La Junta pide a las entidades prestamistas «suspender de forma inmediata» el cobro del crédito de iDental

El Gobierno quiere asegurar la suspensión de los cobros para que los afectados por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios. Además, insta a las entidades a no incluir en los ficheros de morosidad a los afectados

17 jul 2018 / 16:57 h - Actualizado: 17 jul 2018 / 17:16 h.
"Consumo","iDental"
  • Afectados de iDental durante una protesta. / Jesús Barrera
    Afectados de iDental durante una protesta. / Jesús Barrera

La Junta de Andalucía ha convocado este martes en Sevilla al Consejo Andaluz de Consumo con carácter extraordinario para informar de las actuaciones desarrolladas para la protección y defensa de los derechos de los afectados por el cierre de las clínicas de iDental y ha instado a las entidades prestamistas a «suspender de forma inmediata» el cobro del crédito contratado por los clientes de la cadena y a «no incluir» a los afectados en el registro de morosos.

Según ha informado la Consejería de Salud, la reunión ha convocado a los representantes de todos los organismos y entidades que integran este órgano colegiado que son la propia Junta, la Federación Andaluza de Municipios y Provincias, la Confederación de Empresarios de Andalucía, así como Facua, Al Andalus y Adicae, las organizaciones de consumidores más representativas.

Así pues, la Dirección General de Consumo ha explicado que una de las principales líneas de trabajo que se están desarrollando en estos momentos es la mediación con las diferentes entidades prestamistas que trabajaban con la cadena iDental para financiar los tratamientos de sus pacientes, con el objetivo de asegurar la suspensión inmediata del cobro del crédito al consumo concertado, para que los afectados por el cierre de las clínicas no tengan que seguir abonando estos servicios que no están recibiendo. Asimismo, se insta a las entidades a no incluir en los ficheros de morosidad a los afectados.

En este sentido, en junio se han remitido escritos a todas estas entidades y se están manteniendo diferentes reuniones para analizar la situación y para que las entidades faciliten información sobre la forma en que se está procediendo en relación con esta problemática. Hasta la fecha, se han mantenido encuentros con la Asociación Nacional de Entidades Financieras de Crédito (Asnef), Banco Cetelem, EvoFinance y Sabadell Consumer, y están previstas nuevas reuniones en los próximos días con otras entidades, como BBVA, Caixabank Consumer Finance y Pepper Assets Services.

Según la Consejería, en las reuniones las entidades prestamistas han indicado que van a facilitar la devolución de las cantidades a las personas que lo soliciten. Asimismo, están ofreciendo la posibilidad de continuar el tratamiento contratado hasta la finalización del crédito en otras clínicas dentales con las que han llegado a acuerdos.

Según la normativa vigente, en el caso de haber financiado el tratamiento con la clínica dental, los afectados tienen derecho a resolver el préstamo y a la devolución, total o parcial, de las cantidades previamente abonadas por la interrupción en la prestación del servicio. Para ello, es necesario que reclame directamente a la entidad prestamista para que deje de realizar los cobros.

Consumo señala que es conveniente que esta reclamación se presente a través de correo electrónico, postal certificado con acuse de recibo o burofax, para que quede constancia de la misma. Además, es recomendable adjuntar la reclamación realizada ante la clínica, si hubiera sido posible hacerlo, y la acreditación de que los servicios no se han realizado o no son conforme con lo contratado, por medio de un nuevo presupuesto elaborado por otro dentista.

Por otra parte, desde la Dirección General de Consumo se está proponiendo a las entidades prestamistas su incorporación a los mecanismos de mediación y arbitraje para resolver aquellas situaciones en las que pueda haber discrepancias y que suponen una alternativa a la vía judicial.

Además, indica que se está solicitando a las diferentes entidades que faciliten sus protocolos de actuación para los afectados por el caso iDental, con la intención de publicarlos próximamente en la página web de la plataforma Consumo Responde. En esta misma se puede obtener información sobre los derechos que asisten a los afectados y como reclamar.

RECLAMACIONES, SANCIONES Y DENUNCIAS ANTE FISCALIA

La Dirección General de Consumo ha recibido y tramitado más de 3.500 reclamaciones relacionadas con las seis clínicas de iDental en Andalucía, de las cuales más de 2.300 se han producido en el primer semestre de este año.

Asimismo, ha recordado que se han iniciado hasta la fecha varios procedimientos sancionadores contra la empresa por prácticas comerciales desleales, por desatención a los consumidores por no atender los requerimientos formulados por la Administración, por introducir cláusulas abusivas en los contratos, por no contestar la hoja de quejas y reclamaciones y por fraude en la prestación de servicios, entre otras cuestiones.

En total, consta que se han levantado 97 actas de inspección a las seis clínicas existentes y se han iniciado 35 procedimientos sancionadores con una sanción total de 1,2 millones de euros.

Además, desde los Servicios Provinciales de Consumo se están analizando las reclamaciones recibidas para su remisión a Fiscalía en aquellos casos en los que se detecte que se haya podido producir un delito de estafa.

COMO RECLAMAR ANTE EL CIERRE DE LAS CLINICAS IDENTAL

Todos los afectados por el cierre de las clínicas de la cadena iDental en Andalucía pueden dirigirse a alguno de los Servicios Provinciales de Consumo de la Junta o a la OMIC de su Ayuntamiento para tramitar su reclamación a la compañía. También pueden recibir información y asesoramiento gratuito a través de Consumo Responde, una plataforma multicanal accesible a través del teléfono 900 21 50 80, la web www.consumoresponde.es y el correo electrónico consumoresponde@juntadeandalucia.es.

En primer lugar, se recomienda a todos los afectados, porque no hayan iniciado sus tratamientos o porque no los hayan finalizado antes del cierre de la clínica, que presenten una reclamación por incumplimiento de contrato. Como las clínicas están cerradas, la reclamación se debe remitir por escrito, dirigida a la empresa que figure en el contrato, y utilizando cualquier medio que permita acreditar la constancia de haber reclamado como un correo postal certificado con acuse de recibo.

Según cada caso, se podrá reclamar que se ejecuten los servicios previamente contratados; reclamar que se terminen los tratamientos ya iniciados; reclamar la devolución de las cantidades abonadas si el tratamiento no hubiera sido finalizado (en la parte no ejecutada), o si ha sido incorrectamente ejecutado; y denunciar cualquier tipo de incumplimiento en que haya podido incurrir la entidad. En caso de que la reclamación se deba a una mala práctica médica, se deberá dar traslado de la misma a los correspondientes colegios profesionales.

Junto con la reclamación, se recomienda solicitar el historial clínico. En caso de que la empresa no lo facilite se puede interponer denuncia ante la Agencia Española de Protección de Datos por entorpecimiento del ejercicio del derecho de acceso a sus datos, así como reclamar la situación ante la autoridad judicial para solicitar que acceda al establecimiento, localice las historias clínicas y las entregue a los interesados.

Asimismo, es importante adjuntar a la reclamación toda la documentación generada en relación con el tratamiento contratado, como los folletos y material publicitario, presupuesto realizado, copia del contrato, acreditación de los pagos efectuados y facturas entregadas, historial médico si se dispone del mismo, así como un presupuesto realizado por otra persona colegiada dentista que justifique el estado en el que se encuentra la realización de los trabajos y qué operaciones son necesarias para restituir la salud dental.

En cualquier caso, los afectados pueden también acudir a la vía judicial, ya sea directamente, o bien si tras haber completado el procedimiento de reclamación administrativo no hubiera obtenido una solución satisfactoria.