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Imagen de la antigua comisaría de la plaza de la Gavidia.
La Comisión Provincial de Patrimonio, dependiente de la Delegación territorial de Fomento, Infraestructuras, Ordenación del Territorio, Cultura y Patrimonio Artístico de la Junta de Andalucía en Sevilla, ha informado favorablemente la modificación puntual número 41 del Texto Refundido del Plan General de Ordenación Urbanística (PGOU) de Sevilla, por el que la parcela de la antigua comisaría de la Gavidia cambia la calificación de gran superficie comercial, promovida en el anterior mandato por Juan Ignacio Zoido (PP), a la nueva calificación de servicios terciarios, impulsada por el actual gobierno de Juan Espadas (PSOE).
Según informa la Junta de Andalucía en un comunicado, en la comisión, presidida por el delegado del Gobierno de la Junta de Andalucía en Sevilla, Ricardo Sánchez, se ha valorado que este cambio de uso a terciario se considera "más versátil y compatible" con el mantenimiento de las características del edificio.
El edificio, que fue construido para comisaría de policía en 1962 por el arquitecto Ramón Montserrat Ballesté, está inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz como bien de catalogación general, por aplicación la Ley 14/2007.
Así mismo, el inmueble se encuentra catalogado con nivel 'C', Parcial en grado 1, en el Plan Especial de Protección del Sector 8.2 'San Andrés-San Martín', aprobado definitivamente por el Ayuntamiento de Sevilla el día 29 de noviembre de 2013, estableciéndose en la ficha de catálogo correspondiente que se deberá conservar el edificio íntegro en todos sus aspectos arquitectónicos originales.
No obstante, respecto a su estudio volumétrico, se recoge que se permitirá la sustitución de alguno de sus cuerpos, así como el cambio de los materiales de fachada, prescribiéndose la conservación estructural y espacial, así como las obras de rehabilitación, modernización y reforma.
En este marco, la Comisión de Patrimonio ha considerado positivamente que el cambio de uso del edificio a servicios terciarios es compatible con la ordenación pormenorizada del conjunto histórico, en el que puede convivir con el uso residencial y el dotacional "sin generar tensiones estructurales no previstas" desde el planeamiento general en la zona, lo cual "no quedaba garantizado con el uso pormenorizado de gran superficie comercial".
De hecho, indica que su uso como gran superficie comercial hubiera "alterado sustancialmente la ordenación estructural que para el centro histórico se establecía en la memoria de ordenación del plan general". En la citada memoria, se señala que "frente a la competencia de las grandes superficies comerciales, fomentar el comercio especializado y declarar como localización prioritaria los ejes y sectores tradicionales extendiéndolos hacia el norte del conjunto histórico".
También se ha considerado que el uso pormenorizado de servicios terciarios, por su flexibilidad, sería compatible con la conservación estructural y espacial del edificio y, por tanto, con las determinaciones de su catalogación urbanística y patrimonial, como bien de catalogación general inscrito en el Catálogo General de Patrimonio Histórico Andaluz.
CERRADA DESDE 2003
Cabe recordar que el Consistorio ha intentado varias veces vender este inmueble, que fue cerrado en 2003 tras funcionar, durante décadas como comisaría de la Policía Nacional, y posteriormente cedido al Ayuntamiento. De hecho, en el pasado mandato, el entonces gobierno local del PP promovió de hecho una primera modificación del PGOU para reclasificar el edificio de suelo de interés público y social (SPIS) a suelo de gran superficie comercial, si bien al arrancar el actual mandato y recuperar el PSOE el poder, el Ayuntamiento desistió de completar dicha operación para decidir qué uso dar al edificio.
Para ello, sobre la mesa han pesado distintas propuestas para destinar el edificio a un hotel, un espacio de salud y deporte, un centro de investigación y emprendimiento universitario, un espacio socio cultural o un enclave dedicado a la memoria histórica.
En cualquier caso, el acuerdo alcanzado entre el Gobierno local del PSOE y el Grupo popular del Ayuntamiento para que los populares se abstuviesen en la votación del proyecto presupuestario de 2018 incluía el compromiso de promover una nueva recalificación del edificio, para que el mismo admita usos terciarios y ofrecer de nuevo el inmueble al sector privado, como así está sucediendo.