La mesa para la lucha contra la oferta clandestina de apartamentos turísticos de Sevilla, donde está presente una representación del Ayuntamiento, la Junta de Andalucía y el Estado, así como de los hoteleros y los administradores de fincas, ha acordado la realización de un estudio detallado para conocer en profundidad el problema de estos alojamientos ilegales, mientras que se valorarán medidas urbanísticas y fiscales para “frenar” su proliferación, entre las que se menciona limitar su instalación en determinadas zonas.
Tras la reunión de la citada mesa, los concejales delegados de Hábitat Urbano, Cultura y Turismo del Ayuntamiento de Sevilla, Antonio Muñoz, y de Movilidad, Seguridad y Fiestas Mayores, Juan Carlos Cabrera, junto al presidente de la Asociación de Hoteles de Sevilla, Manuel Cornax, han informado sobre los principales acuerdos, así como de la actuación de inspección al respecto, donde la Policía Local ha llevado a cabo unas 270 actuaciones, de las que más de una veintena ha finalizado con la detección de establecimientos irregulares.
En este marco, Muñoz ha explicado que se ha acordado que, con fondos del Turismo de Sevilla, se llevará a cabo un estudio para conocer la dimensión del problema de las viviendas que están operando fuera de la legalidad y que hacen competencia desleal a la oferta regulada.
Así, se ha valorado favorablemente que se hagan los estudios pertinentes desde la Gerencia Municipal de Urbanismo (GMU) y desde la Agencia Tributaria Local para establecer “una serie de medidas urbanísticas y de fiscalidad que supongan una especie de barrera de entrada a este fenómeno que está proliferando en Sevilla, al igual que en otras ciudades”.
“El modelo de ciudad turística que queremos para Sevilla se aleja bastante de la proliferación de estos alojamientos fuera de la ley. Si queremos jugar en primera división, no podemos tener ese modelo de alojamiento”, recalca. Por ello, se va a analizar establecer limitaciones a la proliferación de este fenómeno, como están haciendo otras ciudades, especialmente en los cascos históricos, y que funcionaría de modo similar a las zonas acústicamente saturadas de Sevilla, donde no se pueden dar más licencias de bares.
Además, recuerda que en el debate de ordenanzas fiscales para 2017 no pudo salir adelante, “por el voto contrario de la oposición”, la propuesta socialista para que la tasa que tienen que abonar en la GMU para convertir una vivienda residencial en uso turístico suba de 23 a 240 euros. “Lo vamos a volver a intentar en las ordenanzas para 2018 para que tenga una fiscalidad más justa la vivienda que deja de ser residencial”, incide.
INTERVENCIONES POLICIALES
De su lado, Cabrera ha detallado que la Policía Local ha intervenido en 268 actuaciones en Sevilla, de las que 231 han sido a través de las webs y otras 37 in situ.
Esto conlleva un total de 22 viviendas con fines turísticos denunciadas; cuatro locales comerciales convertidos en apartamentos que han sido denunciados, tras paralizar su actividad y no contar con ningún tipo de seguridad ni planes de evacuación; encontrándose además una estafa a través de la web de apartamentos falsos. Además, se ha actuado ante dos balcones de Semana Santa y siete abonos de sillas de la Carrera Oficial.
Esta labor de inspección continúa, tal como señala el responsable de Seguridad, estando una quincena en fase de investigación o denunciados por la Asociación de Hoteleros y otros tantos en trámite con la Delegación de Turismo y Deporte de la Junta de Andalucía.
“Se trata de una práctica que hace competencia desleal al sector turístico, no tributa a la hacienda pública y además supone una estafa, a lo que suma que se vulneran los derechos del consumidor, en este caso turistas que después no saben donde acudir a reclamar”, subraya. Pone como ejemplo un patio de vecinos en Triana adaptado para cuatro espacios que suponían cuatro paredes de pocos metros cuadrados. “Esto es un daño para la imagen de la ciudad”, sentencia.
APOYO DE LOS HOTELEROS
En la misma línea, Cornax ha señalado que es “muy importante hacer un estudio serio y cualificado para ver la magnitud del fenómeno, porque es totalmente nuevo teniendo en cuenta la magnitud que está alcanzando en toda Europa”. Así, incide en que “hay que ser conscientes de la evolución de este problema”, por lo que valora la decisión acordada.
En su opinión, “todos tenemos que estar en igualdad de concurrencia, con los mismos parámetros”. Por ello, destaca la “actitud colaborativa y proactiva” por parte del Ayuntamiento y de la Junta andaluza, apostando por que “la conjunción de todos las entidades de la mesa fomentará la puesta en marcha de medidas beneficiosas para todos”.
Cabe recordar que, según el último informe de Exceltur, en Sevilla existían entre 16.000 y 17.000 camas ilegales, aunque a raíz del decreto andaluz que ampara la legalización de esas viviendas, unas 7.000 viviendas en la provincia se habrían legalizado.