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Imagen de archivo de unas obras de Emasesa en la calle San Vicente. / José Luis Montero
Una empresa de aguas pública debe ser «transparente», como el elemento que gestiona, «participativa» y debe «rendir cuentas». Son las claves que deben aunar, según los expertos, estos entes, de los que dependen actuaciones de gran importancia para la ciudadanía en materia de aguas. Hasta ahora, ha habido tímidos avances en este sentido, pero queda mucho por recorrer para lograr una completa apertura, explica el catedrático de la Universidad de Sevilla y miembro de la Fundación Nueva Cultura del Agua Leandro del Moral.
Y es que, pese a que son públicas y, por ende, están sometidas al «control por parte de los representantes que se eligen cada cuatro años», Del Moral cree que tienen una «tradición de empresas corporativas, cerradas en sí mismas», lo que se traduce en poca comunicación y rendición de cuentas a la sociedad. A su juicio, son insuficientes, por tanto, las auditorías o la aprobación de presupuestos que Emasesa, Aljarafesa o Aguas del Huesna llevan a cabo hoy en día, pues deberían ir más allá y «someter a escrutinio sus decisiones importantes».
En el caso concreto de la Empresa Metropolitana de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas de Sevilla, Del Moral asegura que ha habido experiencias «interesantes» de apertura, en las que se ha ido incorporando progresivamente a vecinos, consumidores, usuarios y expertos en sus órganos de decisión. «Pero estas experiencias se interrumpieron durante el gobierno de Juan Ignacio Zoido y estamos esperando que en esta nueva etapa se retomen con claridad, cosa que de momento no vemos», señala. Un extremo que confirma Ángela Lara, arquitecta especializada en planificación sostenible y participativa de los servicios básicos urbanos y actual miembro del consejo de administración de Emasesa designada por la formación Participa Sevilla.
Desde que forma parte del ente, una de las cuestiones en las que insiste es en realizar una planificación de actuaciones que se ajusten a las necesidades reales de la ciudad: «Hay que tener muy presente que en materia hidrológica se hacen inversiones de muchos millones de euros que deben partir, como mínimo, de un debate público», señala Lara, al tiempo que critica que, en ocasiones, ni siquiera el consejo de administración se entera de las gestiones que la empresa realiza. Y se refiere, por ejemplo, al traslado de la depuradora de San Jerónimo, del que – «lejos de estar en desacuerdo», aclara–, «muchos nos hemos enterado por la prensa».
De esta forma, la arquitecta apuesta por realizar un mapeo de las verdaderas demandas y, de la mano de especialistas, establecer los criterios de priorización de las actuaciones a realizar.
Entre los temas importantes a desarrollar desde Emasesa se encontrarían la renovación de redes, tanques de tormentas o la adaptación de depuradoras a la nueva normativa. Del Moral apostilla que, aunque el sevillano cuenta con un «buen sistema de distribución, saneamiento y depuración, este último necesita adaptar los vertidos al carácter sensible del medio receptor, que es el estuario del Guadalquivir».
Aljarafesa y Aguas del Huesna no se libran de esa «falta de transparencia» que les achacan los expertos. Y es que Del Moral cree que la población debe ser consciente de que las empresas de agua «han producido, producen y pueden producir beneficios» y, sobre todo, tienen que conocer el origen de esos beneficios: si es por las tarifas, por sus costes de operación... No obstante, los expertos destacan que hay aspectos muy positivos de la gestión pública del agua sevillana. En primer lugar, que esta sea 100 por cien pública ya es una cuestión de suma importancia, «pues solo así se puede garantizar el buen servicio y que este se preste con criterios de sostenibilidad ambiental y con respeto al carácter de derecho humano que el agua tiene».
Asimismo, las infraestructuras de captación, esto es, los embalses, en su conjunto, pueden calificarse de «muy potentes», lo que da lugar a un nivel muy alto de garantía de abastecimiento. Del Moral recuerda, no obstante, que «no hay que bajar la guardia respecto a mantener y mejorar los criterios racionales de consumo».
Con respecto al sistema tarifario, los expertos aplauden que este sea progresivo, es decir, que pague más caro el metro cúbico quien más consume. En primer lugar, porque «permite recuperar los costes en buena parte» y, además, porque penaliza a quienes realizan un consumo excesivo. Aquí, de nuevo, se rompe una lanza a favor de la gestión pública del agua, que ha apostado en todo este tiempo por educar a la ciudadanía con el objetivo de cambiar el estilo de consumo, «en general más cuidadoso».