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Foto de la histórica manifestación de agentes de uniforme en 2007. / El Correo -
Puesto de información de la AUGC en Baeza este año. / El Correo
Como en un mundo al revés, el 20 de enero de 2007 3.500 guardias civiles de uniforme y muchos más de paisano se manifestaron en Madrid para reclamar mejoras laborales y avanzar en el derecho a la libre sindicación, que las leyes españolas les niegan por la condición militar del cuerpo.
La imagen, histórica por lo chocante, no se logró en un día. Detrás estaba una organización, la Asociación Unificada de Guardias Civiles, nacida en 1994 y heredera indirecta del SUGC, un sindicato clandestino surgido en los años 80 y que encalló con sus dirigentes en la cárcel.
Solo cuando comenzaron a conocerse los latrocinios del corrupto primer director general civil del cuerpo, Luis Roldán, se pudieron reorganizar algunos agentes en una asociación de perjudicados por el prófugo de Laos, germen de una asociación cultural que realiza las funciones de un sindicato: la AUGC.
Javier Torrellas es secretario de comunicación federal de Andalucía de la AUGC. «Nuestro objetivo no es, como dicen, destruir la Guardia Civil. Solo somos guardias civiles que queremos mejorar nuestras condiciones de vida y las de nuestras familias. La AUGC ofrece cobertura jurídica y asistencia ante el régimen disciplinario, además de contar con un seguro muy potente frente a las sanciones», expone Torrellas. En la organización tienen clara la referencia: los sindicatos legales de la Policía Nacional, gracias a los que los agentes del otro cuerpo de seguridad del Estado han logrado aspectos laborales básicos como la definición de la jornada laboral y la negociación en condiciones paritarias con el Ministerio del Interior.
A los guardias civiles les cuesta más trabajo y se enfrentan a situaciones kafkianas, como la muy reciente de la agente que pretendió hacer un control de alcoholemia con un chaleco homologado adaptado a su anatomía femenina de su propiedad porque el que había disponible estaba pensado para un hombre.
«Ella discutió con su mando porque el chaleco no solo es que no le valiera, sino que la ponía en peligro en la carretera», relata Torrrellas. La discusión acabó en sanción disciplinaria y en un amago de pena militar –calabozo– que el juez togado militar «archivó por la presión que pudimos hacer», prosigue el secretario de comunicación de la AUGC.
Otro caso reciente: la sanción a otra guardia civil por venirle el periodo estando de servicio y ausentarse los minutos imprescindibles para colocarse una compresa. Es la cara oculta de una institución que está entre las más valoradas por los españoles, pero que esconde algunas situaciones incomprensibles.
«La escala de mando arrastra unos privilegios históricos y una idea de la Guardia Civil que ni nosotros ni la sociedad demanda», explica Torrellas. De los 77.000 guardias civiles que hay en España su asociación dice representar a 31.000 (casi la mitad). En Andalucía pertenecen a la AUGC 8.000 de un total de 14.000 agentes, también según cifras que ofrece la propia organización. «Tenemos delegaciones en todas las provincias España».
La estructura de esta asociación está garantizada desde 2007, poco después de la manifestación de uniforme, cuando el Gobierno de entonces (lo presidía José Luis Rodríguez Zapatero) aprobó la Ley de Derechos y Deberes de la Guardia Civil, una reclamación histórica de la AUGC que reconoció su papel pseudosindical como asociación profesional no vinculante, con derecho a sentarse y participar en el Consejo de la Guardia Civil con ocho vocales de un total de 15. «Pero cuesta mucho avanzar en prevención de riesgos laborales o en la definición de la jornada laboral porque ni somos vinculantes ni tampoco un sindicato», reclama el portavoz de la AUGC.
Otros problemas del cuerpo es la escasa oferta de plazas. «1.500 guardias civiles entraron el día 15, con última promoción. Anualmente pasan a retiro o reserva unos cuatro mil. Y en los años de crisis ha habido promociones de solo 120 agentes», expresa Torrellas. A esta, a criterio de la AUGC, escasez de personal, se suma la «falta de medios»: vehículos con 400.000 kilómetros –imagíneselo desarmándose tornillo a tornillo en una persecución con baches– o casas cuarteles en estado «ruinoso».
«Nuestra esperanza está en llegar a ser un sindicato, y tenemos esperanza porque el Tribunal de Estrasburgo ha reconocido ese derecho a los gendarmes franceses, un cuerpo muy similar al nuestro, que se inspiró en la Gendarmería. Ellos dieron el paso de demandarlo el año pasado y lo acaban de conseguir», se anima. Porque el Tribunal Supremo español ha reconocido este año el derecho de manifestación a los guardias civiles.
Entretanto, es indicativo del divorcio entre la imagen oficial de la Guardia Civil y la de esta asociación el hecho de que, un año más, la AUGC haya colocado hace pocos días en Baeza, junto al edificio que acogía la graduación de los aspirantes a la Guardia Civil, su puesto informativo, a 40ºC. Por supuesto, el calor ni ablandó a la institución para dejarlos pasar, ni a los asociados bajo el solano para que abandonaran su lugar.
En Sevilla la AUGC ha presentado recientemente un protocolo para la prevención de conductas suicidas. «De 1982 a 2015 se produjeron 447 casos en el cuerpo, un suicidio cada 26 días, un índice muy superior a la media de la población general. Sospechamos que la rigidez profesional y la presión del régimen disciplinario influyen».
«El anterior protocolo, del año 2006, no funciona bien y reclamamos que los psicólogos sean externos al cuerpo, no mandos porque si un guardia civil tiene problemas con un superior no se los va a contar a otro», resume Torrellas.