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La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda está ubicada en la avenida de San Jerónimo. / Jesús Barrera
La Oficina Municipal por el Derecho a la Vivienda (OMDV), dependiente de Emvisesa, ha cumplido en 2017 su primer ejercicio completo de vida prestando asesoramiento legal y jurídico en esta materia a aquellas familias en una situación de especial vulnerabilidad. Desde su nacimiento, en mayo de 2016, la oficina ha tramitado 785 expedientes relacionados con la necesidad o con el riesgo de pérdida de un inmueble, aunque resulta significativo que la avalancha de casos que llegaron en su apertura se ha ido desinflando con el paso de los meses.
Así, mientras en el segundo semestre de 2016 se tramitaron 367 expedientes (de los que 206 quedaron pendientes de resolver), en la primera mitad de 2017 se abrieron 288 expedientes (y 238 seguían sin resolución) –lo que implica un descenso del 21,5 por ciento–, tendencia que se mantuvo en el segundo semestre del año pasado, cuando la oficina gestionó 130 nuevos casos, un 55 por ciento menos en comparación con el semestre anterior y un 64,5 por ciento inferior respecto a la segunda mitad de 2016.
«Durante los primeros seis meses de funcionamiento se abrieron casi la mitad de los expedientes, algo que achacamos a la necesidad imperiosa que existía de contar con un servicio como éste», explica el gerente de Emvisesa, Felipe Castro. Desde la OMDV, la previsión pasa por que la llegada de nuevos casos continúe ralentizándose hasta estabilizarse en unos 20 expedientes mensuales.
A cierre de 2017, la oficina mantiene abiertos y en trámite hasta alcanzar una solución un total de 225 expedientes (el 28,7 por ciento del total), mientras que los 560 restantes ya han sido cerrados, 71 de ellos tras la negociación de la oficina con los propietarios de las viviendas. Es aquí donde el gerente de Emvisesa pone el acento. «El mayor éxito sería buscar un punto de encuentro con el arrendador, la entidad financiera o el propietario de esos inmuebles», una situación que es muy difícil alcanzar –reconoce Castro– porque los casos que les llegan se encuentran demasiado «enquistados» y acumulan numerosos meses de impago. «A esas alturas nadie quiere negociar con el inquilino». Por eso lanza un llamamiento para que las familias que se encuentren ante serias dificultades de pago acudan al Ayuntamiento en sus primeras fases y no esperen hasta el último momento, cuando ya es prácticamente irreversible. Es lo que le ocurre a la mitad de las personas que recala en la oficina a pedir ayuda. «El 50 por ciento de los 785 expedientes, es decir, 399, estaban inmersos o habían llegado ya a un procedimiento judicial. Ahí están agotados todos los recursos».
En estos supuestos lo que se persigue es «prolongar el tiempo del procedimiento para conseguir una solución» antes de que éste finalice con la familia en la calle. Aquí reside el «éxito» de la OMDV: «ninguno de los 785 expedientes ha concluido con un desahucio sin que se haya ofrecido una alternativa habitacional a la familia afectada por parte de los Servicios Sociales municipales», precisa el gerente de Emvisesa.
De esos 399 casos sometidos a riesgo de desahucio, 119 se correspondieron con ocupaciones ilegales, 119 estuvieron motivados por ejecuciones hipotecarias y 101 fueron fruto del impago de rentas. «No se trata tanto de frenar el desahucio, que lo que resuelve es un problema momentáneo, como de encontrar una solución» a más largo plazo.
En muchas ocasiones el expediente se recibe en Emvisesa en una etapa «tardía» porque no se ha conseguido contactar con los afectados. «Mucha gente tenía miedo de coger las cartas o sentían vergüenza por la situación». En esa línea, Castro atribuye al desconocimiento de este servicio la avalancha de los primeros meses y explica que si se ataca pronto el problema se pueden conseguir soluciones como alquileres sociales o el cambio de viviendas gracias a la intermediación de esta oficina municipal.