Desde hace meses la seguridad es un tema estrella en Sevilla. Torreblanca comenzó la senda de barrios que, de forma reiterada, ha exigido al Gobierno de Juan Espadas (PSOE) mayor presencia policial en sus calles. Los vecinos dicen sentirse inseguros y denuncian robos y altercados.
Durante este tiempo, hemos sido testigo de manifestaciones, recogidas de firmas y demás acciones que han pretendido presionar y condicionar la acción del equipo de Espadas en este sentido. Sin embargo, poco puede hacer el alcalde.
Lo cierto es que, pese a la creencia popular, la seguridad de una ciudad depende del Estado. Y es que, realmente, las competencias de la policía local son limitadas.
Los Ayuntamientos siguen siendo el mayor exponente de cercanía que existe. Reacción natural del vecino ante un problema es la de tocar a las puertas de la casa grande. Así, los gobiernos municipales siguen siendo ese buzón al que llegan, en primera instancia, las demandas ciudadanas. La seguridad no iba a ser una excepción, aunque la situación actual –que se repite en muchísimas otras ciudades– responde a la política que llega desde la Moncloa. En muchas ocasiones, los gobiernos municipales están atadaos de pies y manos ante las exigencias de Madrid.
Ante esta situación, hay municipios sevillanos los que han tomado la delantera. En concreto, La Rinconada, que hace unos meses aprobó en sesión plenaria una moción por la que se pide al Gobierno de España un mayor compromiso, más recursos económicos y la inmediata convocatoria de las casi 21.000 plazas vacantes en las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Esta moción –aprobada posteriormente por la Diputación de Sevilla– fue apoyada por todos los grupos políticos con representación en el consistorio rinconero, donde no está presente el PP.
La realidad es que en nuestro país faltan 21.000 policías nacionales y guardia civiles que ilustran una preocupante falta de recursos, y más si se tiene en cuenta la situación de alerta en la que está nuestro país. Así, en los últimos años se ha ido produciendo un adelgazamiento de la seguridad pública que ha desembocado en una situación poco sostenible que los vecinos palpan en sus barrios ante la ausencia de efectivos. Una ausencia que no se puede mitigar con la Policía Local, que ya trabaja por encima de sus posibilidades.
Es muy probable que Sevilla siga reclamando seguridad. Está en su derecho. No obstante, también sería justo para la política municipal que todos fuéramos conscientes de que este no es un tema que siempre se pueda achacar al gobierno municipal, principal interesado en la cobertura de las plazas vacantes. Con esto también se ve que la crisis la ha terminado pagando el vecino de a pie, el mismo que reclama seguridad.