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El exportavoz municipal de IU Antonio Rodrigo Torrijos entra en la Audiencia junto a su abogada. / Manuel Gómez
El exportavoz municipal de IU y primer teniente de alcalde Antonio Rodrigo Torrijos no podría ser condenado por delito societario, en caso de que la jueza considere que los acusados por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla cometieran este delito, porque en su caso habría prescrito. Sin embargo, el fiscal no lo aclaró así en su petición, sino que fue la propia magistrada la que se lo tuvo que recordar en la sesión de este viernes. En esta nueva jornada del juicio todas las defensas han solicitado la absolución de los diez acusados y la aplicación de dilaciones indebidas en la investigación en caso de que sean condenados.
La Fiscalía de Sevilla solicitó el jueves una condena de dos años de prisión por un delito de fraude y exacciones ilegales para los diez acusados; y para el caso del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet y el empresario de Sando Luis Sánchez Manzano nueve años de inhabilitación por otro delito de prevaricación. En sus conclusiones, el fiscal introdujo una modificación a su petición de pena inicial, al introducir una condena alternativa.
Así, explica que esta alternativa se solicita «para el caso de que se estimara la cuestión previa planteada por la defensa del encausado Fernando Mellet, sobre la no consideración de la empresa mixta Mercasevilla como administración pública» y, por tanto, «la no consideración del encausado como funcionario público». A lo que añade que «del delito societario, en su caso, responderían como autores» seis de los acusados, entre ellos Torrijos. Los otros cuatro encausados estarían considerados como cooperadores necesarios.
Una petición que planteó, pese a que fue la propia Fiscalía la que explicó en las cuestiones previas al juicio que el ex primer teniente de alcalde no podía ser acusado ni condenado por este delito porque en su caso «habría prescrito». El motivo de que sea el único de los diez acusados para el que habría prescrito este delito es que fue el último en ser imputado por la jueza Mercedes Alaya, dos años después y a escasos días de unas elecciones municipales a las que Torrijos se presentaba como candidato, con lo que el plazo legal de cinco años desde que ocurrieron los hechos ya se había cumplido cuando se le abrieron diligencias en abril de 2011.
Fue la propia jueza la que, adelantándose a la abogada de Torrijos, Encarnación Molino, la que instó a la Fiscalía a que aclarara si solicitaba la condena para Torrijos también por este delito. La magistrada le recordó al fiscal que en las cuestiones previas él mismo había explicado que en el caso de Torrijos este delito estaba prescrito. Además, el abogado de los Mayoristas de Fruta, que acusaba por este delito, retiró la acusación contra el exedil el jueves.
ABSOLUCIÓN
En la jornada de este viernes, fue el turno de las defensas para exponer sus conclusiones. Todas coincidieron en solicitar a la magistrada la absolución. Igualmente, los abogados defensores reclamaron, «en el caso de una hipotética sentencia condenatoria», diferentes atenuantes de la pena, pero todos coincidieron en reclamar la «atenuante muy cualificada de dilaciones indebida» durante la investigación.
Abogados como Jorge Piñero, que es uno de los acusados, recordaron «no solo los periodos de inactividad total de la causa», que ha tardado siete años en llegar a juicio, «sino otros de actividad baldía e innecesaria, como luego se ha demostrado». Otra de las cuestiones que plantearon las defensas de los acusados que están considerados como cooperadores necesarios es que la Fiscalía les reclame la misma pena que a los autores, «cuando debería rebajar la condena en un grado».
UNA CRÍTICA A LA INSTRUCCIÓN DE ALAYA
El largo juicio por la supuesta venta irregular de los suelos de Mercasevilla está dejando una postura más que evidente. El descontento de las defensas con la investigación llevada a cabo por la magistrada Mercedes Alaya, durante su etapa al frente del Juzgado de Instrucción número 6.
Si en la fase de las cuestiones previas al juicio la el abogado del exdirector general de Mercasevilla Fernando Mellet, José Manuel Carrión, llegó a afirmar que «no existe parcialidad en la jueza instructora»; este viernes, los abogados recriminaron repetidamente a la magistrada, aunque sin citarla a ella, su tardanza en la investigación, pues han sido siete años hasta que ha llegado a juicio. «Amplios periodos de inactividad. Es llamativo que en el año 2013 no se hiciera nada», indicaba ayer el abogado de una de las técnicos acusadas, Miguel Cuéllar. El letrado de Bustamante, Miguel Cuéllar, también lamentó las «amplias investigaciones que no llevaron a nada» y en la que se vieron implicadas «muchas personas» o la tardanza «inexplicable» de algunas diligencias como «el segundo atestado de la Guardia Civil», entregado al juzgado «un año después» de la «aparición estelar» de la dirección de Mercasevilla con nuevos documentos.