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Una de las sesiones del juicio del caso Mercasevilla. / EFE
«La decisión estaba tomada, era todo un paripé». Con esta frase la Fiscalía de Sevilla ha resumido en su informe final, lo que a su entender ocurrió en el proceso de venta de los suelos de Mercasevilla, por lo que ha solicitado la condena del que fuera exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos, el exconcejal socialista Gonzalo Crespo y de los otros ocho acusados que se sientan en el banquillo. Para la Fiscalía «estaba todo preordenado a cumplir una decisión: que Sando se hiciese con los terrenos, por el dinero que estaba pagando Mercasevilla» por la titularidad de un solar. Entre los encausados también se encuentran el exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, directivos de Sando, dos técnicos y el exdirector de Vía Pública Domingo Enique Castaño.
La jornada de hoy del juicio ha comenzado con los informes de las partes. En su turno, el Ministerio Público ha insistido en la idea de que la «decisión» de que fuera la constructora Sando estaba tomada previamente. En concreto, al momento en el que esta empresa se subrrogó el derecho de superficie de unos solares, anteriormente en manos de Larena 98, que no estaba haciendo frente a los pagos mensuales. «Lo único que quería Mercasevilla era seguir recibiendo el canon mensual», mientras que a su entender «Sando tenía la voluntad de hacer de banco de Mercasevilla, porque iba a comprar los terrenos y todo lo que entregaba eran cantidades aportadas a cuenta».
Por este motivo ha afirmado que ambas operaciones, esta de la subrogación y la posterior venta del terreno que ocupaba la lonja, «estaban vinculadas», tal y como lo demuestran algunas «cláusulas del protocolo de intenciones firmado por ambas entidades». «La decisión era dar el concurso a Sando y la condición era subrogarse», ha sentenciado, y para ello se había decidido hacerlo por adjudicación directa.
UN PLIEGO «ESPONTÁNEO»
Sin embargo, cuando el secretario y el interventor del Ayuntamiento desaconsejaron esta opción y propusieron como fórmulas el concurso público o la subasta «el plan se les viene abajo». «Estaba todo preordenado a cumplir una decisión: que Sando se hiciese con los terrenos por el dinero que estaba aportando a Mercasevilla. Había que seguir con esta decisión cuando se descartó la adjudicación directa y se optó por el concurso público». Sin embargo, la elaboración del borrador del pliego de condiciones «parece que fue por una posible generación espontánea», ha dicho en referencia a que todos los acusados se han desvinculado del mismo.
En cuanto a las polémicas cláusulas que se incluyeron y que beneficiaron a Sando frente a la oferta más ventajosa, que era de la inmobiliaria Noga, el fiscal ha llamado la atención sobre el hecho de que en la oferta social de la constructora «incluyera donaciones la fundación» de Mercasevilla, cuando esta aún no se había creado. Sobre la limitación al alza del precio de compra, que perjudicó a Noga, ha tumbado la justificación de Torrijos que se hizo para «evitar la especulación» y encarecer el precio de un suelo que iba destinado mayoritariamente a VPO, cuando había «otros costes que tenía que asumir el comprador que también encarecían el precio». El fiscal ha destacado también que la cláusula de titularidades previa «no aparece en ningún pliego de ventas de suelo» y ha dicho que aunque había 200 entidades más que también ocupaban suelo en Mercasevilla como Sando, «ninguna de ellas era una de las constructoras con poder como para poder afrontar una compra como esta».
OFERTAS «DE RELLENO»
Por todo ello, el Ministerio Público ha asegurado que «llama la atención, por las cláusulas, por las especificaciones técnicas, como si estuviera hecho muy deprisa, si como la decisión estuviera ya tomada y el concurso era un paripé». Asimismo, la Fiscalía ha hecho referencia a la existencia de «ofertas de relleno», pues algunas «eran un simple folio», frente a la «preparación» que presentaba la de Sando.
«Hubo una labor fehaciente de ocultamiento y el papel lo tienen las personas que hoy están encausadas», a lo que el fiscal ha añadido que esto «causó un perjuicio económico a Mercasevilla, que hizo que no se pudieran valorar a derecho el resto de ofertas». Así, ha solicitado la condena para los diez acusados por un delito de fraudes y exacciones ilegales a dos años de prisión y ocho de inhabilitación, o alternativamente por un delito societario, en cuyo caso Torrijos quedaría absuelto porque en su caso el delito habría prescrito. Para Mellet y uno de los directivos de Sando también solicita nueve años de inhabilitación por prevaricación.