La Audiencia Nacional confirma la pena de 14 años al sargento corrupto de Isla Mayor
La sentencia mantiene que el guardia civil condenado mantuvo contactos con el jefe de la organización para ofrecerle la «protección» de los miembros del Instituto Armado y facilitarle la entrada de hachís a través del Guadalquivir
La Audiencia Nacional ha confirmado la condena de 14 años y 3 meses de prisión que le impuso al comandante al frente del puesto de la Guardia Civil en Isla Mayor (Sevilla) por facilitar la entrada de hachís desde Marruecos a una organización dedicada al tráfico de drogas.
Francisco Javier C.B. fue el único de los 22 acusados -tres de ellos agentes de la Comandancia- que no pactó con la Fiscalía y recurrió la condena por delitos de tráfico de drogas con pertenencia a organización, blanqueo y cohecho ante la Sala de Apelaciones del tribunal, que ahora ha desestimado su recurso.
El resto de procesados, incluido el líder de la red, F.A.R.C., alias El Negro, fueron condenados a penas de entre 4 y medio y 8 años de cárcel, y la Sala les aplicó la atenuante de reconocimiento del daño.
Según consideró probado el tribunal -y ahora confirma la Sala-, en abril de 2016, el condenado, sargento de la Guardia Civil, mantuvo contactos con el jefe de la red para ofrecerle la protección y facilitarle la entrada de hachís a través del Guadalquivir. Acordaron la entrega de 6.000 euros al inicio y otros 20.000 cada vez que la operación se saldase con éxito.
Una actuación respaldada por los otros tres miembros de la Comandancia condenados y que consistía en facilitar información sobre la hora y el lugar de las patrullas "para evitar coincidir con la entrada de hachís", sobre los vehículos sospechosos que pudiesen vigilar las descargas y además "trataban de averiguar" si otras comandancias les investigaban.
Según la sentencia, que puede ser recurrida ante el Supremo, en el juicio se evidenció que el papel facilitador del condenado no era transitorio, sino que daba seguridad a las organizaciones que actuaban en su zona.
El tribunal tiene en cuenta la declaración "de signo incriminatorio" de otros acusados y la de testigos policiales, cuyas vigilancias le situaron en reuniones nocturnas con miembros de la red, así como los pinchazos ordenados por el juez, que "conllevan a dar por probada" esa labor "favorecedora" del narcotráfico.
Al argumento del comandante sobre la excesiva gravedad de la pena, la Audiencia sostiene que quien da cobertura a estructuras criminales de narcotráfico a cambio de dádivas es "no solo un miembro de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado" sino el "mando máximo" del puesto de Isla Mayor.
Era un sargento "que actuaba como comandante de puesto, con capacidad para influir" en las órdenes "para combatir el narcotráfico de la zona o para no hacerlo, como en este caso".
En el juicio el sargento adujo que fingía participar en operaciones de narcotráfico para captar información, una "coartada inverosímil", a juicio de la Audiencia, que indica que el acusado presentó su actuación como "simulada" que no se pudo ratificar.
Sin olvidar que los pinchazos "exteriorizaron una nada simulada colaboración" con las organizaciones "a las que aportó seguridad" para favorecer el tránsito de la droga "a cambio de dinero".