Facultativos de Toxicología avisan del cierre encubierto de una de sus áreas

La continuidad del Servicio de Valoración Toxicológica y Medio Ambiente (VTMA), del Instituto Nacional de Toxicología de Sevilla está «en peligro». Eso es lo que temen los trabajadores y el sindicato CSIF, que denuncian un cierre encubierto de un servicio en el que se llevan tareas «como el análisis de calidad de nuestras playas y de vertidos», y que trabaja codo con codo tanto con la Fiscalía de Medio Ambiente como con el Seprona de la Guardia Civil para esclarecer delitos medioambientales, pero que «carece de medios».

Un informe elaborado por los facultativos de este servicio –que da cobertura no solo a Andalucía, sino también a Extremadura, Canarias, Ceuta y Melilla– destaca la necesidad de que el Ministerio de Justicia, organismo del que depende Toxicología y al que ha sido remitido dicho documento, lo dote de medios y personal. «Por primera vez desde su creación en el año 1998, con la escasa pero suficiente dotación de dos facultativos, un jefe de servicio y un ayudante de laboratorio, está completamente preparado para dar respuesta a cualquier tipo de solicitud de pericia medioambiental», sin embargo «es justamente ahora cuando desde las direcciones de departamentos y la dirección se cuestiona su existencia», señala el informe, al que accedió este periódico.

«Para poder realizar sus funciones, necesita estar dotado no solo de ese mínimo de personal, sino también de los equipos necesarios para dar una respuesta analítica completa, bien sea desde el mismo servicio o compartiendo equipo con otros servicios», explica. En este sentido, el documento señala que en la actualidad tienen que utilizar «los cromatógrafos del Servicio de Química» y que «el equipo para determinación de metales ha sido dado de baja por avería». Esto ha hecho que en la investigación que están llevando a cabo por contaminación de acuíferos en Huelva «por parte de la empresa Ercros» hayan tenido que, a mitad del proceso de análisis, «enviar muestras al departamento de Barcelona, «lo que está suponiendo un gran retraso» en este asunto «de gran trascendencia mediática y política».

«Es totalmente necesario mantener la dotación de personal en cada uno de los servicios de VTMA, por lo que es indispensable que las plazas de facultativos ocupadas por interinos salgan a oposición, ya que de lo contrario los interinos que llevan años formándose en esta especialidad concursarán por otras especialidad de facultativos para poder garantizar sus puestos de trabajo», señala el informe en una de sus conclusiones. A esto añade que «no se puede caer en el error de comparar estadísticamente» el número de asuntos con el de otros servicios «para decidir el reparto de presupuestos en equipos y dotación de personal», dada la complejidad de los asuntos que trata. Así, ponen de ejemplo que solo en el caso de Ercros tienen «más de 23 muestras con de 30 determinaciones en cada de una de ellas» para un solo informe.

El CSIF tiene la sospecha de que el Ministerio de Justicia «pudiera prescindir» de este servicio, ya que «no se atienden ni la falta de medios personales ni materiales». Por ello, desde el sindicato quieren «poner en valor este servicio público, que entendemos que al ser un gran desconocido y tener poca prensa entre los ciudadanos pueda originar que no se invierta en este servicio. Entre otras cuestiones, por ejemplo, este servicio se encarga de determinar si la playa donde nos bañamos puede tener el distintivo de bandera azul». De hecho desde su creación en 1998, «ante la demanda de informes periciales por parte de los tribunales, en ilícitos contra el medio ambiente, las peticiones de análisis y periciales «han crecido exponencialmente», pasando de los cero asuntos de 2012, a los 52 de 2016, o los 32 casos que llevaban registrados antes del verano.

En este sentido, el Ministerio de Justicia asegura que «poniendo en relación al personal asignado con la actividad realizada no consideramos preciso incrementar la plantilla del servicio. En el año 2016 por ejemplo, la media de informes emitidos por facultativo ha sido de 1,5 informes al mes. Así, Justicia recuerda que frente a esta cantidad en 2016 en Madrid se realizaron 73 informes y 85 en Barcelona.

En cuanto a la dotación de equipos, fuentes del departamento que dirige Rafael Catalá, explicaron a este periódico que «se solicitó a la jefe de servicio una relación de las necesidades realizándose la solicitud de compra de tres equipos. De estas solicitudes, con el presupuesto asignado este año se ha iniciado la compra de los equipos que precisan de un contrato mayor para su adquisición» y cuyo concurso «ya esta publicado en el BOE y actualmente se está a la espera de que concluya la tramitación».