El curso 2017-2018 comienza en la Universidad de Sevilla con una convocatoria de huelga: los Profesores Ayudante Doctor (PAD) y Contratado Doctor interino (PCDi) vuelven a la carga después de los paros que protagonizaron a final de curso en demanda de su promoción automática a Profesor Contratado Doctor. La novedad en septiembre es que la huelga está convocada con carácter indefinido a partir de día 4. La convocatoria se extiende a todo el personal docente e investigador y, en principio, puede afectar a un buen número de estudiantes en los exámenes.
La huelga, explica el portavoz de la coordinadora convocante, Carlos Bueno, «que pretende ser punta de lanza de lo que será un curso 2017-2018 muy conflictivo en el ámbito universitario andaluz» y que «debería ser objeto de preocupación por parte del Consejero Antonio Ramírez de Arellano». En la US hay 247 profesionales afectados, y alrededor de 800 en el conjunto de las universidades andaluzas.
El primer día de septiembre, el colectivo ha convocado una asamblea en la facultad de Geografía e Historia «para aprobar el calendario de movilizaciones y protestas para los primeros días de huelga». «Nos parece increíble, o al menos difícil de entender, que con una huelga anunciada desde mediados de julio no haya habido nadie, desde el Rectorado o desde la Junta de Andalucía, que haya contactado con nosotros. Interpretamos que esto es una muestra más de absoluta dejadez, o falta de voluntad, por parte de quienes deben encontrar soluciones justas», aclara Carlos Bueno.
La situación de los profesores Ayudante Doctor y Contratado Doctor interino es conocida después de las movilizaciones que protagonizaron a final de curso. Después de años de tasa de reposición cero proliferaron las figuras de ayudante doctor y contratado doctor interino, que no eran nuevas pero que, hasta ese momento, permitían a quienes las ocupaban y tenían la acreditación necesaria ascender en el escalafón universitario.
En los últimos años se ha producido un tapón en ese proceso, porque ayudantes e interinos no han podido dar el paso adelante, a pesar de que disponían de las acreditaciones necesarias, certificadas por la Agencia Nacional de Evaluación de la Calidad y Acreditación (ANECA). Y aquí está otro problema: ahora, en lo que los afectados han bautizado como Anecazo, esos criterios se han endurecido enormemente.
