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El alcalde, Juan Espadas, junto al delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz, que ayer concentró varios de los debates más encendidos del pleno. / Manuel Gómez
Buena voluntad por parte de los promotores. Eso es lo único que legalmente paralizaría la puesta en marcha del proyecto de las Atarazanas pese a la aprobación ayer de una moción, a instancias de PP y Ciudadanos, que obliga al gobierno municipal a sentarse con la Junta de Andalucía y La Caixa para acordar con ellos «la suspensión de las actuaciones» hasta que «se articule la participación de los ciudadanos».
Y es que la propuesta aprobada por el pleno de ayer no revoca la licencia de obras que obtuvo el pasado mes de diciembre, que era la idea inicial de los populares y que no se llegó a presentar en esos términos después de que el secretario general informase negativamente ya que no se ajustaba a derecho. La cuestión es que la concesión de las licencias urbanísticas no responde a criterios políticos sino a la adecuación de los proyectos a las normas urbanísticas y patrimoniales. Y el de Vázquez Consuegra cumple con todas ellas y «no dársela habría sido incurrir en prevaricación», indicó el delegado de Hábitat Urbano, Antonio Muñoz.
Esto, por lo tanto, significa que las obras pueden comenzar cuando los promotores lo consideren oportuno pues más que un contratiempo legal se trata de una encrucijada política que puede dejar en el aire la ejecución de los 10 millones de euros que La Caixa pensaba invertir en la rehabilitación de este edificio patrimonial que lleva clausurado desde 2009. Y no es la primera vez que la entidad bancaria da marcha atrás, pues ya se llevó de este espacio el proyecto del Caixafórum para desarrollarlo en la Torre Pelli por los continuos retrasos aunque en ese caso por las licencias de obra.
Ante este panorama, el gobierno municipal trató sin éxito de salvar los muebles y evitar que saliera adelante esta medida. Pero como todo llega, en el pleno de ayer quedó en evidencia que el PSOE gobierna en minoría. Por primera vez sus socios de investidura (IU y Participa Sevilla) se alinearon con PP y Ciudadanos dejando solos a los socialistas, que ahora tendrán que acatar la medida.
Más que agrio fue el debate a cuenta de la propuesta que presentó la exdelegada de Cultura en la era Zoido, María del Mar Sánchez Estrella quien, tras realizar una cronología de las fases por las que ha pasado el edificio en los últimos años, argumentó que es un proyecto desconocido por los ciudadanos y que genera muchas dudas. «¿Es este el proyecto que necesita el edificio?, ¿tiene el mejor presupuesto?, ¿la Junta se va a comprometer de verdad con Sevilla?», se preguntó.
El portavoz de Ciudadanos, Javier Millán, presumió de que fueron los primeros «en poner en el tapete de la política municipal el debate ciudadano de las Atarazanas» y reiteró la necesidad del conocimiento por parte de la ciudadanía. Por eso defendió la necesidad de un periodo de exposición pública, término que también se aprobó en la moción, así como un pleno extraordinario para debatir «cuál es la mejor solución» para este Bien de Interés Cultural que data del siglo XIII.
La gestión, «la privatización», es el problema que apreciaba el portavoz de IU, Daniel González Rojas, en la puesta en marcha del proyecto. Y aunque coincidió en la necesidad de que exista participación ciudadana, pidió que el asunto no se convirtiera, «como es intención de algunos grupos», en un «arma arrojadiza contra la Junta». Por su parte, Susana Serrano, de Participa Sevilla, coincidió en el tema de la participación para explicar su voto y aseguró que es una cuestión de responsabilidad sobre el patrimonio pues el proyecto «haría modificaciones irreversibles».
Muñoz por su parte reiteró la legalidad de la licencia y la imposibilidad de dar marcha atrás en esta decisión. Además, tildó la intervención del PP de «escandalosa y oportunista» y recordó que fue con Zoido en la Alcaldía cuando se dio el primer informe del proyecto. Y enumeró varios proyectos aprobados por los populares que no contaron con el conocimiento de la ciudadanía, como Altadis o la estación de Cádiz. «Resulta curioso oírlo hablar de pedir informes y de participación porque ustedes también tendrán algo que ver. Lo que les interesa es hacer ruido y pelearse con la Junta», concluyó.