La vivienda pública está de vuelta

El primer año completo del gobierno de Juan Espadas al frente de la gestión de Emvisesa –el pasado 2015 solo lo hizo durante poco más de un semestre– ha supuesto la confirmación del «cambio de tendencia» en su funcionamiento diario. O más bien, la consolidación de un plan de vivienda pública que la inactividad de la administración local durante los cuatro años que duró el mandato del popular Juan Ignacio Zoido habían puesto en duda. Pero frente a las voces críticas que cuestionaban la utilidad de esta empresa municipal –que las ha habido y en algunos casos bastante ruidosas–, sus responsables han querido hacer un balance positivo del estado actual, señalando que en este 2016 han sido capaces de recuperar el «papel protagonista» en cuanto al desarrollo de una política de vivienda social que ha hecho frente a las necesidades de los sevillanos en este ámbito.

Cierto es que a simple vista tampoco se han observado grandes cambios en la gestión más allá de esta declaración de intenciones por parte del Ayuntamiento, pero la realidad es que se han sentado las bases de una política que ahora debe reafirmarse con la ejecución de medidas más concretas. Por el camino de este 2016 han quedado el inicio de algunas de ellas como la colaboración con políticas de empleo, la redacción de un protocolo de convivencia entre usuarios, la recuperación de locales y viviendas que estaban sin uso o la puesta a punto de zonas comunes, entre otras. Junto a ello, también ha sido el año de la apertura definitiva de la Oficina Municipal de la Vivienda que, a pesar de los esfuerzos del gobierno municipal, ha sido objeto de las críticas de la oposición –sobre todo IU y Participa Sevilla– que han denunciado la poca dotación de personal para tramitar los casos de emergencia habitacional y la falta de resultados en su gestión.

Sin embargo, desde Emvisesa se hace un balance muy diferente de estos primeros meses de funcionamiento de la oficina. Los datos que maneja el Ayuntamiento aseguran que en su sede del barrio de San Jerónimo se han gestionado 350 expedientes de los que 104 –casi un tercio de ellos– ya se encuentran cerrados. Además, señalan su utilidad como «mediadora e intermediaria» en los casos de una posible pérdida de la vivienda o la puesta en marcha de un servicio de mediación en comunidades vecinales para la resolución de conflictos a través del diálogo y la experiencia.

Más allá de todos estos aspectos, una de las principales novedades del «impulso» municipal a Emvisesa ha venido de la mano de la realización de un censo de inmuebles que ha permitido poner a disposición de los ciudadanos todo el parque de viviendas que estaban vacías. De hecho, se han traspasado algunas de ellas de venta a alquiler, con un coste superior a 1,5 millones de euros, dada la demanda existente en este sentido. Todo ello ha permitido que se celebren por primera vez sorteos de adjudicación de decenas de pisos en régimen de alquiler con opción a compra. Una apuesta a la que, según señaló el propio Ayuntamiento, se ha sumado el impulso dado al registro de demandantes de vivienda, «más ágil y cercano», que ha elevado «en más de un 10 por ciento el número de inscritos y tramita unas 4.000 actuaciones al mes».

En cuanto al papel social puesto en práctica por Emvisesa, la memoria anual de la empresa municipal recoge la bonificación del 95 por ciento del IBI a todos los inquilinos de VPO, tanto en régimen de alquiler como en opción a compra –con un coste de 600.000 euros–, y que ha supuesto un beneficio para 2.663 hogares, que tendrán una reducción media de 220 euros al año. Junto a ello se ha aplicado la renta social a 245 familias, así como descuentos a los inquilinos de la promoción del Albérchigo en el barrio de Torreblanca y la entrega de casi un centenar de viviendas a unidades familiares que se encontraban en situación de exclusión social. Además, se han tramitado 508 solicitudes de ayuda al alquiler para personas con vulnerabilidad o que disponían de ingresos limitados.

Un apoyo a estos sectores con algún tipo de necesidad que desde finales del pasado año se centró también en los desempleados. Así, se iniciaron en el mes de diciembre unas obras de adecuación y mantenimiento de aquellas viviendas públicas que presentaban un peor estado de conservación. Unos trabajos en los que por primera vez se incluían cláusulas sociales, permitiendo la contratación de hasta 35 parados de larga duración, vecinos de las zonas donde se ubicaban estos inmuebles. Así, se ha invertido casi medio millón de euros en la adecuación interior de 13 pisos que presentaban diversas patologías o que necesitaban adecuar sus instalaciones a la normativa actual. «El proyecto no es grandilocuente pero expresa bien la filosofía de las medidas que pretende adoptar el gobierno local», aseguró entonces el delegado municipal de Bienestar Social y Empleo, Juan Manuel Flores.

Aunque sin duda, el horizonte de Emvisesa de cara a los próximos años se centra en poder recuperar la identidad con la que nació hace ya varias décadas. Los responsables de la empresa municipal miran al futuro con el objetivo de reiniciar el modelo de construcción de viviendas después de varios años en el dique seco. Entre otras cosas porque aún hay casi 13.000 sevillanos a la espera de una oportunidad para lograr un piso protegido. De hecho, el presupuesto municipal para este 2017 incluye entre sus gastos previstos «iniciar la promoción de 248 nuevas viviendas con algún tipo de régimen de protección», tal y como se recoge en la memoria de las cuentas locales. En concreto, se destinará para ello parte de los 38,3 millones de los que dispone Emvisesa en este 2017, una cifra algo superior a la del pasado año, y que, además, incluye en el capítulo de inversiones una partida de 447.210 euros.

Como adelanto a esta estrategia, Emvisesa sorteó el pasado mes de marzo 60 viviendas de alquiler con opción a compra en Pino Montano y Polígono Aeropuerto, donde estaba la mayor parte de la promoción, para el que se contabilizaron 2.862 solicitudes. Una cifra que, según el Ayuntamiento, constituye la más elevada de las últimas adjudicaciones realizadas. A todo ello se sumó el convenio firmado con la Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) para la cesión de forma temporal de 15 viviendas que se destinarán a fines sociales, para familias en riesgo de exclusión social. La Sareb se haría cargo de los gastos de los seguros, comunidad y reparaciones, mientras que el Consistorio asumiría la adecuación de los pisos para su uso, el mantenimiento ordinario y el pago del IBI. Un acuerdo con cuatro años de vigencia.

El parque disponible

Más allá de los planes de futuro que maneja la gerencia de la empresa y que se centran en la reactivación del ladrillo, Emvisesa dispone en cartera de un parque de 97 viviendas disponibles, según el último censo realizado a 30 de septiembre del pasado año. De ellas, 44 son en régimen de venta o alquiler con opción a compra. En concreto, 14 se encuentran en el barrio de Pino Montano, repartidas en diversas promociones, y el resto (30) se ubican en el Polígono Aeropuerto.

Donde aún hay más diversidad es en los inmuebles en alquiler. Los datos cifran en 53 el número de viviendas libres en este régimen, de las que 48 estaban por entonces en fase de adjudicación. Solo cinco se encontraban libres: dos en Pino Montano, dos en el Polígono Aeropuerto y una más en la calle Albérchigo en Torreblanca que debía adjudicar el Ayuntamiento a través de Bienestar Social.

Además, para dibujar este escenario global de Emvisesa debe tenerse en cuenta que hay registrados 34 pisos que están ocupados de forma ilegal, la mayoría de ellos (17) en Torreblanca. También se tienen contabilizadas en Polígono Aeropuerto (11), Albérchigo (2), Nervión-Porvenir (1), Torrelaguna (1), San Jerónimo (1) y Los Carteros (1).