Este viernes 24 de noviembre se cumplieron dos décadas de la aprobación del Real Decreto de Seguridad en la Construcción. Una normativa estatal que regula los parámetros preventivos en este ámbito laboral y cuyo impacto económico y social ha sido debatido por un amplio grupo de expertos y profesionales durante las jornadas organizadas por el Colegio de Aparejadores y Arquitectos Técnicos de Sevilla coincidiendo con el día exacto de su vigésimo aniversario.
El Real Decreto supuso la introducción de importantes novedades en las obligaciones adquiridas por las personas que participan en el proceso edificatorio. Entre ellas, la implantación de la figura del coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboración del proyecto y la ejecución de la obra y, por otro lado, la obligatoriedad de realizar un estudio de seguridad e higiene en los proyectos de edificación. Novedades que, según advirtió el presidente de los Aparejadores, Javier Gómez Ramallo, «marcaron un punto de inflexión» y representaron «el inicio de nueva etapa en la concepción de la seguridad y salud en la edificación».
En este sentido, insistió en que con la organización de estas jornadas se pretende aportar «un análisis novedoso de la seguridad y salud en el trabajo». Para ello, se celebraron dos mesas redondas de debate con presencia de profesionales y técnicos vinculados con la materia en cuestión, que repasaron las bondades del Real Decreto y también las mejoras que, a juicio de cada uno de los ponentes, se podrían realizar en el desarrollo de la norma.
La primera de las ponencias tuvo como marco las diferentes visiones de este Real Decreto con motivo de su 20 aniversario. La segunda, que sirvió como clausura para esta jornada, se centró en sus funciones y responsabilidades. El presidente del Grupo Morera & Vallejo, Antonio Morera Vallejo, fue uno de los participantes en el coloquio, que apeló a la importancia de la «prevención», no entendida como «un costo» sino como «una inversión». Así, destacó que «invertir en medios para evitar la lacra de los accidentes laborales es lo mejor que se puede hacer». Y lo hizo ofreciendo su visión como empresario del ámbito de los seguros, ya que «no puede haber progreso si no hay una cobertura detrás».
En la misma línea se manifestó José Luis Castro, jefe de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social en Sevilla, insistiendo en que «la prevención es una inversión en salud laboral». Recordó también que «cuando el empresario crea un puesto de trabajo crea un riesgo» al que se debe hacer frente «integrando la prevención, a través de la ley, en sus prácticas». Así lo refirió Pilar Rasillo, magistrada de lo Penal de la Audiencia de Madrid, que recordó las consecuencias legales que puede tener para el empresario la dejadez de esta responsabilidad. «Las sanciones son por omisión, pero no una omisión normal sino por no facilitar los medios para evitar una puesta en peligro del trabajador».
En el transcurso de la mesa de debate también se puso en duda la vigencia de la norma. Así, el abogado Manuel Antonio Martínez, de Decennium, se mostró «muy crítico» con el Real Decreto hasta el punto de indicar que debe hacerse «una profunda revisión» del Real Decreto, pues «establece una serie de normas que concretan muy poco». Por su parte, Francisco Olivero, secretario técnico del Colegio de Aparejadores, señaló que «el impacto económico y social ha sido absoluto», destacando la necesidad de «invertir en formación y concienciación».