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Urgencias del Hospital Macarena. / El Correo
Todavía queda mucho camino por recorrer para proteger a los profesionales sanitarios –y lo recuerdan, con insistencia y buenas dosis de razón, sindicatos y colegios–. Pero, pese al fuerte repunte del pasado año, con el doble de agresiones físicas en la sanidad sevillana, la Justicia, a veces lenta, empieza a poner coto, con números, a aquellos que buscan imponer su ley con la violencia a profesionales de hospitales, centros de salud o ambulatorios. Prueba de ello es el último balance judicial que ha facilitado el Servicio Andaluz de Salud (SAS), que contabilizó solo en Sevilla 54 sentencias condenatorias por ataques al personal sanitario, de las que 12 de ellas se han penado como delito de atentado. Muchas, si se tira de archivo y el difícil encaje legal, vía Código Penal, que se reformó en 2015 para endurecer las penas para este tipo de supuestos. O pocas, si se atienen al último informe, que contabiliza 67 agresiones físicas en el último año en la provincia frente a las 30 de 2016.
Además de las condenas, que suponen más de un tercio de las acumuladas en Andalucía –que contabiliza 154 sentencias–, la asesoría jurídica del SAS ha efectuado un total de 56 asistencias letradas a profesionales víctimas de agresión –163 en el conjunto de la comunidad–.
Sin embargo, la vertiente judicial no ha servido todavía de freno para las agresiones, que en el último año experimentaron un repunte. El sindicato de enfermería Satse avanzó hace unos días las cifras que, por el Día Nacional contra las Agresiones, dio a conocer la Consejería de Salud. Así, se confirmó un repunte de casi un 20 por ciento de agresiones, con un total de 242 casos –67 físicas y 175 no físicas–, lo que sitúa a Sevilla como la provincia andaluza con más sucesos de este tipo, acumulando más de una cuarta parte de todas las agresiones de Andalucía. No había trascendido que la tasa se situaba en 10,25 agresiones por cada mil trabajadores –un punto menos que a nivel andaluz– y, sobre todo, las víctimas. Enfermeros y médicos, a partes iguales, acaparan los ataques, con un 30,7 y un 30,6 por ciento respectivamente. Le siguen en esa escala, siempre según los datos del SAS, los auxiliares de enfermería (16,7 por ciento) y los celadores (8,1 por ciento). El resto, que supone un nada despreciable 13 por ciento, corresponde a personal de gestión y servicios.
Con este reparto, es lógico que la bandera en esta lucha la cojan las profesiones sanitarias que están en primera línea de fuego. Y, aunque no hay una unidad de acción, sí hay una meta común: la de «tolerancia cero» frente a las agresiones, frase que repitieron todos los afectados. Uno de los que lleva más tiempo en la batalla es el Colegio de Médicos de Sevilla, que ayer presentó sus datos de su observatorio que, aunque inferiores en número a los del SAS, sí que generan alarma social. En Sevilla contabilizaron 15 agresiones a facultativos, casi el triple que el ejercicio anterior (2016). El trabajo realizado por el órgano colegial dibuja el perfil de agredidos y agresores. Hubo más ataques a varones (15 a 5), con edades de entre 56 y 65 años (ocho casos) y un reparto equitativo en el lugar del incidente (ambulatorio, hospital o urgencias). Se detectaron lesiones en ocho casos y hubo insultos en otros ocho. El observatorio destaca que la mayoría (11) fue no programado y las principales causas eran el no recetar lo propuesto por el paciente y discrepancias en la atención.
Pero, más allá de las estadísticas, el Colegio de Médicos puso sobre la mesa el factor enseñanza como origen de las agresiones. «Es un problema educacional», afirmó su secretario general, Juan Manuel Contreras, que indicó que las mayores tasas de agresiones, según sus datos, están en Andalucía y Extremadura. Al respecto, incidió en que «pese a los avances, queda mucho por hacer» y, entre sus demandas, figuraba aumentar las denuncias, endurecer las penas, hacer un seguimiento de los agredidos y agresores, contemplar a los médicos de la sanidad privada con los mismos derechos que los de la pública o instalar más medidas de seguridad. Sobre esto último, sí tuvo respuesta el SAS, que asegura que cuenta con más de 4.700 elementos de seguridad al personal sanitario en la provincia.
En el saco de las demandas también entró el sindicato Satse, que puso en marcha la maquinaría de ideas, con la petición de un proyecto de ley contra las agresiones, la actualización del plan de prevención del SAS y la creación de un observatorio contra la violencia en el ámbito sanitario. Satse, junto al Sindicato Médico de Sevilla (SMS) y la Unión Sindical de Técnicos Sanitarios (USAE) se citarán este viernes en repulsa a las agresiones en el centro de salud San Hilario de Dos Hermanas, donde hace un mes agredieron a una enfermera.