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Los magistrados de las secciones penales de la Audiencia han presentado hoy su denuncia. / El Correo
Basta ya. Es el ultimátum de los magistrados destinados a las secciones penales de la Audiencia Provincial de Sevilla que han decidido denunciar ante la Comisión Nacional de Seguridad y Salud del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) la sobrecarga de trabajo que vienen sufriendo, incrementada por la llegada de las macrocausas. «La Audiencia no está preparada» para asumir los 90 juicios por corrupción que están ya a la espera, y los que están por venir. Los jueces recuerdan que el problema no solo es de ellos, sino que al final son «los ciudadanos quienes acaban pagando» las consecuencias de una resolución judicial de escasa calidad, comparando su situación a la de la sanidad pública.
Los magistrados han leído esta mañana un comunicado en el que «la plantilla resulta insuficiente para una organización eficiente y afrontar la carga de trabajo que se recibe, como hemos puesto reiteradamente en conocimiento del Tribunal Superior de Justicia de Andaluía (TSJA) en los plenillos celebrados en esta Audiencia; el último el 8 de junio de 20172». «Tenemos el mismo problema que los médicos del SAS, si no se cubren las plantillas y trabajan estresaros no pueden ofrecer la adecuada atención al ciudadano. Si se resuelve todo de cualquier manera eso perjudica a la respuesta judicial. No me preocupan tanto las macrocausas, porque esas mejor o peor se van a sacar, me preocupan los asuntos ordinarios porque tras ellos hay ciudadanos con una orden de alejamiento, esperando una resolución que le afecta a su vida. Estamos sometidos a una presión que lo único que importa es quitarse papel de encima y así él que pierde es el ciudadano», destacó el presidente de la Sección Cuarta, José Manuel de Paúl.
Según las estadísticas aportadas por los 20 magistrados que firman el escrito, 2017 cerró con con una carga de trabajo por magistrado ha superado «el 33,4 por ciento del módulo establecido por el CGPJ», que es de entre 264 y 316 asuntos por año y juez, cuando en Sevilla es de 421. «Las deficiencias de la planta de Sevilla son más visibles si se compara no ya con la media nacional, sino con otras audiencias de similar tamaño y carga de trabajo», recoge el escrito. Así, la Audiencia sevillana «tiene menos número de secciones y de magistrados que Alicante, con cinco secciones y 24 magistrados», cuando Sevilla tiene cuatro y en la actualidad 21 magistrados desde noviembre por el reingreso de una jueza «en servicios especiales».
Por ello, Francisco Gutiérrez, uno de los magistrados de la Sección Cuarta, explicó a los periodistas que la Audiencia «no está suficientemente dimensionara para atender de forma satisfactoria la carga de trabajo que tiene asignada». A esto se añade, las macrocausas que están terminando de ser investigadas y que ya han sido remitidas a la Audiencia para su juicio, que en la actualidad son «unas 90». De he hecho, la primera de ellas, la causa por el procedimiento específico de los ERE, ya se está juzgando, y hasta que no termine no se podrá comenzar con otras que están en espera «porque los abogados son los mismos». Por ello, la previsión más optimista es que esta situación de sobrecarga se extienda al menos «cinco o seis años», lo que incluso puede degenerar en una situación de bloqueo.
Según los magistrados, las decisiones que se han venido tomando a este respecto por parte del TSJA y del CGPJ no han sido las adecuadas, «hemos agotado toda las vías jurisdiccionales pidiendo refuerzos, pero nosotros no podemos nombrar los jueces», señaló Gutiérrez. Así, relatan que no se han nombrado refuerzos ni jueces sustitutos cuando se han producido bajas hasta pasado un tiempo o cuando se eximió del 50 por ciento de a carga de trabajo a un compañero de la Sección Tercera para «adaptación al puesto». A esto se une, que uno de los magistrados de esta sala está exento del resto de asuntos para poder resolver la sentencia del caso Betis.
Por ello, consideran que solo para poder tramitar los asuntos ordinarios serían necesarios un total de 27 magistrados, a los que había que añadir tres más en comisión de servicio para sustituir a los que estén destinados a las macrocausas y un cuarto para relevar a los ponentes de las sentencias.
El escrito concluye reclamando la apertura de un expediente por parte del Servicio de Prevención del CGPJ para que analice la situación, que se le dé traslado al presidente de la Comisión Nacional de Seguridad y Salud, así como al presidente del TSJA, Lorenzo Del Río.
Por último, añaden que «de no obtener respuesta de actuación satisfactoria alguna en el plazo de cinco días» darán traslado a las asociaciones judiciales para que tomen las medidas oportunas.