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Las obras en el Prado de la biblioteca que la Universidad tuvo que interrumpir. / Javier Cuesta
La Consejería de Economía y Conocimiento envió el martes una resolución en la que solicita a la Universidad de Sevilla (US) que devuelva los 16,4 millones que recibió para la fallida construcción de su biblioteca central en el Prado de San Sebastián. La Universidad emitió ayer un comunicado en el que mostró «su desacuerdo ante el trabajo técnico realizado por la Consejería sobre las alegaciones presentadas que rebatían extensa y claramente, conforme a derecho, la totalidad de las declaraciones en las que se fundamentaba el expediente de reintegro de la subvención».
La Hispalense explicó que «los servicios jurídicos de la Universidad están ya trabajando en la defensa que se va a presentar y en el conjunto de actuaciones que va a realizar, dentro del normal desarrollo que permite la legalidad».
Lo cierto es que se trata de un litigio con años a sus espaldas y muchos aspectos de interés. Por un lado, destaca el hecho de que el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, fue el anterior rector de la US. Fue, además, vicerrector de Infraestructuras en un tiempo en el que el cargo acarreaba la gestión del proyecto de la biblioteca. Ahora está justo en el otro lado, en el de la administración que reclama una fuerte cantidad de dinero a una institución pública de la que fue máximo responsable. «Hasta donde yo entiendo, el consejero tiene que inhibirse en este proceso por su vinculación con esta institución con carácter previo a su posición actual», razonó el actual rector, Miguel Ángel Castro, en una entrevista a El Correo de Andalucía en diciembre de 2015.
Por otro lado, el proyecto arquitectónico suponía levantar en Sevilla una obra de una arquitecta de indiscutible prestigio mundial, Zaha Hadid, y diseño vanguardista a un paso del centro histórico de la ciudad y en un lugar estratégico para la Universidad: entre su Rectorado y el campus Ramón y Cajal.
Y luego está la cuestión, central, del dinero. La Junta desembolsó 16.435.910,42 euros de los casi 22 millones que estaban previstos en la subvención. Cuando la administración autonómica vio que el proyecto no iba a ningún lado, dejó de poner dinero. Y ahora reclama esos 16,4 millones.
La US no está de acuerdo. Entre otras cuestiones, porque han insistido en numerosas ocasiones en que la finalidad de aquella subvención era levantar la biblioteca central de la institución, y eso han hecho.
Según el informe de cuentas de la Universidad, firmado por su gerente, Juan Ignacio Ferraro, la institución presentó en marzo de 2015 una justificación de gasto por importe de 15.773.414,86 euros (lo que costó la obra del Prado y su derribo y la nueva biblioteca central de Eritaña) en la que se explicaba que «la imposibilidad sobrevenida de construir en el mencionado sitio en modo alguno es imputable a esta Universidad». Además, indica que «se ha producido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que no tienen el carácter de esencial, puesto que el objeto de la subvención no era otro que la construcción de una Biblioteca General para la Universidad de Sevilla, y la finalidad se ha cumplido, aunque con un proyecto técnico distinto y otra ubicación». Conclusión: se mantiene el desacuerdo y la Universidad hará todo lo posible para que la disputa no termine en este punto.
La Consejería de Economía y Conocimiento envió el martes una resolución en la que solicita a la Universidad de Sevilla (US) que devuelva los 16,4 millones que recibió para la fallida construcción de su biblioteca central en el Prado de San Sebastián. La Universidad emitió ayer un comunicado en el que mostró «su desacuerdo ante el trabajo técnico realizado por la Consejería sobre las alegaciones presentadas que rebatían extensa y claramente, conforme a derecho, la totalidad de las declaraciones en las que se fundamentaba el expediente de reintegro de la subvención».
La Hispalense explicó que «los Servicios Jurídicos de la Universidad están ya trabajando en la defensa que se va a presentar y en el conjunto de actuaciones que va a realizar, dentro del normal desarrollo que permite la legalidad».
Lo cierto es que se trata de un litigio con años a sus espaldas y muchos aspectos de interés. Por un lado, destaca el hecho de que el actual consejero de Economía y Conocimiento, Antonio Ramírez de Arellano, fue el anterior rector de la US. Fue, además, vicerrector de Infraestructuras en un tiempo en el que el cargo acarreaba la gestión del proyecto de la biblioteca. Ahora está justo en el otro lado, en el de la administración que reclama una fuerte cantidad de dinero a una institución pública de la que fue máximo responsable. «Hasta donde yo entiendo, el consejero tiene que inhibirse en este proceso por su vinculación con esta institución con carácter previo a su posición actual», razonó el actual rector, Miguel Ángel Castro, en una entrevista a El Correo de Andalucía en diciembre de 2015.
Por otro lado, el proyecto arquitectónico suponía levantar en Sevilla una obra de una arquitecta de indiscutible prestigio mundial, Zaha Hadid, y diseño vanguardista a un paso del centro histórico de la ciudad y en un lugar estratégico para la Universidad: entre su Rectorado y el campus Ramón y Cajal.
Y luego está la cuestión, central, del dinero. La Junta desembolsó 16.435.910,42 euros de los casi 22 millones que estaban previstos en la subvención. Cuando la Administración autonómica vio que el proyecto no iba a ningún lado, dejó de poner dinero. Y ahora reclama esos 16,4 millones.
La US no está de acuerdo. Entre otras cuestiones, porque han insistido en numerosas ocasiones en que la finalidad de aquella subvención era levantar la biblioteca central de la institución, y eso han hecho.
Según el informe de cuentas de la Universidad, firmado por su gerente, Juan Ignacio Ferraro, la institución presentó en marzo de 2015 una justificación de gasto por importe de 15.773.414,86 euros (lo que costó la obra del Prado y su derribo y la nueva biblioteca central de Eritaña) en la que se explicaba que «la imposibilidad sobrevenida de construir en el mencionado sitio en modo alguno es imputable a esta Universidad». Además, indica que «se ha producido una alteración de las condiciones tenidas en cuenta para la concesión de la subvención que no tienen el carácter de esencial, puesto que el objeto de la subvención no era otro que la construcción de una Biblioteca General para la Universidad de Sevilla, y la finalidad se ha cumplido, aunque con un proyecto técnico distinto y otra ubicación». Conclusión: se mantiene el desacuerdo y la Universidad hará todo lo posible para que la disputa no termine en este punto.