-
El Plan Integral contempla un apartado de infraestructuras en el que antes de la crisis se inició la rehabilitación de viviendas y reformas en el viario. / Reportaje gráfico: Manuel Gómez
Hablar del Polígono Sur, y sus vecinos lo saben y padecen, es hablar de un conjunto de barrios en el que habitan 40.000 personas entre las cuales se encuentran las bolsas de exclusión y marginalidad más amplias de Sevilla. Y es hablar de una zona en la que, desde 2003, todas las administraciones públicas consensuaron actuar de forma coordinada para luchar contra la exclusión mediante la creación de un organismo tripartito –el Comisionado para el Polígono Sur– y un Plan Integral (puesto en marcha en 2006) con fondos y proyectos del Estado, la Junta y el Ayuntamiento. Pero es también hablar del desencanto del movimiento vecinal, aglutinado en la Plataforma Nosotros también somos Sevilla, por que una década después la situación de exclusión parece cronificarse. En parte porque, según destacan quienes trabajan en los distintos servicios en la zona, la población que logra normalizarse suele huir del barrio y es sustituida por nuevos vecinos desfavorecidos con los que hay que empezar a trabajar desde cero. Algo de lo que la portavoz de la Plataforma, Rosario García, culpa a las administraciones ya que la mayoría de las viviendas son públicas y «podrían controlar quién las ocupa».
Es decir, en el Polígono Sur siempre hay una cuota importante de población marginal y excluida pero no toda esa cuota está formada siempre por las mismas personas. Sin embargo la foto de conjunto no cambia. El origen de la degradación inicial del barrio, nacido como una zona obrera, fue la concentración de personas vulnerables reubicadas en él. Y parte de la culpa de que, pese a la dotación de recursos y servicios que administraciones, técnicos e incluso vecinos reconocen, las mejoras no sean las deseadas radica en que sigue siendo la parte de la ciudad a la que van a parar los más pobres y marginales entre los excluidos, que se suman a una base ya difícil de normalizar tras años de marginalidad, delincuencia y drogadicción. Pero también hay que tener en cuenta que en una población tan vulnerable los avances tardan mucho en visualizarse mientras que en cuanto se baja la guardia –y en la crisis los recursos han mermado– hay retrocesos y el deterioro cuando no hay colchón es rápido.
El Plan Integral acabó con algunas situaciones de aislamiento que hacían del Polígono Sur un auténtico gueto, con la entrada de servicios como Lipasam o los autobuses urbanos en el barrio y el aumento, sobre todo a raíz del tiroteo en el que murió una niña en 2013, de la presencia policial. Aunque, inexplicablemente, el barrio carece de una comisaría que tras años de retraso para seleccionar una parcela el Gobierno ha anunciado recientemente en una ubicación fuera de los límites del Polígono Sur que tiene a los vecinos en pie de guerra.
También ha habido grandes inversiones en la rehabilitación de viviendas y la reurbanización del viario que acabaron con importantes núcleos de chabolas de obra (hoy sólo queda un reducto de casitas bajas y periódicamente se derriban patios ilegales) y edificios convertidos en refugio para la venta y consumo de drogas (un problema que no obstante sigue presente y hace que según los vecinos el barrio lo controlen «los clanes»). Si bien la crisis paralizó grandes obras como las destinadas a soterrar la vía ferroviaria o a derribar el muro de Hytasa para acabar con barreras físicas que separan el Polígono Sur del resto de la ciudad.
Se pusieron en marcha servicios y planes de formación y empleo (tan inexplicable como la ausencia de una comisaría es que el barrio no haya contado nunca con una oficina del SAE o el INEM dentro) que, al depender de subvenciones de las distintas administraciones, han estado parados durante los años más duros de la crisis. Hasta la reapertura del año pasado del Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo (CODE), sólo el fuerte tejido de entidades que trabajan en la zona ha mantenido pequeñas actuaciones, según reconoce la coordinadora del SAE en el CODE, Carmen Díaz.
Con todo, en el Polígono Sur, administraciones públicas y entidades sociales tienen desplegada una amplia red de servicios y proyectos en la que, cada vez más, se busca la coordinación para evitar duplicidades y afrontar de forma integral la compleja problemática que rodea a los vecinos. Unos servicios en los que, si en algo coinciden los profesionales que trabajan en ellos, es en que no valen las recetas que esos mismos servicios usan en otros barrios. La proactividad para acercarse ellos a la población en vez de que ésta acuda a ellos, la atención individualizada sin rigideces de horarios y protocolos e incluso la forma de hablar para hacerse entender por usuarios sin formación ni habilidades sociales son claves.
El director de la unidad de gestión clínica de Salud Pública en el distrito Sevilla y asesor en materia de Salud del Comisionado, Miguel Picó, pone un ejemplo muy gráfico. Los centros de salud del barrio no pueden aplicar los horarios cerrados para extracciones o vacunaciones cuando atienden a una población que no tiene interiorizada la práctica de vacunar a sus hijos sino que hay que atraerlos a ello. «Vienen a la hora que sea y hay que ser flexibles, no puedes decirles que ya no los vacunas», relata Picó, quien lamenta también la alta rotación del personal sanitario en estos centros que requieren perfiles especialmente sensibles, por lo que aboga por incentivar estas plazas o crear puestos específicos a semejanza de los de los docentes de los colegios e institutos del barrio.
Igualmente, entre el personal del CODE, subraya Díaz, hay profesionales que salen a la calle y frecuentan actividades del barrio para detectar a gente que ni siquiera se registra como demandante de empleo. Y aunque en el centro no se hace esta inscripción (la oficina que corresponde a los vecinos es la de Huerta de la Salud) sí se ofrece ayuda y acompañamiento para realizar los trámites. En el Polígono Sur, el mero hecho de salir de los límites del barrio es una barrera psicológica para muchas personas, además de la falta de habilidades y la brecha digital para hacer un currículum o pedir cita por internet.
Para la líder vecinal Rosario García, sin embargo, uno de los fallos del plan es que «no hay evaluación externa» y se aplican una otra vez «medidas que no funcionan».