La Consejería de Cultura de la Junta de Andalucía ha confirmado que este viernes, junto a la Fundación La Caixa y la Asociación de Defensa del Patrimonio de Andalucía (Adepa), firmarán el acuerdo alcanzado que permitirá llevar a cabo el proyecto de intervención para las Reales Atarazanas de Sevilla, construidas en 1252 y declaradas bien de interés cultural (BIC).
Así, según ha informado el departamento que dirige Miguel Ángel Vázquez, tras una serie de intensas reuniones, las partes han consensuado un texto de acuerdo que se firmará este viernes y que «asegura los aspectos jurídicos, técnicos y patrimoniales del proyecto».
El acuerdo, según Cultura, implica «respetar» el documento técnico elaborado en las últimas semanas por el grupo de trabajo constituido al efecto y recoge aportaciones y recomendaciones de todas las partes. En este sentido, conviene recordar que las modificaciones están sujetas a cuantos informes administrativos y autorizaciones preceptivas deban emitirse y tampoco pueden alterar el contrato de concesión suscrito entre la Junta y la Fundación La Caixa.
Voluntad de las partes
La voluntad de acuerdo de las partes implicadas ha sido «fundamental» para llegar a este punto, en el que se establecen los términos de la intervención. Por último, la Consejería señala que el acuerdo es la manifestación de la voluntad de las partes de que la ciudadanía pueda disfrutar de este espacio cultural que está destinado a ser uno de los emblemas de la ciudad de Sevilla.
El diseño original del proyecto de restauración, obra de Guillermo Vázquez Consuegra, plantea restaurar y adaptar como centro cultural el citado recinto histórico, formado por restos de la antigua muralla almohade, siete naves de las atarazanas medievales del siglo XIII, restos del apostadero de la Carrera de Indias de los siglos XVI y XVII y edificaciones de la Real Maestranza de Artillería pertenecientes a los siglos XVIII, XIX y XX.
Pero aunque la iniciativa cuenta con aval de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico e incluso licencia de obras, los colectivos conservacionistas la tachaban de «crimen patrimonial». Principalmente, criticaban que la iniciativa no recuperase la cota original del monumento y contemplase «la reforma de dos cuerpos edificados sobre las naves dos y cuatro, modificando sus cubiertas, cerramientos y distribución interior», con la instalación de «varias escaleras mecánicas y un nuevo forjado», entre otros aspectos.
