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La Junta se personará como acusación particular en el caso de la muerte en el ascensor del Valme

La consejera de Salud insiste en que el ascensor había superado los controles y elude responsabilidad en el fallo que provocó el accidente

13 sep 2017 / 18:21 h - Actualizado: 13 sep 2017 / 21:09 h.
  • Fachada del hospital de Valme. / Manuel Gómez
    Fachada del hospital de Valme. / Manuel Gómez

El Servicio Andaluz de Salud (SAS) no se considera responsable del accidente mortal ocurrido el pasado 20 de agosto en el hospital de Valme, en el que falleció una mujer de 25 años al quedar atrapada en un ascensor, porque el centro sanitario cumplió su obligación de controlar que pasara todas las revisiones pertinentes. De hecho, la consejera de Salud, Marina Álvarez, anunció este miércoles en pleno parlamentario que han decidido personarse como «acusación particular» en la investigación judicial abierta.

Álvarez compareció para informar de los detalles de este «trágico accidente», que la oposición achaca a los recortes en sanidad y a la externalización de los servicios de mantenimiento. La responsable de Salud recalcó que el elevador había pasado «todos los controles y las revisiones preventivas» que de forma mensual realiza la empresa encargada de su mantenimiento, en este caso, Orona.

En concreto, Álvarez indicó que para los ascensores de los edificios públicos la ley establece que «cada dos años» deben pasar una revisión a cargo de un organismo independiente y externo, conocido como OCA, que en el caso del hospital de Valme fue «realizada el 15 de mayo con resultado favorable y sin defecto». Igualmente, explicó que Orona había llevado a cabo la última inspección rutinaria el 12 de agosto, ocho días antes del siniestro, con el mismo resultado «favorable».

«La dirección del hospital de Valme ha cumplido con su responsabilidad», añadió la consejera, quien precisó que «no existen denuncias sobre incidencias desde su última revisión». A esto añadió que cada «cuatro meses» se han venido realizando reuniones, hasta un total de 13, con la empresa mantenedora para realizar «seguimientos de seguridad». El centro sanitario, según detalló, tiene «protocolizado las denuncias de incidencias, asegurando que se trasladan a la empresa mantenedora», y que ésta comunica su vez a la gerencia las incidencias que detecte.

Álvarez también destacó que la misma noche del suceso se encargó a otra empresa ajena la revisión del resto de ascensores de Valme y garantizó que los 1.116 elevadores que funcionan en los centros dependientes del SAS «tienen todas las revisiones superadas». Por ello, la consejera, que comenzó su intervención mostrando sus condolencias a la familia de Rocío Núñez, pidió «prudencia y respeto» al resto de partidos políticos, lamentando que de una tragedia «se intente sacar rédito y un puñado de votos»; y recordando que hay una investigación judicial abierta, «con la que se ha prestado plena colaboración desde el primer momento».

A la consejera, le siguió la diputada de IU, Inmaculada Nieto Castro, que aseguró que tras las causas que originaron este accidente están las «decisiones economicistas» y «desacertadas» sobre la sanidad andaluza. «Es ineludible hablar de recortes, de externalización de servicios y de recortes de personal», que cifró en un «30 o 50 por ciento» en el caso de mantenimiento. «La externalización de los servicios no permite fiscalizar la preparación del personal», a lo que añadió que hay una «evidente pérdida de calidad de prestación del servicio» cuando el contrato de matenimiento de los ascensores se adjudicó por «354.000 euros», la mitad de la cifra por la que se ofertaba.

En esta misma línea se expresó el diputado de Podemos, Juan Antonio Gil de los Santos, que solicitó un informe que justifique la externalización y otro sobre las incidencias del ascensor y el tiempo de resolución. Por su parte, la diputada del PP, Patricia del Pozo, dijo estar «abochornada» por la forma de actuar en este caso del Gobierno andaluz, al que exigió que se haga cargo de las tres niñas que dejó Rocío. La diputada de Cs, Isabel Albás, tuvo una intervención más tibia, pues emplazó la depuración de responsabilidades a la investigación judicial.


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