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La Real Fábrica de Tabacos, sede del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / Manuel Gómez
«Una de las personas a las que se separó presentó una denuncia en el juzgado de lo Social y el juez lo ha atendido. Tenemos que reincorporarlo en las mismas condiciones de antes de la resolución rectoral». Lo cuenta la vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la Universidad de Sevilla, Ana López, que se refiere a la situación de un trabajador de la Hispalense que fue objeto de una denuncia interna por acoso sexual ante la que la US decidió «separar los lugares de trabajo de las personas para que todo el mundo pudiera desarrollar su trabajo». Ahora, la universidad sevillana deberá hacer que esta persona retorne a la situación en la institución que tenía antes de esa resolución rectoral.
La vicerrectora explicó que el hecho de «que se denunciara inicialmente como acoso sexual no quiere decir que se tipificara finalmente como tal», y aclara que se trató de «un caso en el que se adoptaron medidas de separación por un conflicto en el departamento. Lo que el Comité –el Comité Técnico para la Prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso (CPEIA)– determinó es que había un conflicto que podía afectar a la salud laboral» de las personas implicadas.
Sobre este caso en concreto, la Memoria de actuaciones en aplicación del Protocolo para la prevención, evaluación e intervención en situaciones de acoso laboral, sexual y por razón de sexo de la US, que se presentó en el Consejo de Gobierno de la Hispalense el pasado 23 de mayo, resume: «Se adoptan medidas correctoras por problemas de clima laboral. En vía judicial por desacuerdo con medidas correctoras». Pues bien, como confirma López, la Justicia le ha dado la razón al trabajador en su reclamación.
La memoria, que como es natural no da ninguna pista sobre la posible identidad de ninguno de los trabajadores de la Universidad implicados en las denuncias y las quejas de abusos, repasa el funcionamiento de un protocolo que, con el fin de atajar los posibles casos de acoso en la institución, se creó en diciembre de 2013.
Los datos
La Universidad de Sevilla (US) ha tramitado dos denuncias internas por acoso sexual en los años 2014 y 2016, según los datos de la Memoria de actuaciones en aplicación del Protocolo. Además, tanto en 2016 como en lo que va de 2017 se han producido también en el seno de la institución dos denuncias por acoso laboral.
El documento da a conocer también los datos sobre las intervenciones que ha realizado el CPEIA a petición de centros de la Universidad sin que haya mediado denuncia. En 2015, el comité actuó sobre un posible caso de acoso sexual y dos de acoso laboral. En 2016, acometió tres actuaciones, todas por sospechas de acoso laboral.
De las denuncias tramitadas, sólo una continúa «en investigación», y se trata de un caso de acoso laboral entre Personal Docente e Investigador (PDI), según las fuentes consultadas por este periódico. Del resto, en una se abrió un expediente disciplinario, otra es en la que el trabajador acudió a la vía judicial y las otras tres se cerraron «sin evidencias de acoso ni de conflicto interpersonal».
En el caso de las intervenciones del comité a petición de centros, en una hay un «proceso judicial por hurto (externo a la Universidad)»; en otra se abrió un expediente disciplinario; en otra se produjo «mediación por conflicto puntual», y las otras tres se resolvieron «sin evidencias de acoso ni de conflicto interpersonal».
La Universidad insiste en su intención de mejorar el protocolo para erradicar el problema del acoso de la institución. La vicerrectora de Servicios Sociales y Comunitarios de la US destaca a partir de los datos de la memoria y la actuación del comité que «las cosas han ido con normalidad. Hemos intentado difundirlo –el protocolo–, que la comunidad universitaria sepa que tiene un recurso» en el que apoyarse ante situaciones de este tipo. López destaca además que «hemos presentado la memoria porque estamos en un proceso de mejora y evaluación». «A pesar del avance, tanto en materia de sensibilización como en la capacidad de intervención, que ha supuesto la aprobación en 2013 del Protocolo, los sucesos recientes han puesto de manifiesto la necesidad de su evaluación y una reflexión conducentes a la mejora de la eficacia en la respuesta de la Universidad en la prevención, intervención y protección de las personas que pudieran estar siendo víctimas de un trato indigno», destaca la Memoria.