La inserción no cubre a todos

Uno de los últimos BOJA del año pasado publicó el 26 de diciembre el decreto de la renta mínima universal, un instrumento para combatir los peores efectos de la crisis económica y social que se ha cebado desde hace 10 años con Andalucía. Fue presentada unos días antes tras el consejo de gobierno de la Junta del 19 de diciembre.

Los impulsores defienden que no es una simple nueva paguita, sino que el subsidio es un elemento más de un plan de un año (prorrogable) para volver a la integración social, con el empleo como meta y con la posibilidad de retirar esta ayuda si el beneficiario no pone de su parte para salir del hoyo. Además, destacaron el consenso con numerosas organizaciones que la reclamaron en el Parlamento tras una recogida de firmas multitudinaria.

Hasta 120.000 personas (unas 45.000 familias), según la estimación de la Consejería de Igualdad, pueden solicitar ya esta renta mínima desde el 1 de enero. Precisamente este alcance es el aspecto más criticado. Las organizaciones sociales calculan unas 200.000 familias y un millón de personas en Andalucía en exclusión o en riesgo de pobreza, por lo que la gran mayoría de quienes necesitan esta ayuda se quedarán fuera pese a cumplir los requisitos.

Otra de las críticas que ha recibido es que Andalucía ha sido la última de las comunidades autónomas en disponer de esta renta mínima, cuando precisamente está entre las más autonomías depauperadas por la crisis.

Según las características y dificultades de cada beneficiario y sus familiares a cargo o dependientes, la renta mínima oscilará en pagas de entre 419,52 y 779,87 euros. La partida global para este año será, según la consejera de Igualdad, 216 millones de euros, aunque algunas de las organizaciones que impulsaron esta renta mínima mediante una iniciativa legislativa popular la rebajan a 198 millones. En todo caso su financiación se incluye en los presupuestos de la Junta y esta promete destinar a recuperar a los andaluces víctimas de la crisis hasta 819 millones de euros de aquí a 2021. El decreto expone que el sistema se revisará cada cuatro años, «para comprobar lo que funciona y qué personas se quedan al margen», puntualiza desde CCOO Rosa Berges, secretaria autonómica de Políticas Sociales, pero ella es muy crítica con la dotación: «Con ese presupuesto es imposible. Y además hay que contratar a más personal en los servicios sociales para evaluar los planes de seguimiento y los de inclusión laboral de cada beneficiario».

Y es que de nada valdría que estos itinerarios hacia la mal denominada normalidad fueran de corta y pega, iguales para todos porque, como dijo el escritor Liev Tolstoy, «las familias desgraciadas lo son cada una a su manera». De hecho, la sindicalista destaca que, además de la cuestión laboral, son importantes las circunstancias de vivienda, servicios sociales, convivencia, salud, dependencias e incluso falta de hogar, que ahora, defiende, se tienen en cuenta. «Y la casuística es demasiado variada como para creernos que en un año se puede salir de la pobreza. Lo lograrán algunos, en circunstancias favorables», insistió.

Entre los requisitos para solicitar esta renta mínima figuran no alcanzar los 435 euros al mes por persona. Suma más puntos tener menores a cargo, las familias monoparentales, las víctimas de violencia de género y las personas con discapacidad, y no los restan la vivienda habitual, las prestaciones por hijos a cargo, las pensiones de orfandad, acogimiento, de alimentos o por situación de dependencia, las becas o las subvenciones a la vivienda habitual, entre otras.

Los negociadores del texto del decreto tuvieron asimismo cuidado de evitar que esta renta se convirtiera en un coladero de pobres subvencionados, expone Jordi Castilla, de la asociación de consumidores Facua. Por ello, permite compatibilizar su cobro con trabajos de corta duración. La propia consejera mencionó el «efecto indeseado» de otras fórmulas sociales anteriores de desincentivar la búsqueda activa de empleo.

