La rentabilidad de las Setas cayó un 50% por el incumplimiento municipal

La sentencia que obliga al Ayuntamiento a pagar 36,5 millones de euros a Sacyr señala la «voluntad clara de no cumplir» y deja ver que Urbanismo no rebatió algunos puntos en su contra

23 abr 2015 / 11:00 h - Actualizado: 23 abr 2015 / 11:42 h.
"Urbanismo"
  • Vista panorámica desde el Metropol Parasol de la Encarnación, inaugurado antes de las elecciones municipales de 2011. / J. M. Espino
    Vista panorámica desde el Metropol Parasol de la Encarnación, inaugurado antes de las elecciones municipales de 2011. / J. M. Espino

La sentencia del juzgado Contencioso-Administrativo número 5 de Sevilla que obliga al Ayuntamiento a romper el contrato de explotación del Metropol Parasol, a indemnizar a Sacyr con 36,5 millones de euros, a pagar las costas del pleito y a hacerse cargo de la gestión de las Setas de la Encarnación indica que la administración tenía «voluntad clara de no cumplir» lo firmado –en alusión a la cesión del edificio de Encarnación 24–, que dichos incumplimientos hicieron que la rentabilidad del proyecto cayese a la mitad y deja ver que la Gerencia de Urbanismo no ha rebatido algunos argumentos de la constructora.

La jueza Isabel de Luque apunta en el fallo –cuyo recurso ante el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía estudia ya el Gobierno de Juan Ignacio Zoido– que la entidad de los incumplimientos de la administración se traduce en un importante impacto económico, conforme «a la prueba practicada por la recurrente y no rebatida de contrario», frase que aparece en el texto, al menos, en cuatro fundamentos de derecho.

De hecho, la Tasa Interna de Retorno (la rentabilidad o el promedio de los rendimientos futuros esperados de esa inversión) se fijó en el contrato en el 7,3 por ciento y «quedó reducida al 3,7 por ciento», lo que supone un 50 por ciento respecto a la acordado «sin contar la falta de entrega del inmueble de la Encarnación 24, lo que de por sí llevaría a considerar el incumplimiento de la administración como esencial por su transcendencia económica», apostilla el fallo al que tuvo acceso este periódico. Hay que recordar que el inmueble donde estaba la Delegación de Hacienda lo entregó el Consistorio con 31 meses de retraso.

Pero la jueza descarta en la sentencia que se hayan producido «meros retrasos o incumplimientos puntuales». «Debe calificarse de esencial y conducir necesariamente a la resolución del contrato», añade tras indicar que «ha quedado acreditado que las obras se habían ejecutado por orden y a satisfacción de la administración». Sin embargo, el Ayuntamiento anunció en enero su intención de reclamar una indemnización por el sobrecoste de las Setas al estudio del arquitecto Jürgen Mayer.



Tres meses para pagar

Lo cierto es que la sentencia hace suyos los argumentos de Sacyr y sólo rebaja en 2.280.903 euros su reclamación: de 38.826.820 a 36.545.917 euros. Incluso señala que si fuese necesario realizar una modificación presupuestaria, el Ayuntamiento tiene tres meses para realizarla y pagar, algo que se retrasará si finalmente llega el recurso municipal al TSJA antes de los 15 días fijados.

La sentencia, además, recalca que hubo «persistencia en el incumplimiento por parte de la administración que ni siquiera atendió a las fórmulas sustitutivas arbitradas por ella misma». Es el caso del alquiler por 60.000 euros mensuales que el Consistorio fijó –y que nunca pagó– porque tenía la idea de quedarse con el edificio de Encarnación 24 cinco años más, como dice el fallo.

Por todo, Sacyr habla de «voluntad rebelde de la administración al cumplimiento de sus obligaciones esenciales», mientras que el Gobierno de Zoido insiste en que están negociando y que las posiciones están «muy próximas para alcanzar una transacción» porque «no concurre causa de resolución del contrato, sino de reequilibrio económico». La constructora, en cambio, no lo comparte.

El expediente de reequilibrio lo abrió Urbanismo en febrero de 2013, si bien Sacyr lo solicitó en diciembre de 2011. En abril de 2012 comunicó su deseo de liquidar el contrato y en octubre de ese año presentó el recurso judicial por una lista de incumplimientos: lucro cesante (por lo que pide 20.661.750 euros), inversión no amortizada (13.275.852 euros), impago a la empresa por el acceso gratuito de los sevillanos al mirador (525.350 euros), intereses de la demora en el pago de certificaciones (597.823 euros), retrasos en alquileres no cobrados desde el inicio de la explotación en mayo de 2011 (1.403.382 euros) y gastos repercutidos a los placeros (68.306 euros).