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La puerta de la calle San Fernando del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Txetxu Rubio
La Universidad de Sevilla (US) ha tramitado dos denuncias internas por acoso sexual en los años 2014 y 2016, según los datos de la Memoria de actuaciones en aplicación del Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo de la US, que se presentó en el Consejo de Gobierno de la Hispalense el pasado 23 de mayo. La denuncia por acoso sexual de 2014, fecha en la que ejercía como rector el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, terminó con un informe con medidas cautelares. El trabajador, al que se le aplicaron medidas de separación de su puesto de trabajo, recurrió esa decisión. «Se adoptan medidas correctoras por problemas de clima laboral. En vía judicial por desacuerdo con medidas correctoras», resume la Memoria. Además, tanto en 2016 como en lo que va de 2017 se han producido también en el seno de la institución dos denuncias por acoso laboral.
La vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios, Ana López, informa de que el de 2014 se trató de «un caso en el que se adoptaron medidas de separación por un conflicto en el departamento. Lo que el comité –el Comité Técnico para la Prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso (CPEIA)– determinó es que había un conflicto que podía afectar a la salud laboral», por lo que decidió «separar los lugares de trabajo de las personas para que todo el mundo pudiera desarrollar su trabajo». López aclara que el hecho de «que se denunciara inicialmente como acoso sexual no quiere decir que se tipificara finalmente como tal». De hecho, puntualiza, «muchos de los temas de acoso sexual tienen que ver con la solicitud de relación de una persona con respecto a otra y una negativa. Han sido casos de ese tipo y todos se han resuelto».
El documento da a conocer también los datos sobre las intervenciones que ha realizado el CPEIA a petición de centros de la Universidad sin que haya mediado denuncia. En 2015, el comité actuó sobre un posible caso de acoso sexual y dos de acoso laboral. En 2016, acometió tres actuaciones, todas por sospechas de acoso laboral.
De las denuncias tramitadas, sólo una continúa «en investigación», y se trata de un caso de acoso laboral entre Personal Docente e Investigador (PDI), según las fuentes consultadas por este periódico. Del resto, en una se abrió un expediente disciplinario, otra es en la que el trabajador acudió a la vía judicial y las otras tres se cerraron «sin evidencias de acoso ni de conflicto interpersonal».
En el caso de las intervenciones del comité a petición de centros, en una hay un «proceso judicial por hurto (externo a la Universidad)»; en otra se abrió un expediente disciplinario; en otra se produjo «mediación por conflicto puntual», y las otras tres se resolvieron «sin evidencias de acoso ni de conflicto interpersonal».
La propia Universidad resumió la presentación de la memoria en un párrafo en el que agrupa las denuncias y las quejas: «Se han analizado 12 casos. Todos están resueltos, excepto uno que sigue en el proceso de investigación. De los casos analizados, en seis no se apreciaron evidencias de acoso ni de conflicto interpersonal. En dos casos se derivó a expediente disciplinario, en un caso se adoptaron medidas correctoras para mejorar el clima laboral y en otro caso se recurrió a un proceso de mediación».
El caso de Santiago Romero como punto de inflexión
Las posibles situaciones de acoso en la Universidad de Sevilla pasaron al primer plano en enero de este año, cuando el catedrático de la US y ex decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Santiago Romero, fue condenado a siete años de cárcel por abusar sexualmente de dos profesoras y una becaria de su departamento.
Un instrumento en proceso de «mejora y evaluación»
La vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla (US), Ana López, insiste al hacer balance del Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de Sexo en que «las cosas han ido con normalidad. Hemos intentado difundirlo, que la comunidad universitaria sepa que tiene un recurso» en el que apoyarse ante situaciones de este tipo. López destaca además que «hemos presentado la memoria porque hay que evaluar el protocolo para ver las mejoras posibles», porque «estamos en un proceso de mejora y evaluación».
Respecto al hecho de que el año pasado y en los meses que van de 2017 se hayan contabilizado un total de cuatro denuncias por acoso laboral, López comenta que «hay que tener en cuenta que el protocolo se aprueba en 2013 –en diciembre– y contempla una labor de prevención. Los procedimientos tardan en calar. Nosotros hemos puesto en marcha cursos y hemos intentado darle una difusión muy amplia para que la comunidad universitaria sepa que es un recurso que puede utilizar». De manera que, en opinión de la vicerrectora, ese esfuerzo de difusión de la institución «ha ido calando» con el tiempo. Aunque hay que seguir trabajando. «A pesar del avance, tanto en materia de sensibilización como en la capacidad de intervención, que ha supuesto la aprobación en 2013 del Protocolo, los sucesos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de su evaluación y una reflexión conducentes a la mejora de la eficacia en la respuesta de la Universidad en la prevención, intervención y protección de las personas que pudieran estar siendo víctimas de un trato indigno», insiste la Memoria.