Parece que la crisis comienza a dar sus primeros respiros a las familias sevillanas que poco a poco pueden volver a hacer frente a pagos como la comunidad de propietarios. Al menos es lo que refleja ese leve descenso del 3 por ciento de la morosidad de las comunidades que, en cambio, se hace más acuciante en el caso de la deuda que las entidades bancarias mantenían con estas. En este caso, el descenso ha sido del 60 por ciento, lo que supone haber rebajado los 14 millones pendientes de abonar a seis millones de euros.
Así lo reflejan los datos ofrecidos por el Colegio de Administradores de Finca de Sevilla, cuyo presidente, Rafael del Olmo, ha destacado que este leve descenso de la deuda que los particulares tenían contraídas con las comunidades «se produce después de tres años de subida», lo que supone un estancamiento y deja el montante en 52 millones. Del Olmo, puso especialmente el foco en la reducción de la deuda de los bancos, quienes han logrado bajar la cuantía que tenían pendiente en ocho millones de euros en tan solo un año. «Con la crisis los bancos llegaron a asumir un importante paquete mobiliario, que hizo que no supieran ni lo que tenían», ha indicado, lo que hacía que en muchos casos no supieran ni por cuántos pisos tenían que pagar la comunidad.
Por ello, el trabajo de los administradores de fincas se centró «en una primera fase, para poner en conocimiento lo que tenían y lo estamos consiguiendo». Esto ha hecho que, «en algunos casos, se haya logrado reducir la morosidad al 100%». Asimismo, otra circunstancia habitual que se daba era que las promotoras de vivienda nueva dejaban de asumir el pago de la comunidad de las viviendas que tenían sin vender, lo que hacía «que el resto de propietarios, que a lo mejor solo representaban el 20 o el 30 por ciento, tuvieran que asumir subidas de la cuota de hasta el triple». «Esto lo hemos logrado reducir notablemente», ha asegurado.
Por su parte, el vicepresidente del Colegio también ha destacado que algunas modificaciones de la Ley de Propiedad Horizontal han ayudado a que se pueda cobrar más deuda, pues antes de la modificación «solo se podía reclamar la anualidad corriente y la anterior», mientras que ahora permite hacerlo de los últimos tres años. Igualmente, el hecho de que el Colegio haya instaurado con los notarios un sistema telemático para poder expedir el certificado de pago al corriente de la comunidad ha hecho «que el que vende se haya tenido que poner al día».
EL QUE LLEVA MÁS FINCA Y EL DE LA TORRE DE DUBAI
Sin embargo, esta problemática, y otras muchas de las comunidades, podrían tener a juicio de los administradores mejores soluciones. Por ello, Del Olmo ha anunciado que en el próximo congreso nacional, y primero internacional que se va a celebrar en Sevilla en junio, van a presentar un proyecto de Ley de Propiedad Horizontal con la esperanza de que el legislador lo tenga en cuenta.
Este cónclave será una importante cita para la ciudad, ya que reunirá a más de 800 administradores de finca de 26 países y traerá como conferenciantes tan importantes como el profesional que más fincas gestiona de todo el mundo. Se trata de un japonés que lleva a su cargo más de 4.500 edificios y Japón y 3.500 en China, lo que supone más de 420.000 propiedades. Además, en su empresa dispone de más de 1,2 millones de trabajadores y, como dato curioso, será la primera vez que salga de Japón. En el congreso también estará el administrador de la torre más alta del mundo, situada en Dubai. Aunque, también habrá lugar para una charla destinada a los presidentes de comunidades de Sevilla.
DECLARACIÓN A HACIENDA
Por último, tanto Del Olmo como Feria hicieron especial hincapié en el certificado 347 que desde hace dos años exige Hacienda a las comunidades, en el que tienen que declarar los trabajos realizados con proveedores por importe superior a los 3.005 euros. «El plazo termina el 29 de febrero y hay muchas comunidades que al no ser llevadas por un colegiado, desconocen que tienen que presentarlo y esto les puede traer muchos problemas», ha afirmado Del Olmo. El hecho de no hacer esta declaración puede conllevar multas desde 20 a 300 euros por cada proveedor hasta un máximo de 20.000 euros.
En este sentido, han recordado que el Colegio dispone de la Oficina de Atención a Comunidades para aquellas propiedades que no disponen de administrador y que así puedan resolver sus dudas. «En Colegio estamos muy sensibilizados con los problemas de la sociedad y es nuestra forma de dar servicio», además de otras iniciativas solidarias, como el Euro Solidario que sus colegiados ceden de su cuota para este tipo de causas.