Por qué aparece

El propio decreto explica que la tasa de crecimiento económico en España supera el tres por ciento, pero hay 1,7 millones de trabajadores menos y los salarios han caído también. El porcentaje de riesgo de pobreza en Andalucía está entre los más altos del país, y en las ocho ciudades más grandes de Andalucía malviven 1.731 personas sin hogar: estamos ante una fractura «estructural» y con mano de obra expulsada para siempre del mercado de trabajo. El antecedente, el Programa de Solidaridad de 1999, se había quedado corto: nadie salía de la pobreza en seis meses, como pretendían en el siglo XX.

Novedades

Vincula la prestación económica a las políticas activas de empleo y además esta se puede suspender y retomar si sale un trabajo de corta duración. Se amplía a 12 meses y admite excepciones entre los requisitos basados en la urgencia social (víctimas de trata, por ejemplo) o emergencia social (el incendio de la vivienda). Se introduce la perspectiva de género y el apoyo a las familias monoparentales. Dejan de computar pensiones de alimentos, de dependencia y ayudas para la vivienda habitual.

Requisitos

Familias con vecindad administrativa en Andalucía (salvo excepciones) pobres, excluidas o en riesgo de entre 25 y 64 años –hay excepciones, vinculadas a tener a cargo menores o ser víctima de violencia de género, o a situaciones de urgencia o emergencia social–. No pueden recibir esta renta los presos, salvo casos puntuales. Además de la prioridad para víctimas de género, también pueden solicitarla apátridas y refugiados y personas sin hogar. Los beneficiarios deben acreditar la escolarización de los menores a su cargo y estar inscritos en el Servicio Andaluz de Empleo (SAE) –con excepciones para los cursos de formación y otras circunstancias especiales– y disponer de recursos mensuales inferiores a 435 euros por persona en la familia, además de carecer de bienes cuyo valor no supere 10 veces el IPREM. También hay que comprometerse a cumplir el plan de inserción laboral y estar inscrito en la Agencia Tributaria. Entre las obligaciones destaca no rechazar ofertas de empleo.

Cuándo se cobra

La idea es que comience a percibirse a partir del primer día del mes siguiente de la fecha de entrada de la solicitud. Las más rápidas comenzarían a percibirse el 1 de febrero si no se agota el plazo de dos meses para resolver las solicitudes. El control financiero será permanente.

Extinción

Ojo a los defraudadores: la renta mínima de inserción se interrumpe ante el falseamiento de datos, la marcha de Andalucía y los incumplimientos del plan de inclusión laboral, sin perjuicio del reintegro de las cantidades percibidas de forma indebida.

Pobreza infantil

Berges da la razón a quienes han criticado esta renta mínima por no resolver la pobreza infantil en Andalucía. «Es un problema que va más allá de esta novedad. La pobreza infantil es el gran defecto de las políticas sociales en España, porque la protección a los menores es casi inexistente, y solo cubre a familias muy pobres y en condiciones muy precarias. Es un hueco enorme, en general, de la política social española, sobre todo si se la compara con otros países europeos, donde, por cierto, esas políticas sí han aumentado la natalidad.

No confundir con

La renta mínima de inserción no es lo mismo que la renta básica universal, aunque ambas ideas las hayan impulsado la sociedad civil, asociaciones, sindicatos... La renta mínima se da, hablando en plata, por ser pobre, una condición que hay que demostrar. La renta básica llegaría a todo el mundo. La diputada de Podemos Carmen Lizárraga explica que eliminar requisitos es eliminar costes administrativos, con lo que la renta universal es menos costosa para el erario público, en general. Por contra, si se deja de ser oficialmente pobre por un euro, se pierde el derecho a una renta mínima.

De las desventajas de la renta básica habla la secretaria de Políticas Sociales de CCOO-A, Rosa Berges: una renta universal parte de eliminar el resto de ayudas, como la de desempleo. Pero ese es debate para otro reportaje.