La herencia recibida, o dicho de otra manera, las facturas por pagar de la luz, el agua o los teléfonos de gobiernos anteriores es lo que explica el plazo de pago a los proveedores por parte del Ayuntamiento de Sevilla, establecido en 62 días. Así lo aseguró ayer el alcalde, Juan Espadas, que apuntó a que su gobierno «hace lo que tiene que hacer un equipo serio» y está afrontando múltiples facturas que acumulan «retrasos de años» en su abono y que responden a servicios contratados por los gobiernos locales anteriores que no zanjaron «correctamente». Algo que provoca «automáticamente» un incremento del periodo medio de pago.
El alcalde insistió que el Consistorio cuenta con una tesorería «magnífica», con «una capacidad de ingresos que ha ido creciendo y que permite financiar políticas públicas». «No hay problemas de este tipo», reiteró. Si bien, sí apuntó a que la demora habitual se produce en el tiempo en que se tarda en reconocer el pago. Espadas repasó los motivos que llevan a esta situación: la «falta de personal» en este servicio debido a las restricciones dictadas por el Gobierno central y la excesiva «burocracia» para conformar una factura. «Un aspecto que debemos mejorar y que asumo como responsabilidad», dijo. Una vez que la factura está conformada, «la tesorería municipal tarda ocho días» en abonarla, reiteró.
En este sentido, el concejal del Grupo popular del Ayuntamiento de Sevilla Rafael Belmonte señaló el «riesgo» de que el Ministerio de Hacienda intervenga las cuentas municipales como consecuencia de los «retrasos» en los pagos de facturas, algo que refleja el auténtico «perfil» del alcalde como «gestor» de la ciudad.
Por su parte, el portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, reclamó al Gobierno local que «tome todas las medidas» necesarias para reducir el periodo medio de pago del Consistorio a sus proveedores y «revertir» el incumplimiento en el que incurre respecto a los plazos estipulados por la Ley. «El pago a proveedores es un índice fundamental para comprobar el estado financiero de una administración pública», además de «un indicador que influye en la imagen y confianza que transmite la ciudad», concluyó.