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El servicio municipal de ayuda a domicilio ha beneficiado a más de 3.000 sevillanos en este 2016. / J.M. Paisano
El Ayuntamiento de Sevilla informó ayer de las características del nuevo contrato del servicio de ayuda a domicilio que ha adjudicado la Delegación de Bienestar Social y Empleo y que constituye una de las grandes inversiones del presupuesto municipal del próximo ejercicio. El nuevo programa, que entrará en vigor en enero de 2017, incorpora por primera vez cláusulas sociales como elemento clave en la adjudicación de ofertas. Algo que, en palabras del concejal socialista Juan Manuel Flores, permitirá apostar «por una perspectiva de realidad social».
Con estas novedades, el gobierno local pretende una mejora sustancial en la prestación de este servicio ciudadano –que está cofinanciado mayoritariamente por la Junta de Andalucía– pero también un aumento del número de usuarios que reciben estas ayudas a domicilio. Flores cifró esta posibilidad de crecimiento en un máximo un superior al 30 por ciento con respecto a los datos de usuarios de este 2016, que en su conjunto han rondado las 3.000 personas atendidas.
Otra de las grandes novedades está relacionada con la prestación del servicio que, por primera vez, no estará en manos de una sola empresa (Clece era la adjudicataria actual) y será responsabilidad de hasta cuatro de ellas. Para ello, Bienestar Social ha optado por dividir el mapa de la ciudad en cuatro grandes zonas que cuentan con un presupuesto propio de la partida global de 36 millones que se destina a este servicio. Un primer lote, correspondiente a los distritos Casco Antiguo, Triana y los Remedios, concedido a Asisttel por 6,07 millones; un segundo lote del área Este de la ciudad, adjudicada a Claros por 8,2 millones; un tercero en la Macarena a la empresa Servisar por 6,7 millones; y un cuarto, el más amplio de todos, para Clece, que tendrá 13,7 millones de euros para prestar servicio a Nervión, San Pablo y Polígono Sur.
En total han sido 13 las empresas que se han presentado a este concurso, cuya resolución fue aprobada en Junta de Gobierno el pasado viernes. Según advirtió Flores, «por primera vez el peso de la adjudicación no ha estado en manos de la oferta económica», que hasta ahora suponía un 60 por ciento de la puntuación total. «Ahora un 40 por ciento es lo económico, un 30 por ciento el proyecto técnico y otro 30 por ciento las cláusulas sociales». Este hecho obliga a las empresas a que «al menos el 10 por ciento de la plantilla» sean personas con dificultades de acceso al mercado laboral –como mínimo 12 meses en paro en los últimos dos años– y otros colectivos vulnerables como víctimas de la violencia de género o personas con discapacidad.
Asimismo, Flores expuso que se espera también un aumento de los puestos de empleo derivados de esta actividad que, actualmente, se sitúan en torno a los 1.300. «Se prevé la incorporación a los equipos técnicos de un educador social y, además, se ha bajado la ratio por cada coordinador que era de 175 usuarios y ha pasado a ser de 150», explicó.