía se encarga de la dotación de medios y el personal de la oficina judicial. También dependen del Ministerio de Justicia los fiscales y los secretarios judiciales; mientras que los jueces dependen directamente del Consejo General del Poder Judicial. Por ello, recientemente, el consejero de Justicia, Emilio de Llera, criticaba al Ministerio de Justicia por no crear nuevos juzgados en Andalucía desde hace seis años y criticó «el incumplimiento por parte del Gobierno» de crear 13 nuevos órganos, tal y como anunció en campaña. De hecho, en Sevilla el último juzgado que se creó fue el Penal número 15, más allá de los órganos de refuerzo en jurisdicciones como la Social y la Mercantil. Por ello, la Junta «propuso al Gobierno central crear un juzgado de lo Mercantil y uno de Primera Instancia e Instrucción en Sanlúcar la Mayor». En este sentido, fuentes de la citada Consejería recordaron que Andalucía tiene una ratio de 10,5 jueces y magistrados por 100.000 habitantes, «inferior a la media nacional, situada en un 11,1».
Según la última memoria del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA), que es del año 2015, en Sevilla habría que crear como mínimo seis nuevas plazas de magistrados, ocho si contamos la provincia, con sus respectivos juzgados. Sin embargo, se trata de una estimación a la baja, pues el juez decano de Sevilla, Francisco Guerrero, viene reclamando desde el año 2014 la creación de 30 nuevos juzgados para la ciudad. En ese momento, Guerrero lamentaba que en los últimos diez años se haya hecho el esfuerzo de nombrar jueces de refuerzo, pero sin que estos vinieran acompañados de la dotación de funcionarios correspondientes para sacar adelante el trabajo. En este mismo sentido se expresa la representante de Justicia del CSIF en Sevilla, Águila Fernández, quien asegura «que esto está haciendo que se forme un cuello de embudo, porque un juez puede dictar muchas resoluciones pero si no cuenta con personal que las saque adelante no sirve de nada».
En este sentido, el sindicato también critica la «nueva política para cubrir las bajas en la plantilla» que lleva a cabo la Junta. «Las bajas no se cubren hasta que no pasan tres meses, solo se cubren las de maternidad pero si antes la compañera se ha dado de baja, ese tiempo no hay nadie que la sustituya». En cambio, desde la Consejería de Justicia aseguran que se mantiene «el 100% de las plantillas de los juzgados de buena parte de Andalucía sin perjuicio que puedan producirse vacantes o ausencias de bajas por enfermedad de larga duración, en cuyo caso se cubren en el siguiente concurso de traslado, sustituciones o con personal interino de la bolsa correspondiente». «La cobertura de vacantes se lleva a cabo en aquellos casos y en los plazos que requieren el buen funcionamiento del servicio público, siempre teniendo en cuenta los criterios de optimización y buena administración de los recursos públicos», añaden.
En total, en Sevilla, según los datos de la Junta, hay en la actualidad 330 interinos prestando servicios (51 de refuerzo, 250 en vacantes y 129 de sustitución). Asimismo, recordaron que en 2016 «se puso en marcha otro Plan de refuerzos para las oficinas judiciales de Andalucía para que jueces, tribunales y fiscalías con mayores cargas de trabajo puedan desempeñar con mayor agilidad su función jurisdiccional». En total en Sevilla se nombraron 51 funcionarios de refuerzo.
Pero para el sindicato mayoritario entre la plantilla de funcionarios, estos refuerzos siguen siendo insuficientes. Fernández pone como ejemplo la situación de los juzgados de lo Penal, «donde todo sigue igual, pese a que se anunciaron muchos cambios tras el caso Mari Luz. Hoy se podría dar de nuevo perfectamente un caso como este». La representante sindical asegura que la carga de trabajo es tal «que es imposible controlar si las sentencias se cumplen o no. Se lleva el trabajo hasta que la sentencia firme, pero el problema llega en la fase de ejecución».
Ella asegura que los funcionarios que prestan servicio en estos juzgados sienten tanta presión «y tienen tanto miedo, que se están haciendo hasta seguros de responsabilidad civil». Nadie quiere verse en una situación como que tuvieron que vivir el juez Rafael Tirado y su secretaria judicial, cuando se descubrió que el asesino de la pequeña onubense tenía una condena pendiente de cumplir. Fue entonces cuando se decidió poner en marcha el Servicio Común de Ejecutorias, aún pendiente de desarrollar, e incluso se llegó a cambiar la distribución de los juzgados de lo Penal en nuevo edificio Noga. «Y ahí sigue, no se ha hecho nada más, solo que esta distribución afecte al trabajo diario», dice Fernández, que lamenta que los funcionarios estén trabajando entre montones de expedientes y papeles.
En los juzgados de lo Social, la situación no es mucho mejor. La crisis ha hecho que las demandas por despido o las reclamaciones de salarios impagados se hayan disparado. Hasta tal punto, que los juicios se están señalando para 2020, es decir, a tres años vista. Para estos juzgados se crearon dos órganos bis de refuerzo, que principalmente se encargan de los asuntos urgentes como son los despidos que, por ley, tienen que prioridad. Aún así, se van solucionando con retraso, aunque con menos que el resto de cuestiones.
En los juzgados de Primera Instancia la situación no es mucho mejor. En estos órganos judiciales se llevan los asuntos por deudas pendientes y los desahucios, por lo que también se han visto superados por el importante crecimiento de estos asuntos con la crisis.
La jurisdicción Mercantil es otra de las que se ha visto afectada por la crisis, ya que es la encargada de resolver los concursos de acreedores (la antigua quiebra). Estos órganos también cuentan con dos más de refuerzos (aunque como los Sociales no cuentan con plantilla completa).
Otra de las cuestiones que tiene pendiente la Justicia es la digitalización. La firma electrónica y la notificación a través del programa conocido como Lexnet (el conocido como papel cero) es la última novedad, que poco a poco se va implantando. «No sin problemas, lo que hace que los procuradores sigan entregando sus documentos también en papel». Precisamente, para aliviar de papel las dependencias la Junta retiró 71.744 cajas de los archivos para liberar espacio.