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La entrada de la calle San Fernando del Rectorado de la Universidad de Sevilla. / El Correo
Una disculpa implica la asunción de que algo podía haberse hecho de otra manera. El hecho de que el rector de la Universidad de Sevilla (US), Miguel Ángel Castro, pidiera perdón a la sociedad de manera pública dos días después de que se conociera la sentencia condenatoria contra su catedrático Santiago Romero por acoso sexual cometido sobre dos profesoras y una becaria, podría traducirse, por tanto, como el reconocimiento de que la institución podría haber actuado de forma diferente. De una que hubiera puesto por delante el apoyo a las víctimas.
El rector empleó casi toda su tardía rueda de prensa a pedir perdón a la sociedad y a aclarar que la Hispalense actuó del único modo en el que pudo hacerlo, puesto que se ajustó en todo momento a la legalidad, que no le ha permitido tomar medidas más contundentes hasta que el Juzgado ha dictado sentencia.
El 18 de enero de 2011 comenzó el procedimiento judicial. En ese momento, explicó Castro, la ley «ordena» el bloqueo del procedimiento del expediente sancionador de la Hispalense. «Nosotros –continuó– habiendo bloqueado el expediente sancionador porque así lo obliga la ley, pusimos en marcha toda la maquinaria disponible de la Universidad de Sevilla en relación con la prevención y con la salud laboral, con el propósito de facilitar a las compañeras denunciantes el desarrollo de su carrera académica».
Primera duda: ¿no podía haber hecho nada más la US, teniendo en cuenta que la Fiscalía había encontrado ya indicios lo suficientemente serios para comenzar la instrucción del caso? La Universidad alude al artículo 23 del Real Decreto 33/1986 de 10 enero, en el que se define el reglamento de régimen disciplinario de los funcionarios de la administración del Estado. Fuentes universitarias afirman que, con la ley en la mano, tuvieron que paralizar el expediente administrativo. Choca, sin embargo, que ahora los servicios jurídicos de la US sí garanticen que, en caso de que el condenado recurra, mantendrán abierto el expediente que reabrieron el día en el que recibieron la sentencia.
Eso en el plano legal. Que, en un caso de acoso laboral y sexual, no es el único. Porque si es cierto que la Universidad tomó medidas para que las denunciantes pudieran continuar su carrera sin coincidir con el agresor, en 2011 todavía presunto agresor, es cierto también que el profesor Romero disfrutó de un año sabático, con su sueldo de catedrático de Universidad, y sus tres víctimas tuvieron que aceptar estancias en distintas universidades para evitar cualquier posibilidad de tener contacto con el catedrático, que pasado ese año sabático volvió a su tarea docente con normalidad. Es difícil no ver un trato que, al menos, no se puso del lado de las víctimas.
Eso por un lado. Por otro, destaca el hecho de que el rector en aquella fecha, Joaquín Luque, se negó a recibir a las denunciantes. Entonces, a principios de 2011, existía ya en la Hispalense una corriente de apoyo a las víctimas, encabezada por el sindicato SAT y que contaba con otros miembros significativos, como la profesora Adela Muñoz, contrincante de Castro en las últimas elecciones a rector. Ahora cuenta que peleó «mucho cuando el escándalo se hizo público hace cinco años, pero todo fue inútil». Aclara que fue un informe del SAT el que la «hizo saltar e intentar hacer algo para ayudar a estas chicas» y lamenta que «el asunto murió por falta de interés en los medios e inacción y protección encubierta al acosador por parte del rectorado».
Claro, el rector era otro, Joaquín Luque, y en medio hubo otro más, Antonio Ramírez de Arellano, actual consejero de Economía y Conocimiento, pero Castro ha asumido con el cargo una responsabilidad institucional de la que no puede escapar. Más allá de que, cuando el caso se dio a conocer, fuera vicerrector de Ordenación Académica.
Una visión interesante la aporta María del Mar González, Comisionada para el Polígono Sur y profesora de la Universidad de Sevilla, que en 2011 se implicó en el caso como miembro del Seminario Interdisciplinar de Estudios de las Mujeres de la US. Recuerda una labor de «mediación fuerte» con el rector, Luque. Consiguieron, explica, «que se convenciera de que este señor tenía que dimitir de sus cargos electos», porque era claustral –miembro del órgano en el que se elige quién ocupa el puesto de rector–, miembro del consejo de gobierno y director de departamento. Preocupadas por la situación de las víctimas, «de absoluta indefensión», «conseguimos poner en marcha medidas de amparo de las víctimas, aunque hubiéramos preferido medidas cautelares contra él».
Queda todavía otro asunto, que no es menor: valorar si el caso, además de gravísimo, es un caso aislado. Defendiendo todo lo bueno de la Universidad de Sevilla, que es mucho, el SAT mantiene desde hace años una fuerte campaña contra los casos de acoso, denunciados igualmente por profesores como Adela Muñoz y a los que se puede poner nombres propios, como los de Inmaculada Cunill o Encarnación Santamaría. Un sector que podría denominarse crítico vincula estas situaciones, que no tienen el añadido sexual, con determinadas carencias democráticas en el funcionamiento de la US.
Los datos del Protocolo contra el Acoso de la US indican que, desde que entró en vigor en 2013, se han tramitado cuatro casos, y «en ninguno se ha apreciado evidencias de acoso».
La sección sindical del SAT en la Universidad de Sevilla, que lleva años lamentando que el profesor Romero no fuera suspendido de empleo y sueldo, sí reconoce que se ha avanzado en el ámbito de la protección ante el acoso. Aunque todavía queda camino por delante. Por ejemplo, con algo que en esta ocasión no ha existido: el apoyo institucional a las víctimas.