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Aspecto que presentaban las obras de la biblioteca del Prado en 2010. / El Correo
Salvo que se acepten las alegaciones presentadas este verano, la Universidad de Sevilla tendrá que devolver a la Junta de Andalucía los más de 16 millones de euros de subvención que se le concedieron para levantar la biblioteca del Prado de San Sebastián y que finalmente hubo que demoler cuando ya estaba medio hecha, a raíz de una protesta vecinal que prosperó en los juzgados. La Hispalense no está de acuerdo con la idea porque, entre otras razones, y según expresaron ayer a este periódico fuentes de la misma, la idea de erigir el proyecto diseñado por Zaha Hadid fue un proyecto «a tres bandas» entre ellos, la Junta de Andalucía y el Ayuntamiento.
La situación tiene como elemento más curioso el hecho de que la instancia que reclama el dinero es la Consejería de Economía y Conocimiento, de la que es flamante titular el anterior rector de la Universidad de Sevilla, Antonio Ramírez de Arellano, quien además fue vicerrector de Infraestructuras de la Hispalense, y que de este modo va a vivir el caso desde los dos puntos de vista. Pero lo uno no ha influido en lo otro cuando la consejería en cuestión ha emprendido (lo hizo a comienzos de verano) el procedimiento administrativo para la reclamación de la cantidad. Lo que desembolsó la Junta fueron 16.435.910,42 euros, de los cerca de 22 millones que estaban previstos en la subvención y que dejaron de poner cuando vieron que el proyecto no salía adelante.
Según el informe de cuentas de la Universidad de Sevilla, firmado por su gerente, Juan Ignacio Ferraro, la institución presentó en marzo pasado una justificación de gasto por importe de 15.773.414,86 euros (lo que costó lo del Prado y hacer luego otra biblioteca en Eritaña) en la que se explicaba, entre otras consideraciones, que «la imposibilidad sobrevenida de construir en el mencionado sitio en modo alguno es imputable a esta Universidad». Y, además, se indica que «se ha producido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que no tienen el carácter de esencial, puesto que el objeto de la subvención no era otro que la construcción de una Biblioteca General para la Universidad de Sevilla, y la finalidad se ha cumplido, aunque con un proyecto técnico distinto y otra ubicación».
Desde la Consejería de Economía y Conocimiento se informaba ayer de que el documento de las alegaciones que ha presentado la Universidad es tan extenso y detallado que los técnicos aún no han tenido ocasión de estudiarlo por completo, por lo que no procede entrar en valoraciones. Lo que sí confirmaron fue que «el reintegro de la cantidad total subvencionada sí ha sido solicitado» por parte de la Junta de Andalucía, que el procedimiento se inició «a finales de junio o principios de julio» y que, en todo caso, «el proceso será largo», aunque se pretende tener una contestación «antes de final de año».
De momento, lo único cierto es que el Prado de San Sebastián se comió 8,7 millones de euros gastados en vano: lo que costó levantar y tirar la mole, más el proyecto de la arquitecta. Quién los pagará, aún no está claro.